El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero formalizó una empresa en Dubái, llamada Landside Dubai o Landside Middle East, «cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez». Así explica el juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el presunto delito de blanqueo de capitales del que es acusado Rodríguez Zapatero. Esta sociedad fuera de España sería la que habría recibido las comisiones provenientes del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra por 53 millones de euros de dinero público.
Además, en su largo auto expone que el ex presidente del Gobierno recibió dos pagos de Análisis Relevante de su amigo Julio Martínez de 418.000 euros y 490.000 euros. Pagos que atribuye a su intermediación en el rescate de Plus Ultra. Pero entre Zapatero y sus hijas el juez estima que cobraron unos 1,9 millones de euros en diferentes comisiones.
La imputación del expresidente del Gobierno no ha extrañado a nadie. Es la consecuencia lógica de varios meses de investigación, más de un año, tras recibir la petición de las fiscalías francesas y suizas. Supuestamente Zapatero montó una trama de sociedades instrumentales, con documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».
El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha indagado en el paradero del dinero de ese rescate, desde que recibiera dos peticiones de información sobre blanqueo de capitales de sus homólogos franceses y suizos.
Según el auto, la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
Entre estos intermediarios el juez señala a Manuel Aaron Fajardo García, administrador de tres sociedades diferentes -Liquid Peer Digital SL, Ampajesu SL y Ocean Quant Management SL- y a Julio Martínez Martínez, de Análisis Relevante, como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, «revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos». Estas dos últimas personas son las que habrían ayudado a formalizar la empresa en Dubai.
La investigación también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas. Esto constituye, según Calama, un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido. Asimismo, añade, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica., con un plan de negocio de 3 millones de dólares USA.
Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro, del que no hay rastro en cuentas españolas.
En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav, la empresa de las hijas del ex presidente. En total, unos 1,9 millones de euros.
Influencia de Zapatero
Los hechos descritos, añade el juez, demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
En este aspecto, los responsables de Plus Ultra habrían intentado obtener la ayuda del Gobierno español mediante dos vías diferentes, mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos». De esa manera, intentaron acercarse al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un «papel predominante» y permitió a Plus Ultra alcanzar los objeticos perseguidos, el rescate de la SEPI.
El interlocutor era Julito
En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez, alias Julito, desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. Es decir, contratos falsos o simulación de contratos. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, «recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos».
El juez cree que el día a día de estas operaciones era llevado a cabo por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por su jefe. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis.
Información privilegiada y tráfico de influencias
En su resolución, el juez destaca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021 cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo.
El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual, señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.
Para el juez, los hechos investigados en esta fase inicial pueden ser calificados como delito de tráfico de influencias de los articulo 428 a 430 del Código Penal. Este tipo penal sanciona la conducta de quien influye en un funcionario o autoridad o en otra persona que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de sus relación personal o jerárquica, con la finalidad de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.
Con el grado de provisionalidad propia de esta fase, el instructor señala que concurren los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido, todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo.
La vía venezolana
El auto detalla que la actividad desplegada por los investigados no se limitó a las gestiones orientadas a obtener la ayuda pública española, sino que también se extendió a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra. Esta línea presenta por sí misma, según Calama, los elementos característicos del delito en cuestión, en tanto que se compone de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz.
Para el juez, tanto esta línea de influencia como la dirigida a obtener la ayuda pública española deben considerarse un único delito de tráfico de influencias por identidad de sujetos activos, homogeneidad típica y unidad de finalidad económica, en tanto que ambas responden a un plan global de actuación en el que la trama organizada pone su capacidad de influencia al servicio de intereses empresariales concretos, obteniendo contraprestaciones canalizadas a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez.
Blanqueo de capitales
Para el juez consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional. Consta indiciariamente acreditado, según la resolución, que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez. La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) −sin constancia del pago en España−, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.
Este patrón de actuación, a juicio de Calama, encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.
Por tanto, afirma el magistrado, la trama objeto de investigación no solo estaría llevando a cabo actividades ilícitas susceptibles de ser calificadas como tráfico de influencias, sino también de otras que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el art. 301 CP, al concurrir indicios de que los investigados habrían realizado actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.
Las peticiones de Francia y Suiza
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, investiga desde 2024 el paradero del dinero a causa de dos peticiones de información llegadas desde Suiza y Francia, donde hay pesquisas abiertas por blanqueo de capitales.
