El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha acordado el bloqueo de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. La medida cautelar acordada por el instructor atiende al requerimiento que efectuó en este sentido la UDEF, unidad policial que investiga el caso, que atribuye al expresidente del Gobierno el cobro de mordidas por valor de casi 2 millones de euros. Las cuentas han sido bloqueadas solo parcialmente, dejando libres algunos fondos para realizar pagos recurrentes de los gastos habituales.
Se ha acordado restringir parcialmente el uso de las cantidades depositadas en las cuentas del ex presidente socialista hasta una cantidad determinada, no todas las cuentas por completo, una medida que también afecta a otros productos bancarios de la trama y de otras personas imputadas. El bloqueo no impedirá, no obstante, que sus titulares puedan seguir afrontando gastos básicos, como el pago de hipoteca, agua, luz o gastos de manutención, por ejemplo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 señaló en un auto del pasado martes al ex secretario general del PSOE como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El juez señala que la trama se sirvió de los «contactos institucionales y empresariales de alto nivel» del expresidente para beneficiarse del cobro de comisiones ilegales.
Zapatero era el «vértice» de una red con lazos internacionales que se apoyó sobre la creación de un entramado societario complejo, «nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real» con el objetivo de blanquear los fondos de origen ilícito. Según el juez, el histórico líder socialista se encontraba en la cúspide de una trama criminal compuesta por un «núcleo operativo personal» que actuaba bajo sus órdenes y canalizaba sus beneficios. Es aquí donde aparece como actor necesario la figura de Julio Martínez Martínez, amigo y colaborador del ex secretario general del PSOE, también imputado en la causa.
El juzgado levantó el secreto de sumario el pasado martes, tras citar a Zapatero para declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Asimismo, Calama ordenó la entrada y registro en el despacho oficial de Zapatero, ubicado en la calle Ferraz en frente de la sede socialista, y en las empresas de sus hijas Laura y Alba, Whathefav, presuntamente favorecida en el pago de las comisiones ilegales.
Las pesquisas judiciales gravitan en torno al rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros y el cobro de mordidas vinculado a esta millonaria operación.
Zapatero habría acabado cobrando en torno a medio millón (530.000 euros) bajo el pretexto de la realización de asesorías escritas y verbales. A su vez, sus hijas percibieron más de 200.000 euros de Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martinez, por supuestas labores de marketing comercial en una de sus empresas.
Sin embargo, el juez Calama sostiene que estas operaciones encubrían realmente el cobro de comisiones a cambio de gestiones del líder socialista ante el Gobierno que preside Pedro Sánchez para lograr el rescate de la compañía aérea.
El ex presidente Zapatero sigue negando, a pesar del contenido del auto judicial que acuerda su citación como imputado el próximo 2 de junio, que haya intercedido ante autoridad o funcionario público alguno por el rescate de Plus Ultra.
