Julio ‘Julito‘ Martínez Martínez, el empresario señalado por el juez instructor del Caso Plus Ultra como el principal testaferro en los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a dos dudas claves en su estrategia defensiva y dependerá de la declaración el próximo 2 de junio del ex presidente del Gobierno, para decidir si adopta una u otra estrategia para evitar una importante condena. Todo ello suponiendo que Zapatero no logré retrasar su declaración y que su nueva abogada, María Dolores Márquez, no haya iniciado ya acercamientos a la Fiscalía Anticorrupción.
El empresario alicantino fue detenido en diciembre y hasta el momento no ha prestado declaración ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Si decide declarar -puede acogerse a su derecho a no hacerlo porque está imputado- solo tiene dos posibilidades, o niega todas las acusaciones, a pesar de las pruebas del sumario u opta por la ‘vía Aldama’, una confesión de todos o algunos de los hechos que le libre de una condena larga.
Martínez podría optar por un desmarque puramente defensivo si las transferencias recibidas y enviadas a otros países resultan difíciles de justificar ante el juez Calama. O, por el contrario, podría reforzar la idea de que se trataba de trabajos legítimos de consultoría en los que el ex presidente aportaba su prestigio internacional sin ningún fin ilícito. Ambas estrategias son perfectamente posibles, pero excluyentes. Nadar y guardar la ropa va a ser complicado en esta causa.
El ex presidente lo tiene más fácil, solo puede defender su inocencia, cualquier otro escenario sería lesivo tanto a él como al partido socialista, cuya imagen ha representado a nivel internacional desde que dejó la presidencia del Gobierno en 2011.
La mecánica de los hechos es compleja. El auto del juez, entregado en mano a Zapatero en su domicilio, le sitúa al frente de una trama que habría obtenido contratos gracias a su intermediación.
Los indicios contra Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, parecen siempre relacionados con su papel instrumental: «emerge en la investigación como una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades -principalmente Plus Ultra, pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva-, hacia personas del entorno de la red organizada, especialmente José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav», recoge el auto judicial.
Conversaciones del «lacayo» de Zapatero
En la siguiente página el juez vuelve a hablar de una de las empresas representadas por Martínez, Idella Consulenza Strategica SL: «desempeña un papel central en la estructura analizada, actuando como eje societario desde el cual se articulan las operaciones presuntamente destinadas a desviar al extranjero los fondos derivados del contrato suscrito con la aerolínea Plus Ultra».
Luego añade inmediatamente el juez Calama que «su intervención (Idella) se manifiesta en tres planos: como beneficiaria del contrato con Plus Ultra que generaría un ingreso de 530.000 euros, como sociedad matriz de las entidades creadas en Dubái, cuya titularidad íntegra ostentaría, y como pieza instrumental para desviar al extranjero los fondos derivados del contrato, evitando su percepción en España mediante el uso de sociedades radicadas en la zona franca de Dubái».
A este respecto el auto señala que «la secuencia temporal -contrato con Plus Ultra, reunión para constituir la filial y posterior elaboración del plan de negocio-, apunta a que Idella Consulenza Strategica habría sido utilizada como vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero».
El problema para Julio Martínez es grande, pues aparece en innumerables conversaciones de whatsapp con otros miembros de la trama, incluso uno de ellos lo califica como el «lacayo» de Zapatero. Martínez tiene complicado eludir la acusación de la Fiscalía y de las acusaciones populares.
El auto recoge que «los indicios recabados muestran que los clientes de la red -entre ellos administradores de sociedades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Sofgestor- abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez. Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.
El 17 de mayo de 2020 el director financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli, informaba a Martínez de los «problemas económicos que presenta la aerolínea y comienza a hablar sobre la reestructuración de los contratos que tiene con los arrendadores financieros (…) y que precisan financiación por un importe de 15 millones de euros», según refleja el auto.
Justo al día siguiente, razona el juez, «Roberto Roselli manifiesta a Rodolfo Reyes no hablar directamente con Zapatero sino con su `lacayo’ Julio Martínez (…). Rodolfo Reyes: «Vas a estar en la conversación con Zapatero? Roselli: No con el directo. Hablo con un lacayo (…) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida».
El tráfico de influencias
El PSOE se enfrenta ahora a las declaraciones de los imputados, si es que deciden defenderse ante el juez, porque alguno puede señalar a Zapatero no como empresario común, sino como enviado de la Internacional Socialista o del propio PSOE.
Esto se traduce en las declaraciones de líderes socialistas de, desde una defensa a ultranza inicialmente, se han ido transformando en declaraciones más tibias. Como la de los socios de gobierno, que ya reclaman directamente que Zapatero debería dar explicaciones más contundentes.
Rodríguez Zapatero sería el primer presidente del Gobierno español sometido a una investigación judicial y un posterior juicio si se confirman las acusaciones del auto judicial. En el proceso tendría poco que ganar y mucho que perder, y mucho más si su «lacayo», Julio Martínez, decidiese contar al juez su relación empresarial con el ex presidente del Gobierno.