Supuestamente, los responsables de la aerolínea usaron el dinero del rescate para pagar deudas irregulares, en lugar de darle el uso para el que estaba destinado.
El 11 de diciembre de 2025 la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional, registró la sede de Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli. También se registraron las empresas del empresario Julio Martínez Martínez, también arrestado. Martínez resultó ser amigo de Zapatero y haber contratado al expresidente para que este realizase asesoramientos y consultorías a través de su empresa, Análisis Relevante.
Al parecer, existiría un contrato entre Plus Ultra y Julio Martínez por el que se otorga a la segunda una comisión de un 1% si el Gobierno español concedía el rescate a la aerolínea. El ex presidente Zapatero siempre ha negado presiones para lograr este rescate.
Análisis Relevante fue contratada por Plus Ultra y cobró unos 460.000 euros de la aerolínea en un periodo de cinco años. A su vez, el expresidente Zapatero cobró un dinero muy similar de Análisis Relevante. La versión que ha dado él tanto en el Senado como en alguna entrevista es que realizó trabajos de consultoría con distintas empresas. También ha explicado que él mismo propuso que la empresa de marketing de sus hijas trabajara para la maquetación de esos informes de consultoría. En total, Zapatero ha reconocido que cobró más de 400.000 euros en cinco años.
De momento, se conoce que están investigados, además de Zapatero, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli; el abogado de la compañía Santiago Fernández Lena; otro abogado madrileño y un banquero peruano llamado Luis Felipe Baca.
Rescate contra la Ley
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez rescató la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros incumpliendo su propia normativa. Lo hizo en contra de la ley PCM/679/2020, de 23 de julio, que señalaba los requisitos, entre los cuales las empresas beneficiarias de ese rescate no debían estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la normativa europea.
Las pruebas fueron presentadas en el juzgado de Instrucción 15 de Madrid que comenzó a investigar la causa y se entregaron en forma de informe por el colectivo de funcionarios Manos Limpias.
El Real Decreto ley 25/2020, de 3 de julio, creaba el fondo de apoyo para la solvencia de empresas estratégicas (FASEE), que sería gestionado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y por los representantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía.
Pero esa Ley fijaba todos sus preceptos de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión (UE) nº 651/2014 de 17 de junio. Pero se da la circunstancia de que según tal reglamento, «Plus Ultra estaba en crisis antes del 31 de diciembre de 2019, por no haber reembolsado ni un euro del préstamo de 6,3 millones de euros que le concedió Panacorp en 2017, con objeto de evitar su disolución», según la denuncia de Manos Limpias.
Además, Plus Ultra no tenía aviones en propiedad cuando fue rescatada, ocupaba el puesto 77 del ranking nacional y su cuota de mercado era un exiguo 0,1% del total. Pero, a pesar de todo, el 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobaba el rescate.
El denunciante se preguntaba «¿cómo podemos considerar a Plus Ultra una empresa estratégica si solamente operaba a cuatro ciudades sudamericanas, a las cuales ya volaban otras líneas aéreas españolas como Iberia y Air Europa?
El 23 de julio de 2020, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se publicaba la orden donde se fijaban «el conjunto de requisitos que deberían cumplir los beneficiarios de las operaciones, correspondiendo a la SEPI verificar la concurrencia de los mismos (…). Entre otros requisitos se señalaba que la empresa beneficiaria no debería estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, todo de acuerdo con el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión (UE) nº 651/2014, de 17 de junio», según la denuncia.
Para determinar si Plus Ultra estaba en crisis antes de diciembre de 2019 o no hay que acudir al reglamento de la UE que establece como medida de una empresa en crisis «cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o hay recibido ayuda de reestructuración».
Apelaban los denunciantes que «nos consta que Plus Ultra sí está inmersa en una crisis a 31 de diciembre de 2019, cuando conocemos a través de las cuentas 2023-2024 de la sociedad que el 22 de diciembre de 2017, dos años antes, que la compañía había contraído un préstamo participativo, para evitar entrar en causa de disolución, por importe de 7.500.000 dólares -al cambio 6.304.314,71€- con la entidad Panacorp Casa de Valores SA».
Añadían que, además, «las dificultades financieras que arrastraban desde su constitución en 2011 eran mayúsculas, cerrando todos los años con pérdidas. Tal préstamo seguía vigente a 31 de diciembre de 2019, sin haber amortizado un solo euro y tampoco en el momento del rescate aprobado por el Consejo de Ministros de España en 9 de marzo de 2021».
