Iustitia Europa quiere dejar de ser únicamente ese partido que aparece en los tribunales como acusación popular en algunas de las grandes causas de corrupción política. La formación populista y neoliberal que preside el abogado Luis María Pardo prepara su salto definitivo a la política nacional con un discurso que intenta escapar de las etiquetas tradicionales, aunque su trayectoria y algunas de sus posiciones la hayan situado habitualmente en el espacio de la derecha. El movimiento busca ahora presentarse como una alternativa transversal, crítica con el sistema y capaz de arañar votos tanto al PP y Vox como a la izquierda.
El primer argumento que esgrime Pardo para demostrar que existe espacio electoral para su proyecto es una encuesta de NC Report realizada entre el 6 y el 23 de julio con 1.200 entrevistas telefónicas. El estudio sitúa a Iustitia Europa en el 11,4% de los votos en la Comunidad de Madrid, con 401.637 sufragios y cuatro diputados en unas elecciones generales. El partido quedaría por detrás de PP, PSOE y Vox y por delante de la izquierda alternativa. La propia formación ha utilizado el resultado para reivindicar que ya no es únicamente una organización jurídica, sino un proyecto político con posibilidades de entrar en el Congreso.
El dato que más interesa a Pardo, sin embargo, no es solamente el número de escaños, sino el origen de esos apoyos. Según el sondeo difundido por Iustitia Europa, el 51,2% de sus votos procedería del PP, el 23,7% del PSOE, el 13,6% de Vox y el 9,2% de Sumar/Podemos. El estudio apunta además a que una parte de sus potenciales votantes procede de la abstención. Pardo utiliza estos datos para defender una idea que será central en su campaña: que Iustitia Europa no pretende convertirse en una nueva sigla de uno de los dos bloques, sino atraer a ciudadanos desencantados con todos ellos.
Palos a Ayuso
Ese intento de construir un espacio propio pasa, paradójicamente, por señalar a dirigentes de casi todo el arco parlamentario. Y uno de sus movimientos más recientes ha tenido como protagonista a Isabel Díaz Ayuso. Iustitia Europa fue la primera formación en llevar a los tribunales la compra por 6,3 millones de euros de un ático en Chamberí adquirido por la empresa pública Planifica Madrid y destinado a ser utilizado por la presidenta madrileña mientras se realizaban obras en la sede de la Comunidad. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid abrió diligencias a raíz de esa denuncia.
La actuación contra Ayuso permite a Pardo reivindicar que su discurso contra la «colonización» de las instituciones no se limita al Gobierno de Pedro Sánchez. La denuncia solicita investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público, además de reclamar el expediente completo de la operación, los informes de necesidad y tasación, la documentación sobre la legalidad urbanística y los acuerdos adoptados por Planifica Madrid. La Fiscalía, al constatar que el juzgado ya había abierto diligencias por la denuncia de Iustitia Europa, remitió a ese procedimiento otras cuatro denuncias, tres de particulares y una del PSOE.
El episodio resulta especialmente útil para la estrategia política de Pardo porque le permite marcar distancias con una derecha que, en otras circunstancias, podría considerar parte de su espacio natural. Iustitia Europa no solo cuestiona las decisiones del Ejecutivo socialista o participa en causas judiciales relacionadas con dirigentes próximos al PSOE. También lleva a los tribunales una actuación del Gobierno de Ayuso y reivindica que su criterio no debe ser quién gobierna, sino qué considera una posible irregularidad institucional. Es la manera de intentar convertir la lucha contra la corrupción en una bandera propia y no en una herramienta exclusiva contra la izquierda.
El partido lleva tiempo insistiendo en esa idea. «No nos alineamos con ninguna ideología», ha defendido Pardo, que presenta la defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales como un espacio de encuentro. Su propuesta se articula alrededor de la llamada «superación del régimen del 78», la despartidización de las instituciones, la limitación de mandatos, la eliminación de aforamientos e inmunidades y una mayor independencia del Poder Judicial. El dirigente sostiene que los ciudadanos están cansados de elegir entre bloques y que ha llegado el momento de devolver protagonismo a la sociedad civil.
