Desde Moncloa se mide la distancia política con Cibeles en metros y en padrones. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subido el tono y ha exigido este sábado saber si David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, reside en el complejo presidencial. Y lo ha hecho amparándose en una supuesta «obligación no solo ética, sino administrativa».
La declaración, lanzada durante la presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia para las municipales de 2027 en Santiago de Compostela, ha vuelto a poner en el centro de la polémica la presencia en La Moncloa del músico, condenado por prevaricación administrativa apenas unos días antes. «Todos los alcaldes saben de la importancia que tiene para nosotros el padrón y la obligación de empadronarse. Quiero saber si David Sánchez vive en el Palacio de La Moncloa en la ciudad de Madrid», afirmó Almeida.
La exigencia del padrón: ¿un derecho del alcalde o una provocación?
El alcalde madrileño no se quedó ahí. Redobló la apuesta al añadir que «como alcalde de Madrid creo que tengo derecho a empadronarle», una ironía que conecta directamente con la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez fue inhabilitado para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo durante nueve años, una condena que ha encendido el debate político en pleno ecuador del mandato municipal.
Almeida vincula así dos planos: la gestión municipal más prosaica —el padrón de habitantes, que determina financiación, recursos y representación— y el reproche político a la familia del presidente. En Madrid, la obligación de empadronarse en el domicilio habitual está recogida en la Ley de Bases de Régimen Local, pero el registro es confidencial y solo puede ser consultado por la persona interesada o mediante orden judicial.
Que el alcalde de la capital exija el padrón del hermano del presidente no es gestión municipal: es política pura y dura.
Una condena que aviva la polémica en la capital
La polémica no es nueva, pero el fallo judicial le ha dado un impulso considerable. David Sánchez fue considerado «autor por cooperación necesaria» de un delito de prevaricación administrativa, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ambos fueron condenados a sendas penas de inhabilitación especial por nueve años.
Apenas 48 horas después de conocerse la sentencia, el regidor popular ha optado por trasladar el foco al corazón de la política madrileña. La pregunta que lanza no es baladí para los vecinos de la capital: si una persona condenada por prevaricación reside efectivamente en Moncloa, debería figurar en el censo de Madrid. Pero la forma de plantearlo —sin solicitud formal al Instituto Nacional de Estadística o al Ayuntamiento, sino mediante un acto de partido— revela más de estrategia que de procedimiento administrativo.
El empadronamiento en Madrid, un arma política de doble filo
En esta redacción hemos repasado los últimos episodios en los que el padrón ha sido usado como instrumento de presión política en la capital. No es la primera vez que un dirigente intenta poner la lupa sobre el domicilio de un adversario. En 2014, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento exigieron aclaraciones sobre el empadronamiento de la entonces alcaldesa, Ana Botella, tras un cambio de residencia que afectaba a su colegio electoral. Más recientemente, en 2021, Vox pidió que se investigara si varios menores extranjeros no acompañados vivían en centros de la Comunidad de Madrid sin estar correctamente empadronados.
La diferencia con el caso actual es que aquí la administración local parte de una condena firme para reclamar una información que, por ley, no le corresponde difundir. El padrón se actualiza cada año mediante el cruce de datos con Hacienda, la Seguridad Social y otros registros, y es el INE quien lo supervisa. Un alcalde puede ordenar inspecciones, pero no puede revelar datos personales sin consentimiento. La petición de Almeida, por tanto, choca con los límites de la protección de datos y con la naturaleza misma del padrón como herramienta técnica.
Mientras tanto, desde Moncloa ni confirman ni desmienten la presencia del hermano del presidente en el complejo. El Gobierno se remite a la intimidad familiar y al principio de presunción de inocencia, aunque la inhabilitación es firme. El debate queda abierto y el próximo paso dependerá de si el alcalde formaliza su petición por escrito —algo que fuentes municipales consultadas por Merca2.es no descartan para los próximos días— o si la polémica se diluye en verano.
