La asociación Hazte Oír (HO), personada en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, ha solicitado una serie de medidas cautelares y de práctica de diligencias, como la declaración de dos ex ministros, María Jesús Montero y José Luis Escribá, además de que se conozcan los viajes de Zapatero y sus hijas a Venezuela desde 2017.
Las diligencias solicitadas por Hazte Oír son de varios tipos. Se solicita la citación en legal forma, con los apercibimientos del artículo 420 LECrim, de los siguientes testigos:
1) María Jesús Montero Cuadrado ministra de Hacienda en la fecha del rescate, quien declarará sobre: (i) Informes de impacto presupuestario y de viabilidad de Plus Ultra obrantes en su Ministerio. (ii) Su participación en el proceso deliberativo previo a la aprobación del rescate (iii) Si en algún momento se planteó la improcedencia legal o financiera de la operación y las razones por las que se descartó.
2) Don Bartolomé Lora Villarejo, Vicepresidente Ejecutivo de la SEPI y Presidente en funciones desde octubre de 2019 hasta el 30 de marzo de 2021, siendo por tanto el máximo responsable operativo de la entidad en la fecha de aprobación del rescate el 9 de marzo de 2021.
3) Don Pedro Saura García, ex Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por cuanto el auto de fecha 18 de mayo de 2026 acredita documentalmente que el citado compareciente presidió el 22 de julio de 2020 una reunión en sede ministerial con directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas SA —celebrada el día siguiente a la aprobación del funcionamiento del FASEE—, reunión de la que los propios investigados dejaron constancia escrita afirmando haber sido recibidos “por altas recomendaciones” y que “el papel del ministerio será únicamente hablar bien de la compañía”, extremos que revelan la existencia de un compromiso ministerial previo cuyo origen, autoría y contenido exacto resultan esenciales para la investigación y que únicamente pueden ser aclarados mediante la declaración personal del compareciente, máxime cuando su posterior traslado a la presidencia de Paradores de Turismo de España en julio de 2021 —coincidiendo con la remodelación gubernamental que también comportó el cese del entonces ministro Ábalos— constituye un hecho sobrevenido cuyas circunstancias deben indagarse por su relación con la presente causa.
4) Don Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales entre 2018 y 2019.
5) Belén Gualda González, Presidenta de la SEPI desde el 30 de marzo de 2021, nombrada veinte días después de la aprobación del rescate.
5) Los funcionarios o empleados de la SEPI que integraron el equipo técnico evaluador, a fin de que declaren sobre los criterios aplicados, las instrucciones recibidas, los condicionamientos externos y las discrepancias internas —si las hubiere— respecto de la procedencia del rescate, para lo que deberá requerirse a la SEPI para que los identifique.
6) Don José Luis Escribá Belmonte, ex Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, habida cuenta de que el referido auto acredita, a través del análisis de los dispositivos intervenidos en las Diligencias Previas 65/2023, que el 7 de septiembre de 2020 el investigado José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una reunión con el compareciente en la sede del Ministerio de Trabajo, hecho que fue comunicado de forma inmediata y por canales internos por Koldo García Izaguirre al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, circunstancia que pone de manifiesto que dicho encuentro era objeto de seguimiento activo por parte de los investigados y que el compareciente puede aportar información relevante sobre el objeto, contenido y participantes de dicha reunión, así como sobre la eventual existencia de gestiones relacionadas con la situación de la Seguridad Social de Plus Ultra Líneas Aéreas SA, cuya deuda pendiente con la Tesorería General constituye uno de los elementos centrales de la investigación al haber sido ocultada en el proceso de solicitud de la ayuda pública.
Además, la acusación popular de Hazte Oír pide que oficie a la Policía Nacional para que informe sobre la «relación completa de todos los viajes internacionales realizados por José Luis Rodríguez Zapatero desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha, con indicación de país de destino, fecha de salida y retorno, y medio de transporte cuando conste» e «idéntica información respecto de sus hijas, Laura Rodríguez Jiménez y Alba Rodríguez Jiménez». «Con especial desglose de los viajes a Venezuela, indicando el propósito declarado o la condición -particular, oficial, diplomática- en que se realizaron», añaden.
HO también pide que se oficie a presidencia del Gobierno y Transportes sobre registros de visitas entre octubre de 2020 y abril de 2021: «Se solicita librar oficio a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que remitan los registros de visitas a sus sedes correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de mayo de 2026.
La acusación pide en concreto todos «los accesos registrados a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, con indicación de fecha, hora, dependencia visitada y funcionario o cargo con quien se reunió. Todos los accesos de representantes, administradores o accionistas de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., o de cualquier sociedad de su grupo. Todos los accesos de personas vinculadas a Venezuela o a entidades venezolanas».
También piden información de Exteriores y de la embajada de España en Caracas sobre «los informes, cables diplomáticos, notas verbales o comunicaciones internas emitidos por la Embajada de España en Caracas referidos a Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., sus accionistas venezolanos o cualquier intermediario venezolano vinculado a la compañía, en el período 2017-2022. Cualquier información que la Embajada transmita sobre la situación política, económica o reputacional de las personas físicas o jurídicas venezolanas con participación en Plus Ultra. Si la Embajada informó sobre las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, en calidad de mediador o en cualquier otra condición, con la descripción de los interlocutores gubernamentales venezolanos con quienes se reunió».
Pero a Venezuela también hay que enviar una comisión rogatoria sobre el origen del capital de Snip Aviation: «Información sobre la estructura societaria, capital social, administradores y beneficiarios últimos de Snip Aviation y de cualesquiera otras sociedades venezolanas con participación en Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. El origen de los fondos aportados a Plus Ultra por dichas sociedades, con identificación de la fuente y de las entidades financieras intervinientes. Si alguna de dichas sociedades tiene vínculos societarios, accionariales o contractuales con el Estado venezolano, con organismos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela o con personas físicas pertenecientes al entorno del ejecutivo venezolano».
Fianza de Zapatero
Sobre la fianza solicitada para el ex presidente, HO la deja «en cuantía que el Instructor determine y que, en todo caso, comprenda las sumas presuntamente percibidas por el investigado en el seno de la trama, cifradas indiciariamente en 490.780,00 € satisfechos directamente a su favor y 239.755,00 € transferidos a la mercantil WHATHEFAV, S.L., participada por sus hijas».
También que se le embarguen cuentas corrientes y la prohibición de salida de territorio nacional mediante la retirada del pasaporte. HO pide la prohibición de comunicación entre Zapatero y el resto de investigados, además de pedir que cese la actividad de consultoría e intermediación del investigado que comporten la disposición o intermediación de fondos de procedencia pública, así como prohibición de contratar, directa o indirectamente, con la Administración General del Estado y con las entidades de su sector público durante la sustanciación de la presente instrucción.
