La Comisión Europea ha confirmado esta tarde que respeta y acata las dos sentencias con las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló ayer la Ley Orgánica de Amnistía española. El comisario de Justicia, Michael McGrath, ha anunciado que el Ejecutivo comunitario no presentará recurso alguno, cerrando así la vía de impugnación directa desde Bruselas contra la norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En una rueda de prensa celebrada este viernes en Bruselas, McGrath ha señalado que la Comisión siempre respeta y acata las resoluciones del Tribunal de Justicia, y ha añadido que seguirán de cerca la evolución de los casos. El comisario ha evitado valorar el fondo de las decisiones tomadas por la Gran Sala del TJUE, que ayer dictó los primeros fallos sobre la ley de amnistía diseñada por el Gobierno español.
La reacción de Bruselas: acatamiento sin valoración del fondo
McGrath ha recordado que aún quedan otras dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía pendientes de resolución ante el TJUE, y que corresponde a los tribunales nacionales que remitieron las consultas ejecutar las decisiones del Alto Tribunal europeo. El comisario ha subrayado que la Comisión no entra a analizar si la amnistía responde a un objetivo de interés general, un aspecto que el abogado del Ejecutivo comunitario había cuestionado durante la vista celebrada hace un año en Luxemburgo.
Según el comunicado de prensa de la Comisión, el respeto a las sentencias es total, aunque el Ejecutivo comunitario mantendrá su seguimiento de la situación del Estado de derecho en España, como parte de su informe anual.
Lo que dijo el TJUE: la amnistía no vulnera el Derecho europeo
Las dos sentencias del TJUE, leídas ayer por el presidente del tribunal, Koen Lenaerts, responden al Tribunal de Cuentas —por la responsabilidad contable del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el ‘procés’— y a la Audiencia Nacional —por el delito de terrorismo investigado contra los Comités de Defensa de la República (CDR)—. El tribunal con sede en Luxemburgo concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la ley de amnistía, y que la norma tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas, facilitando un escenario de reconciliación.
El TJUE recordó que la aprobación y la aplicación de una ley de amnistía son competencia de los Estados miembros, por lo que el control del tribunal se limita a identificar problemas de tutela judicial que presenten carácter sistémico y a verificar el respeto de las normas comunitarias, como la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo. En este caso, no se ha encontrado vulneración alguna.
El TJUE ha dejado claro que la amnistía es un mecanismo legítimo de pacificación política, siempre que no exista un falllo sistémico en la tutela judicial efectiva.
El impacto para España: vía comunitaria cerrada pero con flecos pendientes
La decisión del TJUE y el acatamiento de la Comisión suponen un espaldarazo jurídico para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que seguirá defendiendo la constitucionalidad de la ley en todos los ámbitos. Sin embargo, el fallo no implica la automática aplicación de la amnistía en todos los procedimientos: los tribunales nacionales que elevaron las cuestiones prejudiciales deberán ahora interpretar el alcance del perdón en cada causa concreta, a la luz de lo dicho por Luxemburgo.
Además, las dos cuestiones prejudiciales aún pendientes podrían matizar el criterio del TJUE, aunque la doctrina sentada ayer parece consolidada. Bruselas ha descartado recurrir ante el propio TJUE, por lo que la única vía de oposición a la ley en el ámbito comunitario queda en manos de los tribunales españoles que aún no han elevado consulta.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Comisión Europea ha anunciado que acata las dos sentencias del TJUE que avalan la Ley de Amnistía, cerrando cualquier recurso comunitario directo.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El comisario de Justicia Michael McGrath, la Comisión Europea, el TJUE, el Gobierno español y los tribunales nacionales que elevaron las cuestiones prejudiciales (Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional).
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Corresponde a los tribunales españoles aplicar el fallo en cada procedimiento concreto, mientras la Comisión mantiene su seguimiento del Estado de derecho.
