El Gobierno ha aprobado hoy, 29 de mayo de 2026, un real decreto-ley (norma con rango de ley para casos de urgencia) que prorroga durante cinco años más la prohibición a la Iglesia católica de vender o ceder a particulares sus bienes con valor histórico o artístico. La medida, confirmada por Europa Press, se mantendrá activa hasta que se complete el inventario general de bienes de las instituciones eclesiásticas, una tarea pendiente desde 1985.
Qué implica la prórroga del Gobierno y qué dice el decreto
El nuevo real decreto-ley amplía el periodo de vigencia de una restricción que afecta a cualquier bien mueble eclesiástico de interés cultural o incluido en el Inventario General del Estado. Te detallo los puntos clave:
- La prohibición se recoge en el artículo 28.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 e impide la transmisión, ya sea por venta o donación, a particulares o empresas mercantiles.
- Los únicos destinos permitidos para esos bienes son el Estado, las entidades de Derecho Público u otras instituciones eclesiásticas, según el texto de la ley que puedes consultar en el BOE.
- La decisión del Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Gobierno presidido por el presidente) se materializa a través de una disposición transitoria que, desde 1995, ha sido renovada en sucesivas ocasiones.
Con esta nueva ampliación, serán 46 años los que, de momento, ha durado esta prohibición temporal a la espera de un catálogo que nunca termina de cerrarse. El objetivo, según consta en el propio decreto, es «garantizar la protección del patrimonio histórico español en posesión de instituciones eclesiásticas, en tanto se culmina la realización del inventario general».
No estamos ante una restricción nueva: la Iglesia católica arrastra esta limitación para vender su patrimonio desde que en 1985 se aprobó la ley.
El contexto de un inventario infinito: de 1985 a 2026
La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (puedes ver su contexto legislativo aquí) estableció un plazo inicial de diez años para realizar el inventario de bienes eclesiásticos. La realidad es que ese trabajo jamás se completó, y el Estado ha ido encadenando prórrogas para impedir que las diócesis pudieran disponer libremente de obras de arte sacro, retablos o archivos históricos.
Repasando las ampliaciones aprobadas hasta hoy:
- 1995: primera prórroga por diez años.
- 2005: segunda prórroga, en esta ocasión por un periodo de siete años.
- Desde 2012: renovaciones continuas por periodos de uno a cinco años.
Esta inercia legislativa evidencia las dificultades técnicas y la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal para catalogar cientos de miles de piezas repartidas por las más de 23.000 parroquias españolas.
La medida afecta de forma directa al patrimonio cultural del país y a las cuentas de las diócesis, que en ningún caso pueden liquidar patrimonio artístico para, por ejemplo, financiar obras sociales o afrontar indemnizaciones.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno ha prorrogado cinco años más la prohibición a la Iglesia de vender obras históricas mediante un real decreto-ley publicado hoy.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Consejo de Ministros, que aprueba la norma, y la Iglesia católica, como propietaria de los bienes afectados.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La prohibición se extiende hasta 2031, a menos que se logre completar el inventario general de bienes eclesiásticos antes de esa fecha.
