El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la exigencia de perfiles lingüísticos de euskera en la función pública vasca. La decisión, adoptada el 23 de junio y no divulgada hasta este miércoles, según ha adelantado el diario ‘Gara’ y ha podido confirmar Moncloa.com, cierra una vía judicial que cuestionaba el modelo de normalización del euskera en la administración.
El inciso recurrido, incluido en la Ley 11/2022 de empleo público vasco, establecía que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin”. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV elevó la cuestión al considerar que dicha exigencia generalizada podía vulnerar los principios de mérito y capacidad, al requerir el euskera incluso en puestos sin función comunicativa real en esa lengua.
No obstante, la situación normativa ha cambiado en las últimas semanas. El Parlamento Vasco aprobó a mediados de junio una reforma de la misma ley, impulsada por el PNV y que salió adelante con la abstención de EH Bildu, pese al voto en contra del PSE-EE, socio del Gobierno autonómico. La modificación suprimió los índices generales de plazas perfiladas y otorgó a cada administración convocante la potestad de fijar los criterios de asignación de los perfiles lingüísticos.
La reforma que aporta seguridad jurídica
La nueva redacción establece tres criterios para determinar los perfiles: la realidad sociolingüística, la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, y la planificación y objetivos de normalización de cada institución. Según fuentes del Gobierno vasco, estos parámetros se inspiran en la doctrina y jurisprudencia previas y ofrecen “mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía”. La reforma entró en vigor pocos días antes de que el Constitucional dictara su auto.
La inadmisión del recurso, aunque se refiere a la norma de 2022, refuerza un modelo lingüístico que el Ejecutivo vasco califica de amplio consenso, mientras PP y Vox anuncian nuevos recursos contra la ley reformada.
El PP ya ha manifestado su intención de recurrir la ley vigente ante el mismo tribunal, y Vox también se opone. Ambos partidos consideran que la exigencia del euskera puede vulnerar la igualdad de acceso a la función pública. La abstención de EH Bildu, por su parte, permitió desbloquear la reforma sin el apoyo del PSE-EE, evidenciando las diferentes sensibilidades dentro del arco parlamentario vasco.
Reacciones políticas al auto
Fuentes del Gobierno vasco han calificado la decisión del Constitucional como “una noticia positiva” y han subrayado que “viene a respaldar el modelo que las Administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos”. El Ejecutivo de Imanol Pradales destaca que la inadmisión salvaguarda el sistema “al margen de los recursos presentados por el PP y Vox” y que la reforma recién aprobada dota de “mayor seguridad jurídica” a las convocatorias.
Por su parte EH Bildu también celebra el auto como “una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad efectiva del euskara”. El parlamentario Josu Aztiria afirmó que “la ofensiva contra el euskara no ha cesado”, pero que su formación seguirá trabajando para dotar a la lengua de “un nuevo estatus”. La coalición abertzale mantiene el objetivo de que el euskera sea requisito generalizado en la función pública.
El auto del Constitucional no se pronuncia sobre la nueva redacción de la ley, por lo que los eventuales recursos del PP y Vox contra el texto vigente deberán ser admitidos en el futuro. La decisión actual, en todo caso, refuerza la posición del Gobierno vasco y del Parlamento Vasco en su apuesta por la normalización lingüística.
