La postura de Vox: silencio estratégico ante un choque entre administraciones
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, no ha hecho declaraciones sobre las coacciones al general Fernando Mora. Sus últimas publicaciones en redes sociales están dedicadas a asuntos de alcance nacional: ha difundido mensajes de Santiago Abascal sobre inmigración ilegal y del eurodiputado Jorge Buxadé criticando la política del PP en Gibraltar. Este silencio no es casual. Según fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, la dirección de Vox considera que el episodio del Dos de Mayo responde a un conflicto entre administraciones —la central y la autonómica— en el que no desean ser utilizados como ariete ni como comparsa.
La estrategia es consistente con el discurso de Abascal, que insiste en no desgastarse en batallas ajenas mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue cediendo ante Junts y diluyendo competencias del Estado. Vox prefiere mantener el foco en lo que considera urgencias reales para los españoles: seguridad, control migratorio y defensa de la soberanía. En ese tablero, las coacciones a un mando de la Guardia Civil se leen, desde Bambú, como un episodio más de la guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Moncloa, no como un ataque al Estado de derecho que obligue a un pronunciamiento urgente.
Vox evita responder a un envite que enmarca en la pugna entre Ayuso y Sánchez, mientras concentra su artillería en la agenda nacional.
El PP de Ayuso exige un pronunciamiento «claro e inequívoco»
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, liderado por Carlos Díaz Pache, emitió este viernes un comunicado en el que redobla la presión sobre todos los partidos de la oposición, con especial mención a Vox. El texto califica de «extraordinaria gravedad» las informaciones de ABC que detallan las presiones del Gobierno al general Mora para boicotear los actos institucionales de la Comunidad de Madrid el pasado 2 de mayo.
Los populares vinculan este episodio a una cadena de «anormalidades»: la condena del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y el veto al desfile militar en la festividad regional. «El Gobierno central está vulnerando el principio de neutralidad institucional, erosionando su legitimidad, comprometiendo gravemente la separación de poderes y destruyendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones», advierte el comunicado.
La formación de Ayuso pide a Vox, PSOE y Más Madrid que se sumen a tres exigencias concretas: apoyo institucional a la Comunidad frente a cualquier intento de menoscabar su autonomía; defensa de los símbolos del Dos de Mayo y recuperación de la participación de las Fuerzas Armadas; y rechazo a la instrumentalización de la Guardia Civil, con exigencia de dimisiones de la directora general del Instituto Armado y del ministro del Interior.
El comunicado del grupo parlamentario se suma al emitido el jueves por el propio Gobierno de Ayuso y a las declaraciones del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que ya había instado a los partidos a condenar «este escándalo». Sin embargo, al cierre de esta edición, ningún portavoz de la oposición —incluida Moñino— se había pronunciado.
Especialmente llamativo es el mutismo de Vox, toda vez que no es socio del Gobierno de Sánchez en el Congreso y podría haberse desmarcado sin coste. El PP interpreta el silencio como una forma de equidistancia que beneficia al Ejecutivo central.
Qué busca el PP con esta ofensiva y cómo afecta a Vox
La maniobra del PP de Ayuso tiene un doble objetivo. Por un lado, intenta aislar a Vox en la Asamblea, presentándolo como cómplice pasivo de las extralimitaciones del Gobierno contra Madrid. Por otro, busca que la formación de Abascal se retrate en un asunto de fuerte carga simbólica para el electorado madrileño, que puede pasar factura en futuras citas electorales.
Fuentes populares consultadas por esta redacción admiten que la presión se mantendrá «hasta que Vox se moje». La dirección de Vox, en cambio, considera que el movimiento está diseñado para arrastrarles a un terreno pantanoso y desgastarles ante sus bases, que en Madrid comparten espacio electoral con el PP. No obstante, los de Abascal confían en que su electorado premie la coherencia de no entrar en luchas que consideran «ajenas» mientras el país afronta desafíos más graves.
El riesgo para Vox es que su silencio sea interpretado como falta de firmeza en la defensa de las Fuerzas de Seguridad, un ámbito tradicionalmente cercano a sus postulados. La formación tendrá que medir hasta cuándo puede mantener la estrategia de no responder sin que el PP capitalice el desgaste. La próxima sesión de control en la Asamblea, prevista para septiembre, será probablemente el escenario en el que el Grupo Popular vuelva a la carga.
