El Gobierno central y la Generalitat sellaron este miércoles en Madrid un acuerdo de calado para crear una sociedad mercantil estatal de inversiones con la que se pretende agilizar la ejecución de infraestructuras en Cataluña. La fórmula, cerrada en el seno de la Comisión Bilateral Generalitat‑Estado, aspira a corregir la baja ejecución presupuestaria crónica que arrastra la comunidad y a dar cobertura financiera estable a proyectos largamente reclamados, como la línea orbital ferroviaria. El pacto incluye también la reestructuración del Consorcio de la Zona Franca y otros flecos del acuerdo presupuestario con ERC.
Según ha adelantado Crónica Global, los consellers de Territori, Sílvia Paneque, y de Economia i Finances, Alícia Romero, rubricaron el texto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La sociedad tendrá participación paritaria del Estado y de la Generalitat y se constituirá como una entidad autónoma de derecho privado, diseñada para sortear los cuellos de botella que lastran la inversión pública cuando se canaliza a través de los presupuestos generales. En la práctica, se convierte en un instrumento bilateral que el Govern llevaba dos ejercicios negociando con Moncloa.
La línea orbital ferroviaria, el proyecto emblema
El gran proyecto que se beneficiará de esta nueva herramienta es la llamada línea orbital ferroviaria, un trazado de circunvalación que debe unir Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa y Martorell con Vilanova i la Geltrú, evitando el paso por Barcelona. La obra lleva décadas sobre el papel y, según fuentes del Departament de Territori, podría empezar a licitarse por tramos a partir de 2027 si la sociedad estatal comienza a operar sin demora. La financiación comprometida se estima en alrededor de 1.200 millones de euros para la primera fase, aunque el coste total de todo el anillo ronda los 3.500 millones.
Junto a la orbital ferroviaria, el acuerdo prevé un paquete de actuaciones en la red viaria, como la mejora de los accesos al Puerto de Barcelona y la ampliación de carriles en la AP‑7 a la altura del Vallès. Son obras que, una a una, figuraban en los anexos de inversión de los sucesivos presupuestos, pero que apenas alcanzaban el 60 % de ejecución real, un dato que la propia Generalitat viene denunciando año tras año ante el Ministerio de Hacienda.
Déficit inversor y reestructuración del Consorcio de la Zona Franca
La creación de la sociedad mercantil no es un hecho aislado. Responde a la necesidad de revertir un déficit histórico en infraestructuras que las patronales catalanas sitúan en más de 10.000 millones de euros desde la crisis financiera. El nuevo ente permitirá que la Generalitat codecida directamente los calendarios y la contratación, reduciendo el margen de desviaciones que habitualmente provoca la gestión centralizada. “No es una agencia más, es un intento de hacer confluir la voluntad política con la capacidad ejecutiva”, resumía un alto cargo del Departament d’Economia tras la firma.
En paralelo, los gobiernos han acordado la reestructuración del Consorcio de la Zona Franca, el organismo que gestiona el polígono industrial más grande de España. La reordenación dará mayor peso a la Generalitat en el consejo de administración y permitirá movilizar suelo para nuevos proyectos logísticos y de industria 4.0. La operación se completa con un plan de inversiones para digitalizar la aduana y modernizar los accesos ferroviarios al puerto.
El déficit inversor con Cataluña no se mide solo en euros; se mide en la credibilidad de cada bilateral. Este acuerdo da un paso más allá de las compensaciones.
Lectura política: un salvavidas para Illa y para ERC
El pacto llega en un momento parlamentario delicado para el president Salvador Illa. La mayoría que sostiene al Govern depende de los votos de ERC, y los republicanos llevaban meses exigiendo gestos visibles en la carpeta de inversiones como contrapartida a su apoyo a los presupuestos de 2025. Con la sociedad mercantil, Illa obtiene un hito tangible que puede presentar en el próximo pleno del Parlament como prueba de que la relación con Moncloa es productiva, al tiempo que ERC puede reivindicar que el acuerdo responde a sus exigencias de singularidad.
Además, el movimiento tiene otra dimensión: aleja el fantasma de la bilateral vacía. Desde que la Comisión Bilateral se reactivó en 2024, cada cita había terminado con comunicados genéricos y pocos avances concretos. Esta vez, las dos administraciones ponen negro sobre blanco una estructura jurídica que blinda la inversión más allá del ciclo presupuestario anual. Es, de hecho, el primer instrumento de coparticipación real en infraestructuras que nace de los acuerdos de investidura.
Observamos, sin embargo, dos puntos de fricción potenciales. El primero: la sociedad necesitará que el Consejo de Ministros apruebe sus estatutos, y cualquier retraso o modificación sustancial haría saltar las alarmas en Barcelona. El segundo: la cuantía final que el Estado comprometa en 2027 dependerá de la negociación presupuestaria, y el contexto económico no es especialmente holgado. El Govern confía en que la inercia del pacto fuerce al Ejecutivo a mantener las cifras, pero no hay garantías escritas.
Lo que viene: la ratificación del Consell Executiu y la mirada puesta en septiembre
El Consell Executiu tiene previsto ratificar el acuerdo el próximo martes, y la previsión es que el texto definitivo se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) antes de que termine mayo. A partir de ahí se abrirá un periodo de tres meses para constituir la sociedad y designar a los miembros de su comité ejecutivo. Si los plazos se cumplen, la entidad podría empezar a licitar obra a principios de 2027, justo cuando el Govern necesite demostrar que la legislatura ha entrado en fase de resultados.
Mientras, la oposición de Junts ya ha adelantado que estudiará el texto “con lupa”, porque considera que la sociedad puede diluir el control autonómico a favor del Estado. Pero lo cierto es que el acuerdo cuenta con el respaldo expreso de ERC y la anuencia tácita del grupo socialista, lo que asegura su paso por el Parlament si llegara a requerir validación legislativa. Más que el diseño jurídico, la batalla se librará en el terreno de la ejecución real: el Govern sabe que los grandes acuerdos se miden en quilómetros de vía y naves industriales, no en ruedas de prensa.
