El Gobierno regional de la Región de Murcia ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Esta es una medida crucial que responde a un deber jurídico y moral, según lo expresado por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.
La Ley de Amnistía ha sido el origen de un grave destrozo institucional e insolidario que ahora se manifiesta en la financiación privilegiada para Cataluña. Según López Miras, esta ley crea «ciudadanos de primera y de segunda«, ya que hay delitos que solo lo son «en función de quién y dónde los cometan«.
El Ejecutivo Autonómico Cumple con su Responsabilidad
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha comunicado que la presentación del recurso de inconstitucionalidad se realizará antes del próximo miércoles, 11 de septiembre, cuando se cierra el plazo para hacerlo. Esta acción se produce después de que el presidente López Miras anunciara hace una semana que el Ejecutivo «tiene redactado y listo» el recurso, el cual se presentará «próximamente«.
La presentación de este recurso no es un acto político, sino el cumplimiento de un deber jurídico y moral del Gobierno regional. Es una medida necesaria para hacer frente a las graves consecuencias que ha tenido la Ley de Amnistía para la unidad institucional y la solidaridad entre los territorios.
El Objetivo: Defender la Igualdad y la Justicia
Al presentar este recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de la Región de Murcia busca combatir los efectos negativos de la Ley de Amnistía, que ha generado una desigualdad inaceptable entre los ciudadanos. La amnistía ha creado una situación injusta en la que algunos delitos son considerados como tales en función de quién y dónde se cometan, lo cual contradice los principios de igualdad y justicia que deben regir en un Estado de Derecho.
Esta acción jurídica es una respuesta necesaria y oportuna por parte del Ejecutivo regional. Al recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Murcia está cumpliendo con su responsabilidad de defender los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su procedencia o afiliación política. Es una medida que busca restablecer el orden constitucional y la justicia, pilares fundamentales de una sociedad democrática y cohesionada.
