El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha marcado como una prioridad aprobar una modificación legislativa «lo antes posible» para sancionar administrativamente los ‘ongi etorri’ o actos de bienvenida a los presos de ETA. Sin embargo, ha rechazado una reforma del Estatuto de la víctima para que puedan recurrir decisiones como la concesión del tercer grado o los permisos penitenciarios.
En una entrevista en RNE, Grande-Marlaska ha valorado positivamente la inauguración este martes del Centro Memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria, con la presencia del Rey y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según lo previsto en la ley 29/2011 y en previsión del «papel importante» que tienen las víctimas dentro del Estado de derecho para «no olvidar lo vivido y difundir los valores democráticos».
Como ya hiciera en el Senado en febrero, Grande-Marlaska ha defendido la necesidad de legislar contra los ‘ongi etorri’ a etarras excarcelados. «Si dentro de los márgenes del Estado de derecho, del derecho penal, esas conductas se entiende que no son susceptibles de constituir un delito de enaltecimiento, nosotros estamos trabajando, y ya tenemos un borrador avanzado, para que se constituya en una infracción de carácter administrativo con la sanción correspondiente», ha sostenido.
«Hay actos públicos que denotan ausencia de sensibilidad, una ausencia de valores democráticos», ha continuado el titular del Interior, que quiere impulsar un régimen sancionador mediante una reforma de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, una reformar que quiere tramitar «con las propias asociaciones de víctimas» al ser «uno de los objetivos prioritarios» del Ministerio del Interior.
Sin embargo, el ministro del Interior ha señalado que no contempla una modificación del Estatuto de la víctima para que puedan intervenir en la ejecución de penas, los terceros grado o los permisos de salida de los presos. «Tenemos ya el Estatuto de víctimas del terrorismo del año 2015, donde prevé la posibilidad de intervención de las víctimas recurriendo concretas resoluciones en materia de ejecución», ha añadido en alusión a la libertad condicional.
Grande-Marlaska ha defendido la labor de los «altísimos profesionales» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales en lo que se refiere a esclarecer los más de 300 crímenes de ETA sin resolver.
También ha alabado la colaboración con las autoridades vascas en la lucha contra el terrorismo, citando el Pacto de Ajuria Enea como referente. En este sentido, ha insistido en que «no hay que tener ninguna inquietud» por la transferencia de prisiones al País Vasco, ya que la política penitenciaria seguirá siendo estatal y es una decisión prevista en el Estatuto de esta comunidad autónoma.