Es decir, que Plus Ultra ya estaba en crisis antes de la irrupción del Covid 19 y, por tanto, no cumplía los requisitos para ser rescatada.
Tras la reactivación del sumario solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó varias detenciones el pasado 11 de diciembre. Entre los detenidos, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; su director ejecutivo, Roberto Rosellini; y un empresario relacionado con la aerolínea y amigo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez.
La Fiscalía Anticorrupción pidió reabrir la causa ante los nuevos datos recibidos de fuera de España, en concreto de Reino Unido y Suiza, principalmente, ya que Panamá no coopera normalmente. Esos datos señalarían a sociedades en estos países y también a una organización venezolana que operaría a través de empresas ubicadas en el país centroamericano, conocido por su opacidad fiscal.
Pero Plus Ultra tenía suscrito un préstamo participativo con una empresa panameña llamada Panacorp Casa de Valores SA por 6.304.000€. Es decir, esa cantidad sumada a los 19.268.000 euros de capital social suscrito significaba un capital de 25.572.000 euros. Las pérdidas acumuladas, según el informe financiero presentado a la SEPI, eran de 13.427.000 euros, es decir, más del 50%.
El juez Calama cree que parte del rescate de 53 millones fue para amortizar ese préstamo participativo.
El economista y eurodiputado Luis Garicano presentaba en 2021 un informe ante la Comisión Europea que arrojaba la sombra de la corrupción sobre este rescate. Lo explicaba: «según el registro mercantil, el presidente de la sociedad que controla, directa e indirectamente, más del 56,8% de las acciones de Plus Ultra (Snip Aviation S.L) es Rodolfo José Reyes Rojas, que ha sido investigado penalmente por una trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. Otros dos accionistas de Plus Ultra, Flavio Pedro Antonio Bórquez Tariff y Héctor Antonio Tobías Reyes, están siendo investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales».
Además, según publicó el diario El Mundo, se tratarían de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por la Policía como cabecera de la banda criminal. El 28 de octubre de 2020 Plus Ultra suscribió un primer préstamo por importe de 500.000 dólares con WaileaInvest, entidad domiciliada en Reino Unido. El 20 de noviembre del mismo año firmó otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Y el 29 de enero de 2021 rubricó un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
Informe del Ministerio de Transportes
Un informe confidencial realizado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) de 18 de febrero de 2021 ubicaba a la compañía Plus Ultra en el puesto número 77 del ranking de compañías aéreas que operaban en España en esas fechas. Además, le concedía un cuota de negocio inferior al 0,1%.
Sin embargo, la SEPI le concedió un rescate de 53 millones de euros tras su aprobación por el consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021. La cuestión es que el ex ministro José Luis Ábalos, titular el MITMA en aquella fecha, declaró en algún medio que recibió presiones del ex presidente Rodríguez Zapatero para autorizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra de capital venezolano.
El informe, de 22 páginas, dedicaba su punto tercero a la «dimensión y actividad de Plus Ultra» y en el apartado de «pasajeros transportados y mercados» se recoge que «en 2019 Plus Ultra transportó un 0,1% del total de pasajeros en el mercado aéreo español» y luego añadía que «la práctica totalidad de la operativa de la compañía se concentró en 5 rutas en el corredor España-Latinoamérica, en 3 mercados: Perú, Venezuela y Ecuador. Este volumen de actividad sitúa a la compañía en el puesto 77º en el ranking de compañías de 2019 en España, con una cuota inferior al 0,1% del tráfico de pasajeros en la red Aena».
Declaraciones de Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a negar este martes que intermediara en la operación por la que la compañía aérea española de capital venezolano que está siendo investigada por la Audiencia Nacional recibió 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a las pérdidas económicas provocadas por la pandemia.
«Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración publica ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra«, ha declarado el ex presidente del Gobierno en un vídeo enviado a los medios de comunicación tras conocerse su imputación por presunto tráfico de influencias.
Además, el ex dirigente ha insistido en que toda su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad» y que los ingresos que ha obtenido de la misma han sido «declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad». También negó que haya tenido una sociedad mercantil, «ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España», y ha incidido en que no ha participado «en ninguna operación de este tipo».
En un vídeo, explicó que ha recibido la notificación de su imputación y ha expresado su «disposición a colaborar con la Justicia». En este sentido ha señado que va a ejercer su derecho a la defensa, «con toda la firmeza y toda la convicción» y que atenderá en los próximos días a los medios de comunicación.
