El Reino Unido ha revertido este jueves su promesa de bloquear el diésel y el combustible de aviación elaborados con crudo ruso en terceros países, en un giro que permite de facto la entrada de petróleo de Moscú al mercado británico a través de refinerías de la India o Turquía. La licencia comercial, con efecto inmediato, no tiene fecha de caducidad: se revisará periódicamente, pero por ahora da vía libre a los carburantes refinados con petróleo ruso.
La decisión llega en plena escalada de precios energéticos por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de crudo mundial, tras la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Londres no ha ocultado el motivo: el riesgo de desabastecimiento para hogares y aerolíneas ha pesado más que la promesa de asfixiar a la economía rusa.
El movimiento supone abandonar el compromiso adquirido en octubre de 2024 por el entonces ejecutivo conservador —y refrendado por los laboristas— de prohibir cualquier derivado del crudo ruso, con independencia de dónde se refinase. Ahora, los británicos podrán volver a comprar diésel y jet fuel de origen ruso sin quebrantar las sanciones, siempre que el proceso industrial haya ocurrido fuera de Rusia.
Por qué Londres da marcha atrás ahora
La respuesta es sencilla. Sin el suministro constante del Golfo Pérsico, los precios del diésel y del queroseno de aviación se han disparado en Europa un 34% desde abril. El consumidor británico lo nota en cada repostaje, y las aerolíneas británicas —ya castigadas por los costes de la pandemia— han visto cómo el combustible se convertía en su principal partida de gasto.
El ministro adjunto del Tesoro, Dan Tomlinson, lo resumió esta mañana en la BBC: “Tenemos que garantizar la seguridad del suministro de bienes fundacionales para nuestra economía, como el combustible de aviación”. La “relajación temporal” de algunas restricciones —en palabras del Gobierno— se vende como una necesidad estratégica, no como una rendición.
Pero el órdago es mayúsculo. Reino Unido se convierte en el primer gran aliado europeo que, con los hechos, reconoce que no puede prescindir del crudo ruso transformado en el extranjero. Hasta ahora, la Comisión Europea mantenía la prohibición de importar productos refinados con petróleo ruso, aunque el gasoducto sigue llevando gas a varios estados miembros.
El precedente de Washington y la reacción de Bruselas
Londres no ha actuado solo. Washington extendió el lunes una exención para que países vulnerables puedan comprar petróleo ruso por vía marítima, citando la misma crisis de suministro. La Administración Trump justifica la medida como un alivio humanitario y de estabilidad de precios, pero en la práctica abre una puerta trasera para que el crudo de Moscú siga circulando.
La respuesta en el Reino Unido no ha tardado. El exministro conservador David Lidington tildó el paso de “traición espantosa a Ucrania”, y la líder tory Kemi Badenoch —que aspira a disputar el liderazgo— cargó contra el primer ministro Starmer: ‘Después de dieciocho meses de “plantarle cara a Putin”, el Gobierno laborista ha aflojado las restricciones’.
Starmer, acorralado por una crisis de popularidad interna, trató de defender el movimiento: insistió en que el Reino Unido está endureciendo las sanciones con “un nuevo paquete contundente” contra el gas natural licuado ruso y los productos refinados. Pero en la práctica, la licencia de importación de diésel y jet fuel de origen ruso es un alivio inmediato, no otra vuelta de tuerca.
La energía barata siempre termina ganando a la moralidad geopolítica, y el Reino Unido acaba de demostrarlo.
Equilibrio de Poder
Lo que observamos es un desgaste paulatino del frente sancionador. Desde 2022, la UE y el G7 han impuesto techos al precio del petróleo ruso y prohibiciones escalonadas a los productos refinados. Pero cada vez que el suministro global se tensa —primero por los cortes voluntarios saudíes, ahora por el cierre del estrecho de Ormuz—, las potencias occidentales ceden por el flanco más débil: el de la energía asequible.
Para España, la medida británica es una señal inquietante. Nuestro país importa casi el 60% de su energía y la península ibérica sigue siendo una “isla energética” con escasa interconexión de gasoductos con el resto de Europa. Si Londres relaja las restricciones para evitar apagones o parones en el sector aéreo, otros grandes consumidores —Francia, Alemania— podrían presionar a Bruselas para hacer lo mismo. La Comisión ya ha mostrado flexibilidad con los plazos de embargo al petróleo ruso en varias ocasiones; la tentación de abrir una exención similar para el diésel refinado en India o Turquía es ahora más real.
El Kremlin, por su parte, lo lee en clave de victoria. El viceprimer ministro Alexander Novak declaró que “sin el petróleo y los productos refinados rusos, los mercados globales no pueden hacer frente a la situación actual”, en línea con la narrativa de Moscú de que Occidente se autoflagela con las sanciones. Aunque la afirmación es exagerada —la Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial de diésel caerá un 2% en 2026 por la ralentización económica—, la realidad es que varios países asiáticos ya han incrementado las compras de crudo ruso desde que Washington flexibilizó las restricciones.
En el tablero más amplio, el gesto de Londres debilita la posición negociadora de Kiev. Si los principales aliados europeos de Ucrania comienzan a relajar sanciones por razones domésticas, la capacidad de Occidente para mantener la presión sobre la economía rusa se resiente. La Administración Trump ya ha dejado claro que sus prioridades están en el Pacífico y en Oriente Próximo, no en Ucrania. Y ahora Starmer, con dificultades internas, activa la misma receta.
Reconocemos la complejidad. No es lo mismo levantar sanciones directamente sobre el crudo ruso que autorizar derivados refinados en terceros países; el matiz técnico importa. Pero la sustancia política es la misma: un aliado clave de la OTAN cede a las urgencias de suministro mientras la guerra en Ucrania sigue sin horizonte de paz. La próxima cumbre de la OTAN, prevista para julio en Vilna, medirá hasta qué punto esta decisión de Londres enfría el compromiso europeo con el frente sancionador.
