Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y dirigente de Izquierda Unida, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores por el desahucio de una familia con menores en el barrio madrileño de Moratalaz. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ejecutó el desalojo el pasado 15 de julio sin ofrecer, según la ministra, una alternativa habitacional que protegiera los derechos de los niños. El caso, que involucra a varios menores, uno de ellos con síndrome de Down, ha escalado hasta la justicia por la presunta vulneración del interés superior del menor.
Los argumentos de Rego y la respuesta de la Comunidad de Madrid
El escrito remitido por el Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que la actuación de la Agencia de Vivienda Social “socava derechos fundamentales y genera la desprotección de las personas menores de edad”. Rego ha recordado el pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que solicitó la suspensión cautelar del desahucio para evitar daños irreparables, o en su defecto, garantizar una vivienda alternativa adecuada a las necesidades de la familia. “No se ha atendido al interés superior del menor”, ha insistido la ministra.
Fuentes del ministerio, subrayan que el auto que ordenaba el desalojo obligaba a la agencia autonómica a coordinarse con los Servicios Sociales municipales y a adoptar las medidas de protección precisas. Sin embargo, las opciones ofrecidas en los días previos y en el mismo momento del desahucio no cumplían esos requisitos, según la denuncia. Para Rego, la situación “podría y debería haberse suspendido” y atribuye lo ocurrido a “una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Ayuso”.
El trasfondo: la crisis de la vivienda pública y la estrategia de IU
La denuncia de Rego no es un hecho aislado. Desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, impulsada por el ministerio entonces en manos de Unidas Podemos, el gobierno de coalición ha tratado de limitar los desahucios, pero la aplicación en comunidades gobernadas por el PP sigue siendo un campo de batalla. En Madrid, los desalojos en viviendas sociales se han multiplicado desde abril, afectando especialmente a familias realojadas de antiguos chabolismos en los años 90 y 2000. Organizaciones de vivienda estiman que se produce “un desalojo al día” desde principios de junio.
La acción de la ministra conecta con una de las señas de identidad históricas de Izquierda Unida: la defensa del derecho a la vivienda. IU ha buscado diferenciarse dentro de Sumar con perfiles como el de Rego, que combinan gestión ministerial y activismo social. El caso de Moratalaz le permite a la formación de Garzón recuperar protagonismo en un tema que el espacio político de la izquierda alternativa considera prioritario, sin entrar en colisión con el resto de confluentes.
La denuncia de Rego no es solo una defensa de los derechos de la infancia: es un movimiento calculado que sitúa a Izquierda Unida en el centro del debate habitacional y presiona a las autonomías del PP sin romper la cohesión interna de Sumar.
La Dinámica de Coalición
Internamente, el movimiento de Sira Rego refuerza la posición de Izquierda Unida sin generar fisuras con el resto de confluentes. Tanto Más Madrid como Compromís o los comunes comparten un diagnóstico similar sobre la política de vivienda del PP, y es difícil esperar críticas desde dentro. La iniciativa, además, se alinea con el discurso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha hecho de la vivienda uno de los ejes de su acción de gobierno. El equilibrio de fuerzas dentro de Sumar no se resiente; al contrario, se fortalece la voz de IU sin disputar el liderazgo de la coalición.
En la dimensión de la coalición con el PSOE, la denuncia ante la Fiscalía es un gesto de presión sobre una administración autonómica del PP que, de momento, no pone en aprietos al Ejecutivo central. El Ministerio de Vivienda, bajo control socialista, podría ver con incomodidad el protagonismo de una ministra de Sumar en un ámbito donde la competencia autonómica limita su margen de maniobra. Sin embargo, el derecho a la vivienda es un compromiso compartido de Gobierno, y la denuncia no cuestiona la política del PSOE, sino la gestión de Díaz Ayuso. No hay, por tanto, un choque de legislaturas.
De cara al futuro, el caso de Moratalaz puede abrir la puerta a nuevas denuncias de la Fiscalía de Menores en desahucios con circunstancias similares. La presión acumulada de los movimientos sociales y la actuación de una ministra con peso institucional podrían obligar a la Comunidad de Madrid a revisar sus protocolos. El 15 de julio no fue solo un desalojo: fue un aviso a navegantes sobre cómo la izquierda puede usar las instituciones para hacer oposición territorial.
Ficha del Caso
- El caso: Desahucio el 15 de julio de 2026 de una familia con al menos tres hijos menores, uno de ellos con síndrome de Down, en una vivienda social de Moratalaz (Madrid), por parte de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
- Datos importantes: El Comité de Derechos del Niño de la ONU había instado a suspender el desalojo. El auto judicial obligaba a coordinar con servicios sociales, lo que no se cumplió adecuadamente. La ministra Rego denunció ante la Fiscalía de Menores la vulneración de derechos.
- Resumen: La denuncia coloca a Izquierda Unida y a la ministra Rego como referentes en la defensa del derecho a la vivienda, tensa las relaciones con el PP regional y refuerza el perfil social de Sumar sin alterar la estabilidad del Gobierno de coalición con el PSOE.
