Los agentes de la Policía Nacional que irán a juicio por acceder en marzo de 2021 con un ariete en un piso de la calle Lagasca de la capital insisten en que la vivienda se dedicaba a la organización de fiestas ilegales al estar prohibido por la pandemia y sospechan de que en su interior se ejercía «prostitución de alto nivel» con turistas de Medio Oriente.
Así consta en el escrito de defensa, en el que los abogados se oponen a que haya un delito de detención ilegal y defienden que los agentes entraron a la fuerza dado que se estaba cometiendo un delito flagrante.
La causa judicial se encuentra en la fase intermedia de presentación de conclusiones provisionales de la cara a la celebración del juicio por un delito de allanamiento de morada. El fiscal no acusará al tratarse de una imprudencia al creer por error que se trataba de un piso turístico.
En cambio, la acusación particular que representa al inquilino solicita cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada y daños.
En el escrito, los agentes esgrimen que «no era una vivienda dedicada a morada, sino un inmueble dedicado a la organización habitual de fiestas hasta altas horas de la madrugada, perturbando gravemente el sueño y destrozando todo atisbo de descanso de todos los vecinos, y en el que se organizaban entre 3 y 5 fiestas semanales».
Según los acusados, la vivienda tenía apariencia exterior de ser una vivienda turística por las características del sistema de apertura con llave magnética, la carencia de datos en el buzón del piso y la falta de empadronamiento del interesado.
Los agentes argumentan que concurrían «indicios racionales suficientes» de un delito previo o anterior para entender que concurría delito flagrante, entre ellos desobediencia grave a agentes de la autoridad; del delito de emisión de ruidos; del delito de lesiones psíquicas; y del delito de acoso o mobbing inmobiliario.
Subrayan que se descubrió, a falta de diligencias instructoras adecuadas, que podría «estar sucediendo un delito contra la libertad e indemnidad sexuales (organización lucrativa de prostitución de alto nivel para los visitantes de Oriente Medio), que requerirá el debido interrogatorio».
Al respecto, señala que los policías desconocían tal extremo al momento de abrir la puerta, pero con indicios muy evidentes como las camas deshechas, maletas abiertas, y concurrencia de jóvenes señoritas «con ciudadanos de Oriente Medio que aún no se ha explicado cómo entraron en España en plena pandemia».
«La escenografía de la casa, la falta de respuestas en la instrucción al origen del conocimiento de todos los participantes en la supuesta fiesta, etc.), generan un panorama que habrá de dilucidarse en el plenario si finalmente se abre», recoge el escrito.
También llaman la atención en que una de las detenidas era I. R. I., descendiente directa de un ministro franquista y quien «había alegado falsamente que el inmueble era de su propiedad privada».
Según los agentes, la detenida llamó «guarras, zorras y traidoras a las mujeres que manifestaron a los agentes que ellas tenían voluntad de salir del inmueble». También, según el escrito de defensa, habría amenazado a los agentes, señalando que se iban a enterar de quién era.
