La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que cumplan la sentencia judicial que fija el uso del castellano en un 25% en la escuela catalana, avalando la denuncia del Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe que ha alertado de la discriminación que a su juicio sufren los alumnos castellanohablantes en el sistema educativo catalán.
«Son las autoridades españolas las que deben hacer cumplir la sentencia. Enviaremos un requerimiento a las autoridades españolas, es decir al Gobierno y a la Generalitat, para que se cumpla la sentencia», ha subrayado la presidenta de Peticiones, Dolors Montserrat, después del debate suscitado por la demanda del colectivo.
Su presidenta, Ana Losada, ha denunciado en la Eurocámara que las autoridades catalanas llevan décadas vulnerando los derechos lingüísticos de los alumnos con el sistema de inmersión, sin que el Ejecutivo español haya puesto remedio y ha pedido a Europa la ayuda que no presta la Generalitat.
Por su lado, una representante de la Comisión Europea ha señalado que se trata de una cuestión interna española que tiene que dirimirse de acuerdo al régimen constitucional, apuntando que Bruselas «no tiene motivos» para pensar que el Estado de Derecho no se esté respetando en España.
La petición ha contado con el apoyo de los grupos de derecha; PP, liberales y conservadores. En este sentido, la ‘popular’ Rosa Estarás ha criticado la «imposición» del catalán en el modelo educativo de Cataluña, alertando de que «lesiona la convivencia».
Por parte de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua ha avisado de la «miopía selectiva» sobre los valores fundamentales en la Unión y, en el mismo sentido, Jordi Cañas ha lamentado que la Comisión Europea debata «sobre el sexo de los ángeles», pidiendo un mayor papel para supervisar el cumplimiento de la sentencia judicial.
Para Hermann Tertsch, de Vox, resulta «inaudita» la posición de la Comisión Europea y ha criticado que sí se preste a «montar injerencias» en el caso de Hungría y Polonia. Así, ha reclamado que una misión del Parlamento Europeo acuda al terreno para conocer de primera mano la situación denunciada.
En contra de mantener la petición se han manifestado los socialistas, cuyo eurodiputado Javi López ha ironizado con que la petición es «preventiva» porque los derechos no se han vulnerado en Cataluña al «quedar tiempo para aplicar la sentencia». «Ha habido más de 50 sentencias y las autoridades catalanas siempre las han aplicado», ha recordado, insistiendo en que, además, Bruselas no tiene competencia sobre el asunto educativo.
Según ERC, el Parlamento Europeo se convierte en «escenario de conjeturas e hipótesis» cuando discute quejas como esta que son «mínimas» en comparación con todo el sistema educativo catalán. «Se empeñan en crear un problema donde no existe, porque es en el conflicto donde creen que pueden conseguir algún voto más a costa de la convivencia», ha afeado Diana Riba a las formaciones conservadoras.
Del mismo modo, Toni Comin de Junts ha insistido en que solo con una escuela en catalán se preserva una sociedad bilingüe en Cataluña y ha aprovechado para denunciar que el idioma no es considerado lengua oficial en las instituciones comunitarias.
