Más de 700 funcionarios de las distintas administraciones públicas españolas optan cada año por salir del país para realizar una experiencia como cooperantes en el exterior en el marco de la llamada cooperación técnica pública, según los datos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
En general, según explica este organismo de la cooperación española encargado de la movilización de personas de nuestras administraciones públicas al exterior, realizan normalmente actividades de intercambio de experiencias con sus administraciones homólogas en el marco de proyectos de acompañamiento de reformas de políticas públicas. Según la FIIAPP, se trata de un tipo de cooperación «en alza».
«No hay un perfil único, se movilizan tanto hombres como mujeres, de entre 30 y 60 años, siempre con una inquietud internacional», ha explicado en un comunicado Sara Ruiz, del departamento de Recursos Humanos de la FIIAPP. «A nivel de competencias, los idiomas son muy importantes, pero, sobre todo, es necesaria la capacidad de escucha, de adaptarse a otros entornos y culturas y el respeto absoluto por la diversidad», ha añadido.
CUERPOS DE SEGURIDAD, JUECES Y FISCALES, LOS QUE MÁS SE MOVILIZAN
Entre los sectores públicos más movilizados con la cooperación internacional están los profesionales de Policía y Guardia Civil, que contribuyen al entrenamiento y la elaboración de planes de seguridad en algunos de los puntos calientes del planeta, como el Sahel, o jueces y fiscales, que contribuyen a diseñar estrategias y protocolos para, por ejemplo, la cooperación judicial contra el crimen organizado o contra delitos internacionales.
«Pero necesitamos que otras administraciones públicas, centrales y descentralizadas, apuesten también por la cooperación internacional y compartan esta visión de la acción exterior española, alentando y facilitando la movilidad de sus profesionales», ha advertido la secretaria general de la FIIAPP, Inma Zamora.
En su opinión, «ser cooperante va más allá de la irrenunciable ayuda humanitaria o la atención a situaciones de emergencia y vulnerabilidad para mejorar la vida de algunas personas o grupos».
«Si se mejoran los sistemas públicos, se puede mejorar la vida de todos los ciudadanos de un país; con ese espíritu, cada vez son más los profesionales que, desde nuestras instituciones públicas quieren cooperar para fortalecer las de otros países», ha explicado.
Juan Carlos da Silva, juez a cargo de un proyecto de formación de jueces y fiscales en Turquía, tiene claro que «para ser cooperante hay que estar dispuesto a salir de tu zona de confort y querer aportar algo al mundo».
Según este magistrado, quienes quieran ser cooperantes públicos deben de tener algo que poder aportar a otro país, apertura mental, flexibilidad y capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas, humildad, «porque los resultados son de muchos y suelen verse en el medio y largo plazo», y entusiasmo «por lo que estás haciendo por otro país, por lo que traes de vuelta al tuyo y por lo que esta experiencia reportará a tu desarrollo profesional».
ORGULLO POR LOS ÉXITOS OBTENIDOS
Por su parte, Daniel Torres, policía nacional y experto en análisis de Inteligencia, está trabajando con la Policía Nacional de Níger para combatir la trata de personas y reconoce que es un «orgullo» formar parte del equipo que trabaja en ello. «El conocimiento técnico que estamos intercambiando ha permitido liberar a numerosas mujeres, incluidas menores, que se encontraban ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas», explica.
También la fiscal María Luisa García, que trata de aunar esfuerzos de las fiscalías de Albania y estados miembros de la UE en la lucha contra el crimen organizado, pone en valor lo que a nivel personal supone participar en proyectos de este tipo.
«Supone un continuo aprendizaje tanto en lo personal como en lo profesional y una continua superación de nuevos obstáculos» además de conllevar «una mayor amplitud de miras» y de permitir conocer otros sistemas y «aprender que no existe una única forma de conseguir un objetivo». «Esto permite analizar esas diferencias y traer de vuelta a la función pública en España todo aquello diferente que puede permitir una mejora de nuestro propio sistema», resalta.
La FIIAPP trabaja en 122 países –principalmente en América Latina, Sahel, Mediterráneo y Asia Central– con un equipo de 320 personas en proyectos orientados al cumplimiento de la Agenda 2030 en torno a ocho áreas temáticas: políticas sociales y derechos, economía verde, seguridad y lucha contra el crimen organizado, políticas de fomento y comunicaciones, justicia y transparencia, modernización de las administraciones públicas, economía y finanzas públicas y migración y movilidad.
