El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anulado la exclusión de una solicitante de ayudas al alquiler de la Generalitat Valenciana, al constatar un error en el cálculo de su renta que le impidió acceder a la subvención. La sentencia, dictada casi dos años después del recurso inicial, corrige el criterio interpretativo que la entonces Conselleria de Servicios Sociales impuso de forma injusta.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El TSJ-CV ha anulado la resolución de la Generalitat que excluyó a una mujer de las ayudas al alquiler por un error al computar los gastos de comunidad.
- ¿Quién está detrás? La sentencia se refiere a una decisión de la Conselleria que entonces dirigía Susana Camarero (PP), durante el gobierno del expresident Carlos Mazón.
- ¿Qué impacto tiene? Reconoce el derecho de la solicitante y evidencia fallos sistémicos en la gestión de las ayudas, un precedente que podría beneficiar a otros excluidos en circunstancias similares.
La mujer había solicitado en 2024 una ayuda al alquiler en la zona de València, pero la administración consideró que su renta de 800 euros superaba el límite máximo de 770 euros. Sin embargo, el contrato de arrendamiento incluía los gastos de comunidad dentro de ese importe, por lo que la defensa sostuvo que había que descontar ese gasto para calcular la renta efectiva.
La sentencia que desmonta el error de cálculo
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV ha avalado el cálculo presentado por la recurrente: el 5% de 800 euros son 40 euros, que restados dejan una renta de 760 euros, por debajo del tope. La normativa autonómica vigente entonces (disponible en la web de la Conselleria de Vivienda) establecía que, si no se especificaba el importe de los gastos de comunidad, se presumía que equivalían al 5% de la renta.
“El cálculo que hace la parte demandante es correcto y se tendría que haber dado por subsanado en el recurso de reposición que ni siquiera recibió respuesta expresa”, reza la sentencia. La falta de contestación de la Generalitat al recurso de reposición fue otro de los fallos que el tribunal destaca en su fallo, subrayando la negligencia administrativa.
La polémica que dejó fuera a 4.000 solicitantes
La exclusión de esta mujer se enmarca en la convocatoria de ayudas al alquiler de 2023-2024, que el gobierno de Carlos Mazón gestionó de manera polémica. Aquel proceso dejó fuera a cerca de 4.000 personas, en parte por interpretaciones restrictivas de los requisitos, como el citado límite de renta. La polémica provocó incluso la dimisión de la entonces directora general de Vivienda, Ana Caballer, en un contexto de fuertes críticas de la oposición y de las asociaciones de inquilinos.
La Generalitat excluyó a una mujer por un cálculo erróneo que la propia normativa exigía corregir; el TSJ ha tardado dos años en devolverle la razón.
La sentencia, que no es firme y podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, abre la puerta a que otros solicitantes que fueron rechazados por el mismo motivo reclamaran judicialmente. La abogada de la mujer, Elvira García, valora que “el fallo deja claro que la conselleria actuó de forma injusta y que su interpretación de la norma era contraria a derecho”.
El Escenario Valenciano
La decisión judicial traslada el foco al actual Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP–Vox), que ha heredado las consecuencias de una gestión de vivienda muy cuestionada. Aunque el nuevo ejecutivo autonómico ha prometido revisar los criterios de concesión de ayudas y aumentar la partida presupuestaria, la oposición (PSPV y Compromís) exige una investigación en las Corts Valencianes sobre los errores detectados en la etapa de Mazón. La Conselleria de Vivienda actual, bajo el mandato del nuevo conseller, no ha reaccionado oficialmente a esta sentencia.
A nivel nacional, el caso valenciano se suma a las dificultades que muchas comunidades autónomas enfrentan en la gestión de las ayudas al alquiler, un ámbito donde los fondos estatales a menudo quedan sin ejecutar por problemas administrativos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha instado en repetidas ocasiones a las autonomías a simplificar los trámites y a evitar interpretaciones restrictivas que dejen sin cobertura a los hogares más vulnerables. La sentencia del TSJ-CV refuerza esa exigencia y podría sentar jurisprudencia para situaciones análogas en otros territorios.
Proyección: la Generalitat tiene ahora dos vías: abonar la ayuda reconocida a la demandante o recurrir ante el Supremo. En paralelo, el Consell debe resolver el resto de recursos similares que acumula desde aquella convocatoria, con el riesgo de que nuevas sentencias adversas agraven la imagen de mala gestión.
Ficha del Caso
- El caso: Una mujer solicitó una ayuda al alquiler en Valencia en 2024; la Generalitat la excluyó por considerar que su renta superaba el máximo, sin descontar los gastos de comunidad. El TSJ-CV le ha dado la razón dos años después.
- Datos importantes: La sentencia interpreta que los gastos de comunidad, si están incluidos en el recibo, deben restarse para calcular la renta a efectos de la subvención. La convocatoria original dejó fuera a 4.000 solicitantes en toda la Comunitat Valenciana.
- Resumen: La resolución judicial evidencia fallos en la gestión de las ayudas al alquiler del anterior gobierno de Carlos Mazón y abre la puerta a más reclamaciones, mientras el actual Consell de Pérez Llorca hereda el problema.