En esa búsqueda de un perfil propio aparece también uno de los asuntos internacionales que más claramente han separado a Iustitia Europa de Vox: Israel y Palestina. En 2024, Pardo presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Santiago Abascal por su viaje a Israel y su reunión con Benjamin Netanyahu en pleno genocidio contra el pueblo palestino. La formación sostuvo entonces que el dirigente de Vox había comprometido la neutralidad española al respaldar a un Gobierno extranjero y situó su denuncia dentro de un «compromiso por la paz» y un «radical rechazo» a las políticas belicistas. En aquella argumentación, Iustitia Europa se refirió además a las advertencias de organismos judiciales internacionales sobre la violenta conducta de Israel en Gaza.
La posición sobre Gaza sirve así para complicar el mapa ideológico en el que habitualmente se encuadra a la formación. Mientras Vox ha mantenido una posición de respaldo a Israel y de fuerte crítica a la política española respecto al conflicto, Iustitia Europa ha utilizado precisamente la cuestión palestina para acusar a Abascal de supeditar los intereses nacionales a una relación con un Gobierno extranjero.
El enfrentamiento con Vox no se ha quedado, además, en aquel episodio. La relación entre ambas formaciones ha pasado de las coincidencias puntuales en determinadas causas judiciales a un enfrentamiento directo. El último capítulo tiene como protagonista al abogado Jesús Santorio, conocido en redes sociales como Sr. Liberal y vinculado al equipo jurídico de Vox. Iustitia Europa ha iniciado acciones legales contra él después de que acusara a Pardo de utilizar su partido para personarse en procedimientos judiciales con el objetivo de filtrar sumarios. El dirigente de Iustitia Europa considera que esas afirmaciones pueden constituir un delito de calumnias.
Es precisamente en esa combinación de crítica al PP, enfrentamiento con Vox y distancia respecto al PSOE donde Iustitia Europa intenta encontrar su espacio. Pardo reivindica una formación que no quiere ser identificada con la izquierda ni con la derecha, pero que tampoco rehúye intervenir en los asuntos que más dividen a ambos bloques. La estrategia tiene una lógica electoral: si la formación pretende alcanzar los cuatro escaños que le atribuye el sondeo, necesitará ampliar mucho más allá del electorado que tradicionalmente podría sentirse atraído por su discurso judicial y anticorrupción.
La Casa Real constituye otro de los frentes desde los que Pardo ha construido una posición incómoda para la derecha tradicional. El presidente de Iustitia Europa ha cuestionado públicamente el funcionamiento de la Zarzuela y ha entrado en el debate sobre la imagen pública de Felipe VI y la reina Letizia. En este terreno, su discurso conecta con una crítica más amplia a las instituciones y a la falta de mecanismos de control que, según sostiene, caracteriza al sistema nacido de la Transición.
En ese contexto se sitúan también sus comentarios sobre informaciones de la prensa del corazón relativas a la familia real. Pardo ha entrado en el debate generado alrededor de la reina Letizia y de los rumores difundidos en medios y redes sociales. Entre ellos figuran informaciones publicadas por el periodista Diego Arrabal sobre supuestas imágenes de la reina en un yate, en bikini y acompañada por un hombre, así como especulaciones sobre una eventual separación de Felipe VI. Más allá de la veracidad de esas versiones, el interés político para Iustitia Europa está en utilizar el debate para cuestionar la imagen institucional de la Corona.
El discurso de Iustitia Europa, por tanto, tiene más aristas de las que podría sugerir su presencia habitual en los tribunales. Su programa, y una estrategia que emparenta con el primer Podemos, incluye propuestas como la elección directa del presidente del Gobierno, la eliminación de aforamientos, la limitación de mandatos, el refuerzo de la acusación popular, una reducción del gasto político y una mayor utilización de los referendos. También reivindica «más España y menos Unión Europea» y plantea revisar el papel de las instituciones comunitarias en determinadas decisiones.
La cuestión ahora es si esa mezcla de regeneracionismo, crítica institucional, discurso anticorrupción y posiciones difíciles de encajar en los bloques puede traducirse en votos. La encuesta de NC Report ofrece a Pardo un argumento potente, aunque sea un estudio encargado por la propia formación y no un pronóstico electoral consolidado: 401.637 votos y cuatro diputados. El salto sería considerable para una organización que hasta ahora ha construido buena parte de su notoriedad en los juzgados.
