El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa que sigue por el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O, las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña –conocido como Diplocat– para dos de los encausados, Pere Puig –quien fuera delegado del Govern en Bruselas– y Lluis Bertrán, secretario general del Departament de Governació i Relacions Institucionals–, después de que hayan reintegrado las cantidades que les correspondían y que ascendían a 6.569,84 euros.
En una nota de prensa del órgano fiscalizador anuncia así el sobreseimiento parcial del procedimiento en relación a estos dos presuntos responsables contables. Esta decisión de la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento llega después de que el pasado mes de julio de 2021 estos dos cargos del Govern reintegraran las cantidades «satisfaciendo los alcances fijados por el Tribunal de Cuentas por las cuantías de 1.176,64 euros –Puig– y 5.393,20 euros –Bertrán–, ascendiendo la suma total a 6.569,84 euros».
Este reintegro llegó después de que finalizara Liquidación Provisional y la delegada instructora dictara providencia el 20 de junio de 2021 por la que requirió, por un plazo de 15 días, a los presuntos responsables contables para que reintegrasen, depositaran o afianzasen el importe provisional del alcance más los intereses liquidados hasta dicha fecha.
Tal y como informan desde el Tribunal de Cuentas, una vez se ha producido este reintegro, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 79.1.c) de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento ha dictado auto de sobreseimiento parcial de la causa referida al ‘procés’ respecto de estos «presuntos responsables contables».
Cabe recordar que el martes pasado, tras finalizar el plazo para personarse en la causa continúan en el proceso ‘Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural’, el Ministerio Fiscal y los presuntos responsables contables. La Abogacía del Estado finalmente no se persona.
El próximo trámite en el proceso llegará cuando se emplace a las partes legitimadas a presentar demanda –tendrán 20 días de plazo–. Con posterioridad a este trámite, se concederá idéntico plazo de 20 días para que el Ministerio Fiscal también pueda formular demanda si lo estima conveniente.
LA PROVIDENCIA DE MARISCAL DE GANTE
Cabe recordar que el pasado mes de noviembre la que fuera Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, acordó la apertura de la fase de enjuiciamiento de las presuntas irregularidades contables por las que se habrían facilitado fondos para los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y del destino de determinados fondos asignados a política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017. Entre los encausados en ambas diligencias se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el que fuera vicepresidente Oriol Junqueras, además de otros altos cargos de la Generalitat.
A lo largo del procedimiento tanto la Abogacía del Estado como la Generalitat de Cataluña avisaron de que no seguirían adelante; la primera, al entender que no tiene legitimidad para demandar; y la segunda, al considerar que no es perjudicada. Tampoco se ha personado finalmente la asociación de ‘Abogados Catalanes por la Constitución’.
Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, después de haberse abonado las fianzas y de haberse dado traslado de la pieza, el representante de la entidad del sector público perjudicada y las demás acusaciones tendrán un plazo común de 20 días para presentar demanda.
Si no se llega a presentar, se dará traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno. En caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
Cabe recordar que el pasado junio el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a 34 excargos de la Generalitat –incluidos Mas, Puigdemont y Junqueras– por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat, según consta en el acta de liquidación provisional.
En ese acta, se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deben responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.
Respecto al acta de liquidación de 2020, el Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones de euros los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
