La coalición Unidas por Extremadura ha registrado en la Asamblea de Extremadura una proposición de ley para crear la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, un organismo independiente que perseguiría la mala gestión del dinero público con sanciones de hasta 100.000 euros.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Unidas por Extremadura propone una ley para crear un organismo que prevenga e investigue el fraude en la administración autonómica.
- ¿Quién está detrás? La portavoz Irene de Miguel, que reta al gobierno de PP y Vox a aprobarla.
- ¿Qué impacto tiene? De salir adelante, cualquier ciudadano podrá denunciar anónimamente, y se multará a quienes obstruyan investigaciones o represalien a denunciantes.
Un director elegido por la Asamblea y multas de hasta 100.000 euros
El texto de la proposición recoge que la oficina tendrá entre sus funciones la prevención —con la elaboración de códigos éticos—, la investigación y lucha contra la corrupción, en en colaboración institucional y protección de denunciantes. La dirección del organismo será elegida por la Asamblea por mayoría de tres quintos y quien la ejerza deberá acreditar más de diez años de experiencia en prevención y lucha contra la corrupción, con un estricto régimen de incompatibilidades.
Se habilitará un canal para que cualquier ciudadano presente denuncias, incluidas las anónimas, y se tipificarán infracciones muy graves con multas desde 30.001 hasta 100.000 euros para quien obstruya investigaciones, tome represalias o presente denuncias falsas dolosas. Las graves, como impedir denuncias o incumplir el deber de colaboración, irán de 3.001 a 30.000 euros, mientras que las leves se castigarán con apercibimiento o entre 300 y 3.000 euros.
El reto de Irene de Miguel a PP y Vox
«Queremos ver si el PP y Vox, que ahora parecen tan adalides de la lucha contra la corrupción, están decididos a hacer algo», ha señalado la portavoz de la coalición de izquierdas. De Miguel ha subrayado que «se pueden hacer dos cosas»: utilizarla como arma arrojadiza o poner herramientas que realmente eviten el despilfarro. «Nosotros somos de la segunda opción», ha remachado.
O se usa la corrupción como arma política o se crean instrumentos que protejan el dinero de los extremeños. Nosotros elegimos lo segundo.
La iniciativa reclama «transparencia» y «cultura contra la corrupción» desde las instituciones, y la portavoz ha asegurado que este debería ser un asunto «de consenso». De hecho, ha recordado que varias comunidades como Baleares o Navarra ya disponen de oficinas similares.
El Pulso Territorial
Extremadura vive un momento político tenso, con un gobierno de coalición entre PP y Vox presidido por María Guardiola desde 2023. La propuesta de Unidas por Extremadura llega después de que hace apenas unos meses una alto cargo del ejecutivo autonómico fuese investigada por estafa, alzamiento de bienes y falsedad documental, un episodio que ha puesto la transparencia en el centro del debate. La mayoría parlamentaria conservadora, que cuenta con 34 de los 65 escaños, tiene ahora que pronunciarse sobre un texto que la oposición considera una prueba de fuego.
En el conjunto del país, solo unas pocas comunidades cuentan con agencias anticorrupción propias, y la extremeña se sumaría a una tendencia aún minoritaria. La comparación con autonomías como la Navarra de María Chivite (PSOE) o las Islas Baleares de Marga Prohens (PP) demuestra que la herramienta no es patrimonio de un solo color político. Lo que está por ver es si el gobierno extremeño prefiere mirar hacia esos ejemplos o tumbar la iniciativa en la Mesa de la Asamblea, donde PP y Vox tienen mayoría y podrían vetarla antes de que llegue al pleno.
Ficha Autonómica
- El caso: Unidas por Extremadura ha registrado una proposición de ley para crear la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, un organismo con potestad para investigar, imponer multas de hasta 100.000 euros y recibir denuncias anónimas.
- Datos importantes: Las infracciones muy graves se sancionarán con entre 30.001 y 100.000 euros; las graves, de 3.001 a 30.000; y las leves, con apercibimiento o hasta 3.000 euros. El director será elegido por tres quintos de la Asamblea.
- Resumen: La propuesta inicia ahora su tramitación parlamentaria, con el gobierno de PP y Vox ante la disyuntiva de apoyar una herramienta de transparencia o rechazarla mientras una de sus altos cargos está siendo investigada.
