EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha presentado este viernes su propuesta de reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS), que amplía los derechos gratuitos hasta 2038 y suaviza el recorte anual de CO2.
- ¿Quién está detrás? La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera y los comisarios Wopke Hoekstra (Clima) y Dan Jørgensen (Energía) han defendido un enfoque más favorable a las empresas, tras meses de presiones de la gran industria y de países como Italia y los del Este.
- ¿Qué impacto tiene? La propuesta aliviará la presión sobre 14 sectores industriales, pero divide el bloque: España y los nórdicos la consideran un retroceso en la ambición climática. El debate aterrizará en el Parlamento Europeo y en el Consejo los próximos meses.
La Comisión Europea ha cedido este viernes a la presión de la gran industria. La revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa amplía los derechos gratuitos hasta 2038 y reduce la velocidad de recorte de CO2 respecto a lo previsto.
El resultado es una regla que maquilla la realidad: las plantas industriales podrán emitir más toneladas y durante más años. La propia institución lo admite: la revisión «aliviará la presión sobre la industria». La cuestión es si la flexibilidad que otorga —unos 6.000 millones de euros extra en margen para las compañías entre 2026 y 2030, según cálculos de la Comisión— vale la pena a cambio de una descarbonización más gradual.
La propuesta revisa el Factor de Reducción Lineal (LRF), el porcentaje anual con el que la UE recorta el límite de emisiones permitidas. La senda original exigía un 4,3% anual entre 2024 y 2027, que subiría al 4,4% en 2028. Ahora se plantea un 3,7% anual entre 2031 y 2035, y un 1,7% entre 2036 y 2040. Traducción práctica: el horizonte en el que el mercado de carbono llegará a cero se aplaza, técnicos comunitarios sitúan la fecha final en algún punto entre 2046 y 2048, frente al escenario que apuntaba a 2040‑2045.
El nuevo diseño introduce además 4.000 millones de derechos gratuitos adicionales para 14 industrias —químicos, refinerías, entre otras— en el periodo 2026‑2030. La condicionalidad es la gran baza que Bruselas exhibe: las empresas recibirán el 80% de los derechos de forma automática, pero el 20% restante solo se liberará cuando hayan ejecutado inversiones reales en descarbonización. «No es efectivo gratuito», insistió Hoekstra. «El 100% de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa».
El 20% de los derechos que Bruselas retiene será el verdadero test: sin inversión verificada, las empresas se quedarán sin esos créditos.
Una España en bloque opositor y el temor al dumping climático
España y los países nórdicos han sido los primeros en marcar distancia. La vicepresidenta Ribera, que en el plano teórico defiende la revisión, se enfrenta ahora al reto de conciliar el discurso oficial con la posición del Gobierno español, que ve en esta flexibilización un paso atrás. La tensión es doble: por un lado, porque debilita la señal de precio del carbono justo cuando la UE necesita atraer inversiones limpias; por otro, porque abre la puerta a que la industria europea pierda competitividad si los recortes llegan más tarde que en otras potencias.
El dato que Moncloa maneja es que el índice de electrificación de la economía española se sitúa en el 22,4%, y un ETS rebajado puede desincentivar precisamente ese salto. La Comisión, sin embargo, intenta compensar con un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040 que, según sus estimaciones, ahorraría 260.000 millones de euros anuales en importaciones de combustibles fósiles.
La pugna está lejos de cerrarse. El Parlamento Europeo tendrá que pronunciarse y los Veintisiete iniciarán una negociación en la que el eje del sur —España, Italia, Portugal, Grecia— y el de los países frugales y nórdicos medirán fuerzas con el bloque del Este, muy presionado por las industrias pesadas.
El Eje del Poder Europeo
La revisión del ETS es la crónica de una cesión anunciada. Italia y los países del Este llevaban meses alertando de que una senda de descarbonización demasiado estricta pondría en riesgo miles de empleos industriales. La Comisión, con el precedente de las protestas agrícolas de 2024 y el temor a una nueva fractura con el flanco oriental, ha optado por rebajar la ambición climática a cambio de mantener la cohesión interna.
España, que en 2022 se posicionó como paladín de un Green Deal acelerado, se enfrenta a un dilema: o cede ante la nueva propuesta y acepta que el bloque se desplace hacia un pragmatismo que prima la competitividad a corto plazo, o mantiene la presión junto a los nórdicos y arriesga el aislamiento en un Consejo donde el eje franco‑alemán aún no ha desvelado su carta definitiva. Berlín, atrapado entre la subida de costes energéticos y su compromiso climático, podría ser el fiel de la balanza.
El fondo del debate, y lo que Moncloa y los demás gobiernos saben, es que una rebaja del LRF no solo aplaza la descarbonización; también manda una señal al mercado de que la UE está dispuesta a modular su principal herramienta climática cuando aprietan las presiones industriales. Si el Parlamento Europeo o un grupo de países puede bloquear la reforma es la pregunta que se harán en Bruselas los próximos meses.
Penalización por fuga y el turno de otros sectores
La propuesta incluye una cláusula de penalización: si una empresa decide abandonar territorio europeo, deberá devolver el valor de los derechos gratuitos recibidos. Es un intento de atajar el dumping climático sin mencionarlo. También se incorporan nuevos sectores al ETS, aunque con un calendario más lento: la incineración de residuos entrará gradualmente entre 2031 y 2034, con posibilidad de exclusiones nacionales temporales; la aviación amplía el alcance a vuelos de hasta 5.000 kilómetros que aterricen en suelo europeo a partir de 2029, con exenciones para conexiones ultraperiféricas como la ruta Madrid‑Canarias; y el sector marítimo recibirá 110 millones de derechos de emisión entre 2028 y 2040 para impulsar combustibles alternativos avanzados.
El Banco para la Descarbonización Industrial, dotado con 100.000 millones de euros, y la exigencia de que los Estados miembros inviertan el 50% de los ingresos nacionales del ETS en descarbonización son las otras patas del plan. La Comisión confía en que ese volumen de inversión antes de 2030 compense la señal de debilidad que envía la rebaja del LRF. La realidad es que el tiempo dirá si la condicionalidad 80/20 funciona o si, como temen los países sureños y nórdicos, la industria acaba por no cumplir.
