En las últimas semanas una cosa esta dejando bastante clara el Partido Popular (PP). Ese tema no es otro que la protección y las medidas para incentivar el crecimiento y la restauración una clase media potente. Con todas las dificultades que implican definir y conocer a fondo que es la clase media en nuestro país desde las filas populares han propuestos una serie de medidas, concretamente 10, para revertir esa situación bajo el lema «No hay país próspero sin clase media«. Y con un objetivo claro, el problema social que supone el acceso a la viviendo, algo que se agudiza cada días.
Bajo este principio, se plantean una serie de medidas urgentes de carácter económico, fiscal y administrativo que buscan aliviar la presión sobre hogares, autónomos y pequeñas empresas, al tiempo que se refuerzan políticas públicas clave como el acceso a la vivienda.
En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid activa nuevas iniciativas para responder a una realidad cada vez más evidente: miles de ciudadanos con ingresos medios quedan fuera tanto del mercado libre como de las ayudas tradicionales.
Auditoría del gasto y reforma fiscal para aliviar a los contribuyentes
Uno de los pilares fundamentales pasa por la puesta en marcha de una auditoría completa del gasto público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y detectar posibles ineficiencias. Este análisis serviría como base para una reordenación de prioridades que permita optimizar los recursos del Estado.
En materia fiscal, destaca la propuesta de actualizar el IRPF conforme a la inflación, una medida que pretende evitar que los contribuyentes pierdan poder adquisitivo de forma indirecta. Además, se contempla la devolución inmediata de parte de lo recaudado en exceso durante los últimos años, junto con un compromiso de restitución progresiva a lo largo de la legislatura. Este enfoque busca corregir lo que se considera una sobrecarga fiscal derivada de la falta de adaptación del sistema tributario al contexto inflacionario.
Vivienda asequible: una respuesta a la exclusión de las rentas medias
En el ámbito local, el Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso significativo con la creación de un programa específico para facilitar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a las rentas medias. Esta iniciativa, impulsada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), responde a una problemática creciente: personas con empleo estable y salarios medios que no pueden acceder al mercado inmobiliario en condiciones actuales.
La vicealcaldesa Inma Sanz ha subrayado que la política de vivienda debe adaptarse a estos perfiles intermedios para fomentar la emancipación, la movilidad social y la estabilidad residencial. Hasta ahora, los programas existentes estaban dirigidos principalmente a rentas más bajas, dejando fuera a un segmento clave para el equilibrio económico y social de la ciudad.
Nuevas promociones y ampliación de criterios de acceso
El nuevo programa permitirá que personas con ingresos superiores a 3,5 veces el IPREM, pero dentro de ciertos límites, puedan acceder a viviendas públicas. En concreto, se establecen umbrales que pueden alcanzar hasta 5,5 o 7,5 veces el IPREM, dependiendo de la promoción.
La primera actuación bajo este modelo será la promoción Iberia Loreto 1, ubicada en el distrito de Barajas. Este proyecto, financiado íntegramente con inversión municipal, cuenta con 52 viviendas y ha sido construido mediante sistemas industrializados en madera, lo que ha permitido reducir significativamente los plazos de ejecución.
Además, el programa mantiene la compatibilidad con los sistemas tradicionales de adjudicación, de modo que no se excluye a las rentas más bajas, sino que se amplía el espectro de beneficiarios. Esta estrategia pretende evitar la exclusión residencial de una parte importante de la población activa.
Requisitos estrictos para garantizar el buen uso de la vivienda pública
El acceso a estas viviendas estará condicionado por una serie de requisitos que buscan garantizar la equidad y el uso responsable de los recursos públicos. Entre ellos, se exige tener entre 18 y 50 años, acreditar un periodo mínimo de empadronamiento en Madrid y no ser propietario de otra vivienda en territorio nacional.
Asimismo, se establecen criterios más estrictos en materia de convivencia y legalidad. No podrán participar en los procesos de adjudicación aquellas personas que hayan sido condenadas por ocupación ilegal o por impago de rentas, ni quienes hayan protagonizado conflictos de convivencia en los últimos años. Con ello, se pretende reforzar la seguridad jurídica y la convivencia en las promociones públicas.
Desregulación, energía e infraestructuras: claves para el crecimiento
Más allá de la vivienda, el paquete de medidas urgentes incluye un ambicioso plan de desregulación y simplificación administrativa, apoyado en la digitalización y el uso de inteligencia artificial. El objetivo es reducir plazos, costes y cargas burocráticas, especialmente para pymes y autónomos. Bajo el principio de “una nueva norma, tres eliminadas”, se busca facilitar la actividad económica y fomentar la iniciativa empresarial.
También se plantea la implantación del silencio administrativo positivo y la generalización de declaraciones responsables, lo que permitiría agilizar la puesta en marcha de proyectos sin necesidad de largos procesos administrativos.
En el ámbito energético, se propone la derogación del calendario de cierre nuclear y un plan de choque para mejorar las redes y accesos, con el fin de desbloquear proyectos industriales y energéticos actualmente paralizados. A esto se suma la futura eliminación del impuesto de generación eléctrica una vez amortizada la deuda tarifaria.
Por último, se contempla un plan de emergencia para la restauración de infraestructuras esenciales, incluidas las hídricas, así como una reforma del sistema de financiación autonómica basada en principios de solidaridad, suficiencia financiera y cohesión territorial.
En conjunto, estas iniciativas dibujan una estrategia integral orientada a reforzar la clase media como motor económico y social, combinando reformas estructurales con políticas concretas que buscan mejorar la calidad de vida y las oportunidades de millones de ciudadanos.
