Juanma Moreno explora la entrada de Vox en el Gobierno andaluz como vía para sortear la firma de la denominada «prioridad nacional», una exigencia de la dirección de Santiago Abascal que forzaría al futuro Ejecutivo autonómico a asumir un programa de máximos condicionado desde Madrid. Según ha podido saber Moncloa.com de fuentes conocedoras de la negociación, el presidente andaluz valora ceder varias carteras a la formación de Abascal a cambio de evitar un documento que blindaría compromisos de alcance estatal —desde inmigración hasta política lingüística— y limitaría el margen del Gobierno de la Junta.
La negociación que tensa al PP andaluz
El origen de la encrucijada está en la mayoría simple que sostendrá la nueva legislatura: el PP-A necesitó los votos de Vox para la investidura de Moreno y ahora debe articular un acuerdo de gobernabilidad. La exigencia de Abascal, lanzada apenas unos días después del cierre del pacto presupuestario en otras cámaras autonómicas, consiste en suscribir una «prioridad nacional» que sometería cualquier iniciativa del Gobierno andaluz a un previo dictamen de la dirección federal del partido en Madrid. Moreno, según las mismas fuentes, interpreta que tal firma equivaldría a ceder su autonomía de acción y la de su equipo.
Por eso ha puesto sobre la mesa una fórmula inédita en Andalucía: la incorporación de consejeros de Vox al gabinete. De esta manera, el partido de Abascal pasaría de ser un mero apoyo externo a formar parte de la estructura ejecutiva, lo que diluiría la necesidad de un documento programático de calado nacional. «Moreno busca evitar que le fiscalicen en Madrid; prefiere una convivencia directa en San Telmo, donde mantendrá la última palabra», resume un alto cargo popular consultado.
Qué implica la «prioridad nacional» para el futuro del Ejecutivo
El concepto no es nuevo, pero sí el momento. La «prioridad nacional» recuerda las exigencias que la entonces Confluencia de la Izquierda planteó a los Ejecutivos autonómicos en 2020; la diferencia es que Vox reclama ahora lealtad a un programa que trasciende las competencias territoriales: desde la política migratoria hasta la defensa de la unidad de España pasando por una revisión de las políticas de género y educación. Si Moreno la firmara, quedaría obligado a consultar a Bambú antes de presentar leyes de calado y a alinear sus discursos con la estrategia nacional del partido de Abascal.
Fuentes de la negociación confirmaron a esta redacción que Moreno ha llegado a calificar la exigencia de «inaceptable» en conversaciones con sus colaboradores más próximos. Precisamente por ello, la opción de integrar a Vox en el Consejo de Gobierno —con carteras de medio pelo, según las cábalas que circulan— gana enteros. «Es una forma de compartir mesa y mantel sin entregar la carta del restaurante», ironiza un diputado autonómico del PP.
El modelo tiene precedentes en Castilla y León —donde Alfonso Fernández Mañueco sí aceptó un pacto de legislatura— y, más a la contra, en la Comunidad Valenciana, aunque allí la relación se ha sostenido sin «prioridad nacional» porque Carlos Mazón apostó desde el primer día por un acuerdo programático de ámbito estrictamente autonómico. Moreno parece decidido a repetir ese patrón valenciano, pero elevando el precio: sentar a Vox en el Consejo de Gobierno andaluz a cambio de enterrar el documento de obediencia nacional.
El Eje del Poder Popular
Lo que se juega estos días en la Junta de Andalucía va más allá de un reparto de sillones: toca la fibra del equilibrio interno del Partido Popular. La dirección nacional en Génova observa con prudencia. De manera oficial, Alberto Núñez Feijóo no ha entrado en el debate, pero fuentes de la cúpula popular consultadas por este medio dejan claro que el presidente nacional comparte el fondo del pulso: «Moreno defiende la autonomía de un gobierno que representa a más de siete millones de andaluces y que debe funcionar con criterios territoriales y no con un guión dictado desde fuera». Dicho respaldo, sin embargo, tiene un matiz táctico: Feijóo no quiere que Vox le complique la alternativa de gobierno que construye a escala nacional, pero tampoco desea que el PP andaluz aparezca como el primer socio estable de la formación de Abascal en un gobierno autonómico de gran peso. La cuadratura del círculo es compleja.
En el grupo parlamentario popular se sigue el envite con discreción y cierta inquietud. La portavocía nacional sabe que cualquier ruido en Andalucía repercutirá en las elecciones generales, y que Vox puede usar la negociación para exhibirse como partido con vocación de gobierno, algo que le ha costado en todas las comunidades salvo en Castilla y León. Pero miramos los datos: Moreno es el presidente más valorado del partido, y su proyecto de «revolución fiscal» ha generado más de 300.000 nuevos contribuyentes y un crecimiento del PIB andaluz por encima de la media nacional durante el último año. Toda tentación de imponerle una línea desde fuera se mide en votos, no solo en escaños.
El precedente de los gobiernos autonómicos conjuntos es dispar. En Castilla y León, Mañueco logró estabilidad a cambio de ceder varias consejerías y de asumir, aunque con sordina, parte del ideario de Vox en materias como violencia de género o memoria histórica. Andalucía es distinta: la sociedad andaluza rechaza en elecciones, uno tras otro, los extremos, y Moreno lo sabe. Por eso su táctica no pasa por emular a Mañueco, sino por superarlo: dar entrada al gobierno pero sin firmar una declaración que le ate en temas clave como el recorte de impuestos —ya en marcha— o la defensa de la educación concertada sin estridencias ideológicas.
Sin embargo, en el flanco territorial, algunos barones populares ven con recelo que el PP andaluz entregue consejerías a Vox. La lectura es doble: por un lado, se teme un efecto contagio que obligue a otros gobiernos autonómicos del PP a hacer lo mismo; por otro, desliza una preocupación silenciosa que alimenta los corrillos de Génova: si Vox entra en la Junta, el mensaje de «frente amplio» que el PP está construyendo ante el Gobierno de coalición podría quedar empañado. No obstante, como subraya un veterano diputado andaluz, «Moreno tiene el mandato de las urnas y el aval de una gestión que convence; si para seguir sin hipotecas de Moncloa tiene que compartir gobierno, lo hará».
La incorporación de Vox a la Junta es, en realidad, una jugada defensiva para preservar la agenda fiscal andaluza sin ataduras ideológicas desde Madrid.
El próximo hito, en cualquier caso, se cifra en los próximos diez días: el Comité Ejecutivo del PP-A debe aprobar la estrategia de gobierno y, acto seguido, Moreno designará oficialmente a su nuevo gabinete. Hasta entonces, la incógnita permanece abierta y la presión de Vox —que necesita una victoria simbólica tras varios reveses electorales— no cesa. La dirección de Abascal ha hecho saber a través de canales no oficiales que preferiría la firma de la «prioridad nacional» incluso por encima de las consejerías, pero que no descarta ninguna de las dos vías. La pelota sigue en el tejado de San Telmo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La defensa de la autonomía territorial del PP y la buena gestión fiscal de los gobiernos autonómicos populares.
- Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: El anuncio oficial del nuevo Ejecutivo andaluz, previsto en los próximos días, que definirá si Vox entra en el Consejo de Gobierno.
