El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a recurrir este año a una excepcionalidad legal diseñada para víctimas del terrorismo con el fin de ocultar su declaración de bienes a la ciudadanía.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Jácome es el único de los 27 miembros de la corporación municipal que no publica su patrimonio en el portal de transparencia.
- ¿Quién está detrás? El alcalde deposita su registro en la Diputación provincial amparándose en una cláusula de la Ley de Bases del Régimen Local.
- ¿Qué impacto tiene? El caso evidencia la debilidad de los controles de transparencia en la política local gallega y abre un debate sobre el uso abusivo de una normativa antiterrorista.
El único concejal que esconde su patrimonio
Por quinto año consecutivo, el regidor ourensano se queda solo en el club de la opacidad. Los otros 26 integrantes de la corporación —de todos los grupos políticos— ya han hecho públicos sus bienes en la web municipal. Jácome mantiene su patrimonio bajo llave sin que los vecinos de Ourense puedan fiscalizarlo.
Para sostener ese blindaje, el alcalde recurre a una polémica argucia legal: depositar el registro de sus bienes en la Diputación provincial. Se acoge así a una excepcionalidad de la Ley de Bases del Régimen Local, un artículo que históricamente sirvió como herramienta de protección para concejales y alcaldes amenazados durante los años más duros del terrorismo de ETA.
La Justicia española diseñó ese mecanismo para salvaguardar la seguridad de cargos locales en riesgo. La idea era evitar que la difusión de datos personales pudiese poner en peligro su integridad física. Pero el alcalde de Ourense lo ha convertido en un escudo perfecto para eludir el control democrático.
Jácome utiliza un instrumento legal diseñado para proteger a víctimas del terrorismo como coartada de su opacidad patrimonial.
Un escudo legal que ya nadie necesita
El uso sistemático de esta vía de protección extrema adquiere en 2026 una relevancia política especial. La maniobra legal le permite blindar sus cuentas en plena tormenta por sus ingresos privados al margen del salario institucional, su amplio volumen patrimonial —19 inmuebles, según recogía el sumario de su investigación judicial— y sus recientes y polémicas declaraciones en el pleno municipal.
Allí, Jácome aseguró que cobrará «lo que le dé la gana» mientras la Justicia no se lo impida. La frase, pronunciada ante el resto de la corporación, elevó aún más la tensión política y reabrió el debate sobre los estándares éticos en la política local gallega.
Mientras el grueso de los concejales ourensanos opta por la transparencia, Jácome elige la senda de la elusión. La ciudadanía se queda sin la posibilidad de contrastar si existe algún conflicto de intereses entre su patrimonio personal y las decisiones que adopta desde la alcaldía.
El Laboratorio Gallego
El caso de Ourense no es un episodio aislado; refleja un patrón de opacidad que se repite en otras administraciones locales de Galicia. La Ley de Bases del Régimen Local es una norma estatal, y el uso abusivo de su excepción antiterrorista puede darse en cualquier ayuntamiento español. Que un alcalde la convierta en escudo patrimonial cuando ETA dejó de matar hace más de una década es, cuando menos, una anomalía institucional que el Legislativo debería revisar.
En el tablero político gallego, la situación coloca al PPdeG —que gobierna la Diputación de Ourense— en una posición incómoda, ya que es la institución que custodia los bienes de Jácome sin que medie una amenaza terrorista real. El BNG y el PSdeG han encontrado aquí un argumento para exigir reformas normativas que impidan este tipo de subterfugios. Más allá de las siglas, la transparencia municipal se convierte en una asignatura pendiente que Galicia comparte con el resto del país. La paradoja es evidente: cuanto más se normaliza el uso de herramientas excepcionales para fines opacos, más se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Ficha del Caso
- El caso: Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, evita publicar su declaración de bienes por quinto año consecutivo amparándose en una cláusula de la Ley de Bases del Régimen Local pensada para amenazas de ETA.
- Datos importantes: 27 concejales forman la corporación; 26 publican su patrimonio. Jácome suma 19 inmuebles según un sumario judicial. Cobra ingresos privados más allá de su sueldo institucional.
- Resumen: La opacidad patrimonial del regidor ourensano, bajo el paraguas de una ley antiterrorista, evidencia las carencias de la transparencia en la política local gallega y abre un debate que trasciende a Galicia.
