El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han firmado un acuerdo para activar un plan con 43 medidas polÃticas, económicas y fiscales de apoyo al campo, que bajo su punto de vista da respuesta a la «inmensa mayorÃa» de las reivindicaciones los agricultores, si bien ninguna otra organización agraria (ASAJA, COAG y Unión de Uniones) está aún dispuesta a frenar las protestas de los agricultores, pues aunque en general las medidas van en buena lÃnea, algunas se quedan cortas y faltan otras que entienden que son relevantes.
El acuerdo del Ministerio con UPA se produjo en un pleno extraordinario realizado el miércoles, en la vÃspera de que Luis Planas compareciera en las comisiones de sus áreas en el Senado, y según el acuerdo, las 43 medidas del plan, distribuidas en 7 áreas (Simplificación y flexibilización de ciertos aspectos de la PAC; Condiciones en los mercados agroalimentarios internacionales; Refuerzos en la aplicación de la Ley de la Cadena; Seguros Agrarios; Medidas fiscales, financieras y laborales; GanaderÃa extensiva y sanidad animal y Relevo generacional e incorporación de jóvenes a la actividad agraria).
Tendrá un impacto positivo en el sector de entre 1.000 y 2.000 millones de euros, ya que el plan incluye medidas fiscales de gran magnitud, como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos (que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos).
UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL PROCESO DE MOVILIZACIONES
También se mantendrá la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF (aproximadamente 575 millones de deducción fiscal) y se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.
Otra de las ventajas es que se flexibiliza la PAC y se reduce la burocracia. Los ecorregÃmenes –una de las principales y más polémicas medidas de la nueva PAC- se simplificarán notablemente, adaptándose a la realidad del campo español. El cuaderno digital de explotación será voluntario, y no obligatorio como proponÃa Bruselas. Se eliminará también la exigencia a los agricultores de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos. Y los ecorregÃmenes estarán exentos de fiscalidad, lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros.
Respecto a la ganaderÃa, se flexibilizarán numerosos aspectos relativos al Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se prorrogará la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se flexibilizarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles. El Gobierno se compromete a financiar gastos relacionados con temas de sanidad animal como la tuberculosis o la EHE. También se creará un Foro de la GanaderÃa Extensiva para analizar los principales problemas y desafÃos de este modelo productivo.
Estas medidas se completarán con otras muchas relativas a los seguros agrarios, a facilitar el acceso a financiación, a las inspecciones que sufren los agricultores y ganaderos o al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios justos. El Gobierno se compromete también a seguir trabajando en Europa para lograr la activación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros paÃses.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha animado al resto de organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo que supone un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Movilizaciones que, por parte de UPA, se han cancelado tras la firma del acuerdo y que a su juicio culminan con un éxito de negociación «muy trabajado y muy luchado».
REPROCHES A PLANAS DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
Por el contrario, Unión de Uniones reprocha al Ministerio de Luis Planas que tiene pendientes de cumplir sus propias leyes en cuanto al establecimiento de un contrato eléctrico de doble tarifa para el regadÃo, la definición de una zonificación agroambiental para la protección de los suelos de interés agrarios de la invasión de macroplantas energéticas, asà como la elaboración de una Ley de Gestión de Fauna Silvestre para prevenir y compensar los daños provocados a la agricultura y la ganaderÃa.
siguen sin tratarse cuestiones que son competencia del Estado
Además, sobre el plan de las 43 medidas, considera que se abordan de forma insuficiente la revisión de los plazos en determinada normativa agrÃcola y ganadera y la reducción de la carga administrativa, asà como las medidas fiscales y la financiación de las explotaciones agrarias ante un año 2023 con sequÃa y con costes elevados. También se consideran insuficientes las medidas relacionadas con la sanidad animal, cuyos protocolos deben ser radicalmente reformados.
Tampoco creen que se aborde en profundidad las disfunciones de la cadena alimentaria, dejando a la iniciativa de la Comisión Europea la revisión de las medidas para reforzar el papel de los productores ante los abusos de la agroindustria y la gran distribución, por lo que «siguen sin tratarse cuestiones que son competencia del Estado, como la definición de posición de dominio de la agroindustria y la gran distribución en la cadena alimentaria, la prohibición y sanción de la reventa a pérdidas o el establecimiento de criterios para la determinación de los cotes efectivos de producción».
Tampoco se adoptan medidas para que el funcionamiento de las lonjas se ajuste a las exigencias estadÃsticas de la normativa europea, asunto trascendente porque sus precios sirven para el seguimiento y el desencadenamiento de las medidas extraordinarias previstas en la Organización Común de Mercados agrarios de la UE en caso de crisis sectoriales.
Y respecto a la aplicación de cláusulas espejo solo se compromete a defenderlas en la negociación de los acuerdos comerciales, sin adoptar una clara oposición a los acuerdos exclusivamente comerciales (competencia exclusiva de la UE) o mixtos (incluyen también cláusulas adicionales a las comerciales que son competencia de los Estados Miembros), vetando los que no las incluyan de forma adecuada y efectiva.
PLANAS ESPERA GANAR APOYOS
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han destacado que el acuerdo es fruto de conversaciones mantenidas entre el ministerio y las organizaciones profesionales agrarias desde el 2 de febrero y, según ha considerado el ministro, supone un conjunto de medidas completo y muy trabajado, que permite comprobar una vez más el «absoluto compromiso» del Gobierno con el sector agrario, confiando en que en los próximos dÃas se sumen otras organizaciones agrarias.
ASAJA, por ejemplo, valoró positivamente que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de GarantÃa Agraria (FEGA), haya asignado los nuevos derechos de la reserva nacional del régimen de ayuda básica a la renta, correspondientes a la campaña 2023, por un importe de 11.957.619 euros que van a beneficiar a 3.378 agricultores, lo que supone una asignación media de 3.540 euros por beneficiario. Y que los jóvenes agricultores son los principales beneficiarios, con 63.880 derechos asignados y una asignación media de 4.538 euros.
Los agricultores en desventaja, que suponen un nuevo caso de reserva nacional a partir de 2023, cuentan con una asignación media de 2.048 euros. Y la asignación media para los nuevos agricultores es de 5.242 euros por beneficiario, mientras que la correspondiente a los responsables de explotación que participen en programas de reestructuración (otro nuevo caso de reserva nacional a partir de 2023) es de 1.766 euros.
