La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho saltar por los aires la tesis del lawfare con la que el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba blindarse frente a las causas judiciales que afectan a su entorno. En menos de 48 horas, los socios parlamentarios que sostienen al Ejecutivo han pasado de repetir el argumentario de Moncloa a pedir explicaciones públicas y a desmarcarse de la acusación de persecución judicial. Feijóo y el PP han encontrado en esa descomposición el terreno ideal para capitalizar el desgaste del bloque de investidura.
La tesis del ‘lawfare’ se desmorona en 48 horas
El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente socialista como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» vinculada al caso Plus Ultra. La contundencia de las afirmaciones judiciales ha obligado a Sumar, ERC y otras formaciones que apoyan al Gobierno a revisar su posición. La semana pasada, la portavoz de Sumar en el Congreso calificaba de «lawfare» cualquier procedimiento que rozara a la familia socialista. Este miércoles, en cambio, ha reconocido que los hechos descritos por Calama «son gravísimos» y que «no se pueden despachar con una etiqueta».
ERC ha ido más lejos. Su portavoz en el Congreso ha exigido explicaciones públicas a Sánchez y ha advertido de que la credibilidad del Gobierno está en juego. Hasta Junts, que mantiene su apoyo crítico, ha emitido un comunicado en el que se distancia del discurso de la persecución política y pide «respeto absoluto» por la investigación judicial. Los socios del Gobierno han perdido su principal argumento frente a las causas judiciales: que todo era una conspiración política.
Feijóo capitaliza la descomposición del bloque de investidura
El PP ha activado la ofensiva parlamentaria en el momento justo. Alberto Núñez Feijóo aprovechó la sesión de control del miércoles para preguntar directamente a Sánchez si «va a seguir llamando lawfare a las investigaciones de la Audiencia Nacional». La respuesta del presidente fue evasiva, y eso ha permitido al líder popular redoblar la presión. En una comparecencia posterior, Feijóo acusó al jefe del Ejecutivo de «amparar una presunta estructura de tráfico de influencias» con su silencio.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado ya varias preguntas escritas al Gobierno sobre el caso Zapatero y prepara para los próximos días una Proposición No de Ley en la que exigirá la comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso. Además, el GPP del Senado estudia activar una comisión de investigación sobre el rescate financiero de Plus Ultra, la aerolínea que el expresidente respaldó con fondos públicos en 2021 y que ahora aparece en el centro de la trama.
La lectura que hace Génova es clara: el bloque de investidura se resquebraja por primera vez desde la moción de censura de 2018. El departamento de análisis electoral del PP ha identificado una oportunidad estratégica para ensanchar su espacio en el centro y atraer a votantes socialistas desencantados con la gestión de Sánchez. «Cada día que Moncloa no da explicaciones, el PP suma un punto de credibilidad», resume una fuente de la cúpula popular consultada por Moncloa.com.
La imputación de Zapatero no es solo un problema judicial para el PSOE; es el detonante de una crisis de confianza en el bloque de investidura que Feijóo ha sabido capitalizar con precisión quirúrgica.
El Eje del Poder Popular
La crisis del bloque de investidura tiene una lectura territorial que Génova no ha pasado por alto. Los presidentes autonómicos del PP —Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Juanma Moreno en Andalucía, Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana o Alfonso Rueda en Galicia— llevan meses denunciando un trato de favor del Gobierno hacia Cataluña y hacia determinadas empresas vinculadas al entorno socialista. El caso Plus Ultra refuerza esa narrativa y la extiende más allá de las disputas territoriales: ya no se trata solo de financiación autonómica, sino de un presunto uso fraudulento de fondos públicos.
Las once comunidades gobernadas por el PP, que suman alrededor del 60% del PIB del país, han anunciado que estudiarán conjuntamente medidas legales para personarse en la causa si la Audiencia Nacional lo permite. La iniciativa, coordinada por la secretaría general del partido, busca proyectar una imagen de defensa institucional frente a lo que Génova define como «una trama de corrupción socialista de dimensiones históricas».
A medio plazo, el PP se enfrenta al reto de convertir esta ventana de oportunidad en una alternativa creíble de gobierno. El precedente de la moción de censura de 2018, cuando Sánchez llegó a Moncloa con el apoyo de una mayoría heterogénea que ahora se desmorona, planea sobre la estrategia popular. La diferencia, apuntan en Génova, es que ahora es el PP quien «representa la estabilidad institucional» y quien «defiende la separación de poderes». El próximo hito será la votación de la PNL sobre Plus Ultra en el Pleno del Congreso, previsiblemente en la segunda semana de junio, donde el partido confía en que los socios del Gobierno se abstengan o incluso voten a favor.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP defiende la separación de poderes y la ejemplaridad institucional frente a un Gobierno que ampara con su silencio una presunta trama de corrupción socialista.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Debate y votación en el Pleno del Congreso de la PNL sobre el caso Plus Ultra, previsiblemente en la segunda semana de junio.
