El expresidente de la Deputación de Ourense (la Diputación Provincial ourensana), José Luis Baltar, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al contratar a dedo a 104 personas durante su mandato. La sentencia, dictada por el Penal número 1 de la ciudad, pone sobre la mesa la magnitud del clientelismo en el PPdeG y establece un contraste inevitable con la misma pena impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un caso de naturaleza muy distinta.
Una prevaricación a escala industrial en Ourense
El fallo judicial describe cómo José Luis Baltar —autodenominado o cacique bo (el cacique bueno)— «procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública». La magistrada censura que se privase el acceso a los puestos «a cualquier persona» y que se omitiera la publicidad obligatoria. El centenar de contratos irregulares se ejecutó entre 2010 y 2012, justo cuando Baltar apuraba su última etapa al frente de la institución provincial con el objetivo de asegurar la sucesión de su hijo Manuel Baltar al frente del PP ourensano.
La sentencia revela ejemplos sonrojantes. En 2009, se contrató a 33 porteros para un centro cultural que solo contaba con dos accesos. «Parece que la Deputación era una empresa privada», afirma la jueza en su resolución. Entre los agraciados figuraban familiares de regidores y cargos del partido: una sobrina del alcalde de Barbadás, la hija del alcalde de Boborás, un nieto del teniente de alcalde de Sarreaus… La lista confirmaba la lógica del enchufismo como herramienta de control político.
Sin embargo, el tribunal absolvió a los 104 contratados. No se acreditó que hubieran cometido delito alguno, a pesar de que aceptasen los empleos conociendo el trato de favor. La prevaricación recayó únicamente en quien dio las órdenes.
La Audiencia Provincial de Badajoz definió el enchufismo como ‘una lacra para la administración pública’, pero en el caso de Baltar la práctica fue sistemática y masiva.
El contraste con David Sánchez: misma pena, distinta escala
La coincidencia en la duración de la inhabilitación —nueve años— con la condena al hermano de Pedro Sánchez ha avivado el debate político. David Sánchez fue castigado por cooperar en una prevaricación al cambiar la denominación de su plaza en la Diputación de Badajoz, un cambio que no supuso aumento de sueldo. El propio fallo de Badajoz reconocía que el enchufismo es una lacra, pero que no podían condenarle por tráfico de influencias porque el delito habría prescrito y no había prueba de que alguien ordenara su contratación.
En Ourense, en cambio, José Luis Baltar colocó a 104 personas sin convocatoria pública ni respeto alguno a los principios de mérito y capacidad. La sentencia habla de «indicios sólidos» de tráfico de influencias, aunque la condena se limitó a la prevaricación continuada. Las contrataciones no buscaban mejorar el servicio: buscaban tejer una red de lealtades.
El propio Baltar, ya retirado de la política, intentó descargar su responsabilidad en un subordinado —el hijo de otro barón provincial—, pero la jueza no le creyó: un presidente que llevaba más de dos décadas en el cargo no podía alegar ignorancia de la ordenanza que obligaba a publicitar los puestos.
El laboratorio político gallego
El caso Baltar no es una anécdota aislada. El PP ourensano ha funcionado durante décadas como un modelo de clientelismo vertical, con la facción rural de la boina frente a los birretes urbanitas de Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo. Aquella cultura quedó retratada en 2001, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló unas oposiciones a técnico de la Deputación porque se vulneró el anonimato. Los aprobados fueron hijos de alcaldes y diputados provinciales. «Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados», justificó entonces Manuel Fraga.
Alberto Núñez Feijóo, que llegó a la Xunta en 2009, vio en el clan Baltar una amenaza de rebelión interna. En 2010 trató de imponer a un candidato alternativo en el congreso provincial del partido, pero Manuel Baltar se impuso por un 62% de los votos. Fue la única derrota orgánica del actual líder nacional del PP en Galicia. Desde entonces, Feijóo nunca volvió a plantar cara a aquel feudo. Hoy, Manuel Baltar sigue en el Senado por designación autonómica, a pesar de haber sido cazado a 215 kilómetros por hora y de que una jueza consideró creíbles las denuncias por ofrecer trabajo a cambio de sexo —causa archivada por un tecnicismo procesal—.
La condena a Baltar padre refleja cómo el PP gallego ha integrado durante años prácticas clientelares que ahora contrastan con el discurso de regeneración que Feijóo promueve a escala nacional. Que la misma pena se aplique a quien enchufó a 104 personas y a quien cambió el nombre de una plaza sin apenas consecuencias, reabre la pregunta sobre la coherencia del sistema de sanciones. El propio Feijóo, durante su etapa al frente de la Xunta, guardó silencio ante estas dinámicas, una hipoteca que ahora arrastra en Madrid.
La proyección inmediata es limitada: Baltar padre tiene 74 años y está retirado. Pero el procedimiento contra su hijo por conducción temeraria y los ecos del «caso de los enchufes» mantienen viva la sombra del clientelismo sobre el PP gallego. En un momento en que Feijóo aspira a presentar un partido unido y moderno, la herencia de la boina ourensana sigue recordando que en política, los modelos que se consolidan en la periferia suelen replicarse en el centro.
Ficha del Caso
- El caso: José Luis Baltar, expresidente de la Deputación de Ourense (PP), condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación al contratar ilegalmente a 104 personas entre 2010 y 2012 con el fin de asegurar la sucesión de su hijo al frente del partido provincial.
- Datos importantes: 104 contrataciones irregulares, ausencia de publicidad, beneficiarios vinculados al PP local; condena idéntica en duración a la de David Sánchez (9 años) por un delito de mucha menor entidad; el hijo, Manuel Baltar, sigue como senador autonómico pese a otros procesos judiciales.
- Resumen: La sentencia evidencia el clientelismo sistémico del PP gallego en su bastión ourensano y cuestiona la proporcionalidad de las penas. El caso sirve de espejo incómodo para Alberto Núñez Feijóo en su intento de proyectar una imagen de renovación a nivel nacional.
