Cinco grandes organizaciones ecologistas han exigido al Gobierno que deniegue la prórroga de la central nuclear de Almaraz porque alargar su vida útil dispararía la factura eléctrica en 3.831 millones de euros y bloquearía 26.000 millones en inversión renovable. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF coinciden en que mantener en funcionamiento los reactores más allá de 2028 descarrilaría la planificación energética pactada y pondría en riesgo los objetivos climáticos.
La solicitud de prórroga está ahora sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para las ONG la decisión no admite duda: el calendario de cierre escalonado acordado en 2019 con las empresas titulares —Iberdrola, Endesa y Naturgy— debe cumplirse para blindar la transición hacia las renovables.
La planificación energética que quedaría en papel mojado
El cierre progresivo del parque nuclear español es uno de los pilares del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sobre ese calendario se ha diseñado el despliegue ordenado de potencia eólica, solar y de almacenamiento que España necesita para descarbonizar el sistema eléctrico.
Alterarlo ahora, advierten los colectivos, «generaría una incertidumbre enorme» sobre las inversiones privadas. El propio primer borrador del PNIEC ya calculó que retrasar el apagón nuclear era innecesario para la seguridad de suministro y resultaba ambientalmente inferior a cualquier alternativa renovable.
La prórroga, señalan, obligaría a revisar por completo la hoja de ruta verde años después de haberla asentado ante la Comisión Europea. Y la lectura que hacen los inversores internacionales de un cambio de reglas a mitad de partida no es otra que más prima de riesgo, exigencias de rentabilidad y capital que se desplaza a mercados con marcos regulatorios más fiables.
Los números del frenazo renovable: 3.831 millones y 26.000 millones bloqueados
La crítica de las ONG va mucho más allá del debate nuclear. Aportan una cifra demoledora: la continuidad de Almaraz recortaría hasta un 25 % de la nueva generación renovable prevista para los próximos años, debido a la desconfianza de los inversores. El hueco lo taparía, una vez más, el gas.
Esa mayor dependencia del gas no solo elevaría las emisiones de CO₂ —justo en la década clave— sino que supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica de hogares y empresas entre 2026 y 2033, según los cálculos recogidos en el comunicado.
A esa factura hay que sumarle los 26.000 millones de euros en inversión renovable que quedarían congelados, dinero que el sistema eléctrico español necesita para consolidar la soberanía energética basada en sol, viento y almacenamiento.
📊 Impacto ecológico en cifras
- CO₂ extra: El mayor uso de gas por el bloqueo renovable dispararía las emisiones, agravando la crisis climática justo cuando la UE acelera la descarbonización.
- Renovables desplazadas: Hasta un 25 % de la nueva capacidad planificada dejaría de instalarse, según la estimación de las organizaciones.
- Sobrecoste eléctrico: 3.831 millones de euros adicionales entre 2026 y 2033 en la factura de los consumidores.
- Inversión bloqueada: 26.000 millones de euros en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento no se materializarían.
Alargar Almaraz no es solo una cuestión nuclear: es poner en riesgo la hoja de ruta verde pactada y encarecer la luz de todos los consumidores.
Detrás de estos números hay un efecto dominó: hoy el kilovatio eólico y el solar fotovoltaico son las fuentes más baratas de nueva generación. Si la señal administrativa paraliza la inversión, el sistema se quedará anclado a tecnologías más caras y contaminantes, y el recibo eléctrico lo pagará de forma regresiva cada hogar y cada pequeña empresa.
La letra pequeña de la prórroga: condiciones no cumplidas
El Gobierno se comprometió a que cualquier autorización de continuidad cumpliera tres condiciones. El informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) —centrado exclusivamente en seguridad radiológica— solo cubre la primera.
La segunda condición, la conveniencia para la seguridad de suministro, tampoco se sostiene, argumentan las ONG. Recuerdan que las constantes paradas de Almaraz desde 2024, motivadas por su escasa rentabilidad, no alteraron el consumo eléctrico nacional. Y que tras una avería en la red, la central «fue la última tecnología en retomar la generación». Por tanto, su aportación no parece imprescindible.
La tercera, que la prórroga no sea a costa del bolsillo del contribuyente, queda refutada de plano por el cálculo de los casi 4.000 millones de sobrecoste en la factura y un posible encarecimiento adicional de la gestión de los residuos radiactivos.
Más allá del CSN: la decisión de fondo que debe tomar el Gobierno
La deliberación del CSN se ciñe a aspectos técnicos nucleares; la decisión final es política y debe sopesar el interés general. Las asociaciones ecologistas insisten en que «la prórroga de Almaraz es incompatible con la política energética del Gobierno» y vulnera la planificación que la propia Administración ha defendido en Bruselas.
Con la vista puesta en el objetivo de neutralidad para 2050 y los hitos intermedios del paquete Fit for 55, cualquier retraso en la electrificación renovable cuesta décadas de ventaja competitiva. Además de encarecer el recibo, la prórroga mantendría la dependencia de un gas que fluctúa con la geopolítica, justo cuando el continente busca blindar los precios energéticos con fuentes autóctonas y limpias.
La disyuntiva es nítida: mantener el calendario de cierre, dar certidumbre a los inversores y acelerar el despliegue renovable o ceder a la prórroga y asumir un freno económico que ronda los 30.000 millones entre sobrecostes e inversiones pérdidas.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Rechazar la prórroga evita un sobrecoste eléctrico de 3.831 millones, libera 26.000 millones en inversión renovable y acelera la descarbonización del mix.
- Modelo que cambia: Se entierra definitivamente la dependencia de la energía nuclear y se fortalece un sistema basado en fuentes limpias nacionales, almacenamiento y redes inteligentes.
- Para las próximas generaciones: Un sistema eléctrico más barato, estable y descarbonizado que no hipoteca la factura ni aplaza los residuos radiactivos a quienes aún no han nacido.
