La eurodiputada y portavoz federal de IU, Sira Rego, ha dirigido desde el Parlamento Europeo una iniciativa a la Comisión Europea para que detalle cuál es su posición sobre las macrogranjas y valore su impacto ecológico.
Además, solicita que explicite los modelos de ganadería que la Comisión considera que son los «más apropiados para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, calidad y bienestar animal».
«¿Qué medidas concretas va a impulsar la Comisión de cara a hacer frente a los efectos nocivos que provocan estas macroinstalaciones y así implementar las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo en su informe 2020/2085(INI)?», cuestiona Rego.
La dirigente de IU registra estas iniciativas en la eurocámara tras criticar ayer, en rueda de prensa telemát4ica, el «ruido y el desorden» provocados por la «derecha y la extrema derecha», «comandadas» por el PP, a través de un «bulo» para «atacar» al ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Además, destacó que el también coordinador federal de IU denunció en una entrevista al diario ‘The Guardian’ el «grave problema » que genera el «boom de las macrogranjas» en el medio rural.
También ha censurado que «no contento con utilizar la mentira y la difamación, pasando por encima de la realidad evidente», el PP ha llegado a «negar incluso la existencia de macrogranjas» en España.
Especialmente ha señalado al presidente de Castilla y León y dirigente popular, Alfonso Fernández Mañueco, tras negar hoy el concepto de macrogranja, máxime cuando es uno de los «primeros impulsores del bulo contra Garzón». Frente a ello, ha recalcado que los datos de su propio Ejecutivo aludían hace dos años a la presencia de 631 macrogranjas (540 porcinas y 91 avícolas) y 81 en trámite entonces en esta región.
PROCESO JUDICIAL CONTRA ESPAÑA POR CONTAMINACIÓN
Por otro lado, Rego también solicita datos sobre la situación en la que se encuentra el proceso judicial iniciado contra España ante el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre nitratos.
Y es que en diciembre la Comisión Europea a nunció que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, a pesar de que así lo exige la normativa comunitaria y del expediente abierto en Bruselas desde 2018.
