El incendio forestal que se declaró el jueves en el término de Lozoyuela quedó estabilizado en la tarde del viernes tras devorar 770 hectáreas de monte bajo y pastizal. La Guardia Civil detuvo al presunto autor, un hombre de 52 años con antecedentes por incendios similares que llevaba un mechero en el momento del arresto.
Un detenido con mechero y reincidencia: ¿por qué no estaba bajo control?
Según confirmó la Delegación del Gobierno en Madrid, el detenido era un viejo conocido de los agentes forestales. Los vecinos de la zona lo señalaron a los pocos minutos de iniciarse el fuego en las inmediaciones de la Sierra Norte, lo que permitió una detención rápida. Llevaba un mechero. Casi una obviedad.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, no ocultó su malestar: “Esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre una persona que ha puesto en riesgo a ciudadanos y al monte”. El arrestado ya había sido investigado por hechos similares, lo que reabre el debate sobre la vigilancia de pirómanos reincidentes en una comunidad que este verano acumula ya varios conatos.
La Comunidad se persona como acusación popular: un gesto con calado más político que jurídico
El Ejecutivo autonómico formalizó este viernes su personación como acusación popular en el procedimiento penal. No es una medida nueva —ya se adoptó en el incendio de Miraflores de la Sierra en 2020—, pero sí encaja en un momento de máxima sensibilidad ciudadana y de presión sobre los juzgados para que endurezcan las consecuencias penales.
Mientras, en el terreno operativo, el Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) rebajó el nivel de alerta a Situación Operativa 1 y desactivó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se retiró al mediodía del viernes para atender otros frentes. Los bomberos forestales permanecen en la zona con cuatro bombas, maquinaria pesada y patrullas de vigilancia realizando tareas de remate y enfriamiento de puntos calientes.
Todas las piezas del sistema funcionaron —detención rápida, confinamientos masivos, coordinación entre administraciones— pero el incendio ya había quemado 770 hectáreas.
Lecciones de un fuego anunciado: la Sierra Norte y el riesgo que nunca desaparece
No es la primera vez que un incendio intencionado castiga esta zona. En 2020, el fuego de Miraflores de la Sierra arrasó 450 hectáreas y también terminó con un detenido; en 2012, Robledo de Chavela perdió 1.200 hectáreas en circunstancias parecidas. La repetición del patrón —veranos secos, calor extremo y la aparición de un pirómano— obliga a preguntarse si el dispositivo de prevención es suficiente.
La Comunidad de Madrid ha mejorado los protocolos: activó el nivel 2 del Plan INFOMA apenas se descontrolaron las llamas, coordinó desalojos y confinamientos de 2.000 personas y cerró al tráfico las carreteras M-126 y M-135. Además, selló un acuerdo de actuación recíproca con Toledo y Guadalajara para que los medios de cada administración puedan entrar en la provincia vecina sin esperar autorizaciones. Un avance que, paradójicamente, llega después de varios episodios de fricción entre gobiernos.
El factor humano sigue siendo el eslabón más débil. Mientras los agentes forestales rematan los rescoldos, la pregunta incómoda es cuántas hectáreas habrá que quemar la próxima vez para que la justicia imponga medidas cautelares antes de que arda el monte.
