Ferraz no abrirá expediente a José Luis Rodríguez Zapatero. La dirección federal del PSOE, según han confirmado a esta redacción fuentes de la cúpula, descarta medidas disciplinarias contra el expresidente del Gobierno a pesar de su reciente imputación en el caso Plus Ultra. La decisión, que ha generado un intenso debate interno, busca evitar una fractura mayor en el partido y preservar la imagen de la formación en un momento de alta tensión judicial.
La noticia, adelantada por varios medios, ha provocado un auténtico terremoto en la política nacional. Zapatero, que fuera presidente entre 2004 y 2011, está siendo investigado por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, durante el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El juez instructor ha citado al expresidente como investigado, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los altos cargos y la línea roja de la ética en el PSOE.
Sin embargo, en Ferraz han optado por la contención institucional. «No vamos a tomar ninguna decisión que pueda ser interpretada como un juicio preventivo ni que erosione la presunción de inocencia de un compañero histórico», ha señalado una fuente de la Ejecutiva Federal. La misma fuente subraya que los estatutos del partido prevén sanciones solo en casos de condena firme o de conductas que dañen gravemente la imagen del partido, un umbral que, a día de hoy, la dirección considera que no se ha superado.
Cabe recordar que el código ético del PSOE, publicado en la web del partido, establece que se pueden suspender de militancia o abrir expediente cuando exista un auto de procesamiento o medidas cautelares graves. En el caso de Zapatero, la imputación no lleva aparejadas medidas cautelares restrictivas y se produce en una fase temprana de la instrucción. Ferraz interpreta que abrir un expediente ahora sería un salto innecesario con escaso recorrido jurídico y un alto coste político.
Más allá del argumento jurídico, la decisión tiene una lectura estratégica. El partido afronta varios frentes judiciales abiertos que afectan a cargos socialistas actuales y pasados. La dirección federal quiere transmitir que no se dejará arrastrar por una dinámica de linchamiento mediático, pero al mismo tiempo necesita mostrar firmeza ante la opinión pública. Zapatero no ocupa ningún cargo orgánico ni institucional, lo que facilita desligar el caso de la acción del Gobierno. «Es un problema personal del expresidente, no del PSOE ni del Gobierno», ha llegado a decir otro alto dirigente socialista.
La decisión de no expedientar a Zapatero es un ejercicio de realpolitik: aísla el daño, protege a la marca socialista y deja que la Justicia siga su curso.
En Moncloa, la reacción ha sido mucho más fría. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse en público y ha limitado su respuesta a un escueto «respeto a la presunción de inocencia» durante una rueda de prensa conjunta con un homólogo europeo. Fuentes de Moncloa consultadas por esta redacción insisten en que el Ejecutivo no se dejará arrastrar ni defenderá intervenciones que puedan ser interpretadas como injerencia en la labor judicial. De hecho, ministros socialistas consultados han remitido todas las preguntas al departamento de comunicación federal, en un intento por separar al Gobierno del caso.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha seguido la misma línea. En declaraciones a los medios, ha afirmado que «el PSOE no juzga a nadie sin sentencia firme» y ha criticado a la oposición por «utilizar la Justicia como ariete político». Mientras, el PP y Vox han redoblado sus ataques, exigiendo la dimisión de Zapatero de todos los cargos honoríficos y la apertura inmediata de un expediente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a calificar la decisión de «encubrimiento».
Un terremoto judicial con epicentro en la crisis del rescate
El caso Plus Ultra saltó a los tribunales en 2022, cuando varios denunciantes cuestionaron las condiciones del rescate de la aerolínea con 53 millones de euros de la SEPI. La investigación apunta a que se falsearon datos financieros para justificar la operación, y que se benefició a determinados inversores. La imputación de Zapatero como presidente del consejo asesor de la aerolínea en el momento de los hechos ha sido la última sorpresa del sumario. El expresidente, según el auto judicial, podría haber tenido una participación activa en las gestiones que desembocaron en la ayuda pública.
Aunque las fuentes jurídicas consultadas advierten que la imputación es aún provisional, la imagen de un expresidente del Gobierno imputado supone un golpe muy duro para el PSOE. Sin embargo, en Ferraz relativizan el impacto electoral. «Nuestros votantes distinguen entre las responsabilidades personales y la gestión del partido. Además, Zapatero hace mucho que abandonó la primera línea», apuntan desde la dirección federal.
En el plano territorial, los barones socialistas han optado por el silencio. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y voz crítica habitual, ha declinado hacer declaraciones, mientras que Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra) se han limitado a apoyar la línea oficial. El silencio de los líderes autonómicos del PSOE refleja la incomodidad con un caso que toca a uno de los símbolos de la etapa de Zapatero, y que podría reavivar las divisiones internas entre pedristas y afines al expresidente.
El Eje del Poder Socialista
La decisión de no expedientar a Zapatero se enmarca en un delicado equilibrio de poderes dentro del partido. Por un lado, la dirección de Sánchez necesita mantener cohesionado al Grupo Parlamentario y a los barones territoriales de cara a un ciclo electoral que arranca con las municipales y autonómicas de mayo de 2027. Un expediente a Zapatero sería interpretado por los sectores más veteranos del partido como un ajuste de cuentas que podría abrir una brecha generacional e ideológica.
Por otro lado, la coalición con Sumar y el apoyo de los socios parlamentarios exigen una imagen de solvencia ética que una imputación sin respuesta podría poner en riesgo. Ferraz es consciente de ello y ha desplegado una estrategia en dos tiempos: a corto plazo, blindar la presunción de inocencia y evitar gestos que alimenten el relato de crisis interna; a medio plazo, preparar el terreno para una eventual condena que sí activaría los mecanismos disciplinarios. «Si hay sentencia condenatoria, se actuará sin contemplaciones», advierten las mismas fuentes.
La decisión evoca otros episodios de la historia reciente del partido, como el tratamiento de los casos de corrupción que salpicaron a la etapa de Felipe González. Entonces, la dirección optó por la dimisión de altos cargos mucho antes de que hubiera condena. La comparación es inevitable, pero en Ferraz subrayan que el contexto jurídico y mediático ha cambiado, y que ahora prima un escrupuloso respeto a la legalidad. La apuesta, por tanto, es clara: preservar la unidad del partido frente a un adversario que busca golpear la línea de flotación moral del socialismo español.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Presunción de inocencia y no injerencia en la Justicia como seña de identidad del PSOE frente al acoso judicial.
- Protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno y expresidente del consejo asesor de Plus Ultra).
- Próximo hito: Declaración de Zapatero ante el juez instructor, prevista para las próximas semanas, y evolución del sumario.
