Cataluña ha perdido 50 sedes empresariales netas durante el primer trimestre de 2026, mientras Madrid ha sumado 33 nuevos traslados de compañías en el mismo periodo. Los datos, recabados por la consultora Informa D&B y difundidos este martes, constatan que la brecha de competitividad entre ambos territorios se ensancha alimentada por un clima político que, lejos de apaciguarse, vuelve a activar las alarmas en los despachos de los consejos de administración.
El saldo negativo catalán no es una novedad absoluta —la comunidad arrastra un goteo de cambios de domicilio social desde 2017—, pero la magnitud del dato en el arranque de 2026 ha cogido con el pie cambiado a más de un analista. ‘Es el peor primer trimestre desde los años del procés’, han reconocido fuentes de la consultora. Se acelera, en definitiva, la fuga de empresas que durante unos meses había parecido contenida.
Por qué la incertidumbre política vuelve a penalizar a Cataluña
El contexto no ayuda. El Govern de Salvador Illa todavía no ha conseguido aprobar los Presupuestos para 2026, y la negociación con ERC y los Comuns se alarga en un clima de reproches cruzados. La parálisis legislativa, sumada a la incertidumbre sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que reivindica la Generalitat, traslada una imagen de fragilidad que las empresas leen como un riesgo adicional. Y esa percepción, como demuestran las series históricas del propio Informa D&B, es la palanca que activa el traslado cuando las compañías necesitan estabilidad regulatoria y fiscal para planificar inversiones.
El efecto Madrid: menos trabas burocráticas, más incentivos
Del otro lado, la Comunidad de Madrid sigue captando sedes con una política clara de baja presión fiscal y agilidad administrativa. Los 33 traslados netos registrados hasta marzo elevan la cifra acumulada desde 2022 por encima del centenar de empresas. No todas son multinacionales: una parte importante corresponde a pymes que antes operaban desde Barcelona o su área metropolitana y que, huyendo de la maraña normativa y de un discurso político que perciben como poco amigable con la actividad privada, optan por recolocar su domicilio fiscal en la capital.
A eso se suma un elemento menos visible pero igual de relevante. Las grandes consultoras inmobiliarias han detectado un repunte de consultas sobre oficinas disponibles en el eje de la M-40 por parte de empresas con sede histórica en el área de Barcelona. No son traslados masivos de plantilla, sino cambios de razón social que a menudo preceden a movimientos más profundos, una señal de alerta que el tejido productivo catalán debería tomar muy en serio.
La lectura de Moncloa y el olvido de la Mesa del Diálogo
En el Ejecutivo central observan la evolución con un silencio que contrasta con el activismo de legislaturas anteriores. La llamada Mesa de Diálogo entre gobiernos ha desaparecido del vocabulario oficial, y las alusiones a la ‘estabilidad institucional’ se han espaciado. Fuentes próximas a Moncloa admiten que el foco está ahora en otras prioridades parlamentarias, y que la Generalitat ‘debe resolver su propia gobernabilidad antes de pedir gestos a Madrid’. Es un cambio de tono que añade presión a una legislatura catalana que, sin Presupuestos, no termina de arrancar.
Las 50 sedes perdidas en un trimestre tienen menos que ver con la competitividad fiscal que con la inseguridad jurídica que trasluce el día a día del Parlament.
Este desapego entre los dos principales actores institucionales es, probablemente, el factor más novedoso del actual episodio de fuga de empresas. Durante la etapa de Pere Aragonès, el Govern mantenía un canal estable con La Moncloa que permitía amortiguar las crisis con cierta agilidad. Hoy ese mecanismo no existe, y los empresarios lo perciben con nitidez.
Cómo se compara con los peores años del ‘procés’
Para encontrar un trimestre con un saldo neto similar a las 50 sedes perdidas por Cataluña hay que remontarse al cuarto trimestre de 2017, cuando el referéndum ilegal y la posterior intervención de la autonomía provocaron una desbandada que dejó una pérdida neta de 72 sociedades, siempre según los registros de Informa D&B. Entonces, aquel éxodo se atribuyó a un shock puntual que, se esperaba, remitiría con la normalización política. La realidad es que la herida nunca terminó de cicatrizar del todo, y ahora, con un Govern de perfil más moderado pero sin mayoría estable, el virus de la incertidumbre ha vuelto a activarse.
El dato positivo —si se quiere ver alguno— es que en 2026 las salidas no están concentradas en grandes cotizadas, como ocurrió tras el 1-O. En esta ocasión, el perfil de la empresa que se marcha es más diverso: desde distribuidoras medianas hasta startups tecnológicas que necesitan captar inversión internacional y que, a la hora de elegir sede, prefieren la imagen de seguridad jurídica que ofrece Madrid. Aun así, la hemorragia cualitativa puede ser igual de dañina a largo plazo si se cronifica.
El Govern, por ahora, se limita a señalar que los datos del primer trimestre no son representativos de la tendencia anual y confía en que la aprobación de los Presupuestos cambie la percepción. Sin embargo, cada semana que pasa sin acuerdo parlamentario resta credibilidad a ese argumento. La economía real no espera a que la política se aclare.
Mientras, en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha puesto en circulación un argumentario que liga los 33 traslados a su política fiscal, y desde el Ayuntamiento de Barcelona se insiste en que la ciudad mantiene un potente ecosistema innovador. Cifras contra percepciones. La partida sigue abierta.
