El Ararteko ha recomendado a la Ertzaintza que limite la difusión del lugar de origen de las personas detenidas, investigadas o víctimas de delitos en sus notas de prensa, salvo que el dato resulte “esencial para contextualizar” una información de relevancia pública. La resolución, emitida de oficio por el Defensor del Pueblo vasco y hecha pública el viernes, advierte de que publicar ese tipo de datos de manera generalizada puede generar asociaciones “injustificadas” entre inmigración y delincuencia.
El organismo que dirige Mikel Mancisidor abrió el expediente tras constatar que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco había modificado su política de comunicación. Bajo la dirección del consejero Bingen Zupiria, del PNV, la Ertzaintza comenzó a incorporar en sus informaciones diarias referencias al género, la edad y la procedencia geográfica de los implicados, así como la existencia de antecedentes penales. Lo hizo, entre otros canales, a través de su canal de Telegram y del portal Irekia.
Qué dice la resolución del Ararteko
La resolución recuerda que la difusión de datos individuales sobre hechos delictivos, cuando se ofrece sin contexto, puede contribuir a crear o reforzar estereotipos y prejuicios hacia determinados colectivos. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, señala el texto.
El Ararteko valora la transparencia institucional pero subraya que las notas de prensa policiales deben evitar referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información. Añade que la decisión de publicar el dato de origen exige “en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados”.
En esa línea, el organismo propone que se limite a supuestos en los que el conocimiento del origen sea esencial para contextualizar un hecho con relevancia pública, para luchar contra los estereotipos o para contribuir a otros fines legítimos, como la lucha contra los bulos.
Los argumentos del Departamento de Seguridad
El equipo de Zupiria remitió un informe en el que defiende el cambio de criterio. Sostiene que hasta ahora la ausencia de ese dato no impedía que algunos medios lo obtuvieran por su cuenta y lo difundieran, mientras otros no podían decidir con toda la información. “Facilitar directamente los datos de que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información”, argumenta el documento.
El Ararteko abrió el expediente tras comprobar que la Ertzaintza había empezado a publicar el origen de los detenidos en sus comunicaciones habituales.
El informe también alude a cambios sociológicos profundos, con un incremento de ciertos tipos delictivos y una mayor preocupación social por la seguridad. “Corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones mediante la acción institucional”, recoge la respuesta. Añade que la información se ofrece de manera homogénea para todas las nacionalidades, incluidos los detenidos vascos o de nacionalidad española, con el fin de evitar fijar la atención en ninguna en concreto.
El Departamento también destaca que la publicación trimestral de tablas estadísticas con el origen de los detenidos responde a un “profundo cambio sociológico y demográfico” en Euskadi. Insiste en que la realidad informativa de 2025 —con nuevos canales y redes en los que a menudo no se identifica la fuente— exige un modelo de transparencia activo que impida los bulos.
Una advertencia con precedentes
La institución que preside Mancisidor ya se había pronunciado sobre esta cuestión en 2011. En su recomendación general 7/2011 expresó su preocupación por el tratamiento inadecuado de la información policial y su posible impacto en la imagen de la población inmigrante. Entonces, instó a los cuerpos policiales a tomar conciencia de su condición de fuente informativa y a elaborar códigos de conducta propios.
El debate no es nuevo. En los últimos años, otros cuerpos policiales locales, como la Policía Municipal de Donostia-San Sebastián, también han difundido datos sobre el origen de los detenidos. La resolución del Ararteko llega en un momento en que el equilibrio entre transparencia, lucha contra la desinformación y protección frente a estereotipos ocupa un lugar central en la agenda institucional vasca.
Desde la perspectiva del Ararteko, el objetivo es que la información policial no contribuya de forma involuntaria a reforzar ideas preconcebidas. Por su parte, el Gobierno Vasco insiste en que su política busca combatir bulos y proporcionar a los medios datos completos y homogéneos que permitan un tratamiento responsable.
La recomendación no tiene carácter vinculante , pero supone una señal de la institución que vela por los derechos de la ciudadanía vasca. El consejero de Seguridad deberá ahora valorar si ajusta o no el protocolo de comunicación de la Ertzaintza a las indicaciones recibidas.
