Durante años, la sanidad fue el gran emblema, el gran orgullo de Navarra. Un elemento casi identitario del modelo foral, presentado dentro y fuera de la Comunidad como una de sus principales fortalezas.
En los informes de calidad, en el Barómetro Sanitario y en la percepción ciudadana, el sistema navarro aparecía recurrentemente en la parte alta de la tabla, consolidando la idea de una sanidad pública eficaz, cercana y bien valorada.
En 2016, esa imagen alcanzó uno de sus puntos más altos. Navarra obtuvo una valoración ciudadana de 7,38 sobre 10, la más alta del Estado según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. No solo destacaba la percepción general, sino también indicadores concretos como la rapidez en atención primaria o la gestión de las especialidades. En aquel momento, los sistemas sanitarios forales ejercían como referencia en varios informes de calidad asistencial. Una década después, el panorama es sensiblemente distinto.
En 2026, Navarra obtiene una puntuación de 6,09 en el mismo barómetro, lo que la sitúa en el puesto 13 del conjunto de comunidades autónomas. Más allá del dato global, el cambio más significativo está en la percepción ciudadana de las listas de espera, uno de los indicadores que más erosiona la confianza en el sistema.
Pese a lo cual, fuentes sanitarias explican a MONCLOA.com que esa encuesta apenas cuenta con 35 entrevistados, y que la que realiza la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública muestra otros parámetros.
«Es cierto que en los últimos 15 años ha caído la calidad de la sanidad navarra, pero seguimos muchísmo mejor que en otras comunidades. Si hubiese estudios homogéneos en todas las regiones, Navarra volvería a salir entre las primeras», añaden.
Las citadas fuentes creen que «la campaña de UPN, el Sindicato Médico y Diario de Navarra contra el sistema sanitario está calando. No todo en la sanidad son las listas de espera, que pueden pervertirse con ‘trampas estadísticas'», explican.
«Los gobiernos de UPN tras la crisis de 2008 realizaron sangrantes recortes que todavía hoy estamos pagando: echaron a alrededor de 2.000 personas eventuales y el presupuesto pasó de más de 1.000 millones de euros a poco más de 850, y los posteriores gobiernos progresistas han revertido poco a poco estos tijeretazos», explican.
Se da la paradoja que estos recortes fueron ejecutados por un equipo cocapitaneado por la hoy presidenta de Unión del Pueblo Navarro y entonces directora general de Salud Cristina Ibarrola, que intenta erigirse como azote sanitario del Gobierno de María Chivite.
PROBLEMAS PARA CHIVITE
Algunos problemas del pasado no están siendo encauzados por el Gobierno de Navarra que lidera la socialista María Chivite. En la merindad de la Ribera, por ejemplo, la falta de médicos en el Hospital de Tudela —que acaba de cumplir 40 años— se ha convertido en una preocupación constante. La falta de un médico en la villa de Fitero o el intento de quitar las urgencias rurales en municipios como Fustiñana, también han generado protestas vecinales y municipales.
El problema de la sanidad en Navarra no se limita a grandes centros hospitalarios, sino que se extiende a la estructura territorial del sistema. La cobertura en zonas rurales, el relevo de profesionales y la planificación de recursos humanos se han convertido en uno de los principales retos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
En este contexto, la percepción de deterioro se alimenta tanto de la falta de profesionales como de la sensación de distancia creciente entre el sistema y la ciudadanía.
‘MARRÓN’ POLÍTICO
Este cambio de ciclo ha tenido también un reflejo directo en la política. La sanidad ha pasado de ser un ámbito de competencia deseado por los partidos a convertirse en un auténtico «marrón político», una cartera compleja, de alto desgaste y con escaso rédito electoral.
En la última negociación para la conformación del Gobierno foral, el PSN-PSOE evitó asumir la Consejería de Salud y optó por dejarla en manos de Geroa Bai, que ya la había tenido en su órbita entre 2015 y 2019. La responsabilidad recayó de nuevo en Fernando Domínguez, que ha intentado equilibrar la presión asistencial con las demandas políticas y sindicales.
Su gestión se centra, según fuentes del propio sistema sanitario, en «rebajar listas de espera» y evitar que los problemas estructurales se traduzcan en titulares negativos. Sin embargo, incluso dentro del sector se reconoce la dificultad de avanzar sin una reforma profunda del modelo organizativo. Uno de los puntos más controvertidos del debate reciente es el Área Única de Salud. La medida, que permitiría la movilidad de profesionales sanitarios por todo el territorio foral, ha generado resistencias sindicales y debates internos.
Para algunos, puede mejorar la eficiencia del sistema; para otros, puede suponer una pérdida de estabilidad para los profesionales y un riesgo de desequilibrio territorial en la atención. En paralelo, el Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con EH Bildu para desbloquear la nueva Ley Foral de Salud.
El pacto ha permitido avanzar en un proyecto que llevaba meses estancado y que ahora seguirá su tramitación parlamentaria con el objetivo de ser aprobado antes del verano. Uno de los puntos clave del acuerdo es el mantenimiento de la naturaleza jurídica de Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública, que seguirán siendo organismos autónomos adscritos al departamento de Salud.
Este aspecto era especialmente relevante en el debate político y sindical, ya que una de las propuestas iniciales del Ejecutivo contemplaba la transformación de Osasunbidea en un ente público empresarial, lo que fue interpretado por las centrales como una posible vía de privatización encubierta. La retirada de esa opción ha permitido desatascar la negociación, aunque no ha eliminado todas las tensiones.
El Área Única se implanta en la nueva ley, pero con la condición de que las condiciones de movilidad del personal sean negociadas con los sindicatos, especialmente en lo relativo a compensaciones económicas y organización del trabajo.
Además, se introducen mecanismos de control parlamentario sobre los convenios singulares, una herramienta que permite concertar determinados servicios con entidades sin ánimo de lucro y que ha sido objeto de debate sobre su transparencia y alcance. En 2025, otro movimiento relevante fue la puesta en marcha de la sociedad pública Bidean, encargada del transporte sanitario en Navarra gracias al impulso de Euskal Herria Bildu.
La empresa asumió progresivamente las funciones que antes desempeñaban compañías privadas, en un proceso de transición que buscaba garantizar la continuidad del servicio. Este cambio se interpretó como un paso hacia una mayor gestión pública directa de un servicio esencial, aunque también generó debates sobre la capacidad organizativa del sistema.
A pesar de estos movimientos, Navarra sigue manteniendo un peso significativo de la gestión privada en el ámbito sanitario, con conciertos y colaboraciones con entidades de diversa naturaleza, algunas de ellas históricamente vinculadas a redes asistenciales del ámbito religioso como el Opus Dei. Esta coexistencia entre lo público y lo concertado sigue siendo uno de los elementos más discutidos del modelo.
En este contexto, algunos análisis sindicales, como los de ELA, apuntan a una conclusión más amplia: el cambio político iniciado hace más de una década en Navarra tras la salida del Gobierno de UPN ha tenido avances en el plano cultural, lingüístico o simbólico, pero no ha logrado transformar en profundidad las estructuras económicas y sociales. En sanidad, educación o vivienda, las brechas se mantienen o incluso se han ampliado.
