La financiación autonómica deja a Canarias en una posición inédita: única comunidad, junto a Cataluña, que respalda al Ministerio de Hacienda en la reforma del sistema.
El 27 de julio que no contagió a nadie
La vía abierta por el Ministerio de Hacienda en julio buscaba acuerdos bilaterales con ajustes individuales para sumar apoyos a la reforma de la financiación autonómica —el mecanismo que reparte los recursos fiscales del Estado entre las comunidades según población, superficie y coste de de los servicios—. Solo Canarias se subió a ese carro. El acuerdo se cerró el 27 de julio entre el ministro Arcadi España y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro en las islas al que también acudió Ángel Víctor Torres.
Clavijo creyó que aquel pacto iba a marcar el rumbo de otras regiones necesitadas de mejoras. No ha sido así. Coalición Canaria gobierna con el apoyo del PP, que ostenta la vicepresidencia autonómica, y el acuerdo rompía de facto la estrategia marcada por los populares a nivel nacional. La lectura es otra: ninguna otra región siguió el ejemplo.
El resto de las comunidades, incluidos varios gobiernos socialistas, han rehusado la invitación, tal y como recogió la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe publicado el lunes. La propuesta solo contará, en la práctica, con el apoyo explícito de Canarias y de Cataluña, la región más favorecida por el nuevo modelo.
Qué dice Fedea: luces, sombras y dos mecanismos «discutibles»
El análisis firmado por Ángel de la Fuente, director de Fedea, apunta que la nueva propuesta del Gobierno apenas altera la inicial y no modifica el fuerte trasvase de recursos del Estado a las comunidades. Eso derivará, según el propio informe, en un agravamiento de los problemas de riesgo moral de las regiones y en una mayor precariedad de las arcas estatales. Incluye además dos mecanismos «más que discutibles» que favorecen fundamentalmente a Cataluña.
El informe subraya las cláusulas de statu quo —los ajustes en población ajustada, recaudación normativa, entregas a cuenta y liquidaciones que garantizan que ninguna región pierda recursos absolutos—. «Si nadie puede perder posiciones en términos relativos, nadie puede ganarlas tampoco», advierte Fedea, y eso hace muy difícil avanzar por razones de equidad. Su propuesta es revisar esas compensaciones y reducirlas hasta desaparecer si el crecimiento de los recursos ordinarios lo permite.
Canarias ha apostado por sentarse con el Estado cuando casi nadie quería hacerlo, pero la soledad no siempre equivale a influencia.
El Pulso Territorial
La soledad de Canarias no es casual. El archipiélago arrastra desde hace décadas un régimen fiscal diferenciado —el REF, Régimen Económico y Fiscal— que reconoce su lejanía y los sobrecostes de la insularidad. Fernando Clavijo ha buscado en el Ministerio de Hacienda una mejora que otros territorios no han querido siquiera negociar. El resultado político es una fractura visible en la coalición canaria, que respalda el pacto regional pero rechaza en bloque la reforma desde Madrid.
La cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera —el CPFF, el órgano que reúne al Estado y a las comunidades para coordinar la política fiscal— queda fijada para el próximo 4 de septiembre. Allí la propuesta solo sumará, previsiblemente, el sí de Canarias y de Cataluña. Después tocará el Congreso de los Diputados, donde PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. La meta del Gobierno de que el sistema empiece a aplicarse el 1 de enero de 2027 pierde fuerza cada semana. En el resto de comunidades, incluidos varios ejecutivos socialistas, el rechazo a negociar en solitario ha pesado más que la necesidad de mejoras inmediatas.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias se queda como la única comunidad no catalana que respalda la propuesta estatal de reforma de la financiación autonómica tras el acuerdo bilateral firmado el 27 de julio.
- Datos importantes: Acuerdo con el ministro Arcadi España; informe de Fedea firmado por Ángel de la Fuente; CPFF convocado el 4 de septiembre; objetivo del Gobierno: aplicar el sistema el 1 de enero de 2027; rechazo anunciado de PP, Vox y Junts en el Congreso.
- Resumen: La reforma sigue viva sobre el papel, pero sin consenso territorial ni parlamentario. Canarias ha elegido negociar; el resto, esperar.
