Estados Unidos y México han calificado de ‘ficciones’ las informaciones que apuntan a una implicación directa de agentes de la CIA en asesinatos selectivos contra mandos de los cárteles de la droga. El desmentido, difundido por autoridades de ambos países el 18 de mayo, según recoge IntelNews, llega después de que varios medios estadounidenses y mexicanos publicaran detalles de un presunto programa clandestino de targeted killings.
Le pongo en antecedentes: las filtraciones, amparadas en fuentes anónimas de la administración estadounidense y de organismos de seguridad mexicanos, describían operaciones ejecutadas por personal de la CIA en territorio mexicano sin conocimiento previo del Gobierno local. Un viejo fantasma del intervencionismo unilateral vuelve a planear sobre la relación bilateral.
Ambos Gobiernos han reaccionado con una contundencia inusual. Washington habla de «desinformación que pone en riesgo la cooperación en materia de seguridad». Ciudad de México, por su parte, insiste en que la soberanía nacional no admite operaciones encubiertas extranjeras en su suelo y que los mecanismos de colaboración vigentes se ajustan estrictamente a la legalidad. Sin embargo, en el oficio sabemos que un desmentido tan rotundo a menudo precede a una verdad incómoda.
Lo que publicaron The New York Times y Proceso
Los reportajes —el del diario neoyorquino y el del semanario mexicano— dibujaban una arquitectura operativa muy concreta: equipos reducidos del Special Activities Center de la CIA, apoyados por inteligencia de señales de la NSA, habrían ejecutado al menos siete operaciones letales en los últimos dieciocho meses contra líderes de células del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. El trabajo de campo, según esas informaciones, se habría articulado desde casas francas en Ciudad Juárez y Tijuana, con apoyo logístico de contratistas y sin que las Fuerzas Armadas mexicanas tuvieran constancia previa.
La filtración, de confirmarse, rompería con décadas de doctrina de la CIA en el hemisferio: desde los oscuros años de la Operación Cóndor, Langley se había autoimpuesto —al menos sobre el papel— una línea roja de no ejecutar asesinatos selectivos fuera de zonas de conflicto activo declaradas por el Ejecutivo. Saltársela en un país vecino con un estado de derecho formal supondría un seísmo en la comunidad de inteligencia.
Me consta, por fuentes diplomáticas consultadas por esta redacción, que entre los analistas del CNI el episodio se sigue con enorme cautela. Las conexiones entre los cárteles mexicanos y las redes de narcotráfico que operan en España —especialmente en la Costa del Sol y en el corredor del Mediterráneo— hacen que cualquier vuelco en el equilibrio de poder entre las organizaciones criminales tenga repercusiones directas para la seguridad nacional española. Le adelanto que el Gabinete de Presidencia recibió un informe preliminar del Centro Criptológico Nacional el mismo lunes.
Negar una operación mientras se desliza información no es un fallo de contrainteligencia, sino una coreografía medida al milímetro.
La reacción oficial de Washington y México podría leerse, precisamente, como un capítulo más de esa coreografía. En el argot del oficio, la negación en caliente permite a las agencias ganar tiempo mientras se evalúa el daño de la filtración y se reorientan las coberturas. Si las informaciones son ciertas, la CIA estaría aplicando una doctrina de «eliminación selectiva» que Israel y el Mossad llevan años ensayando con su política de targeted killings aprobada por el Gabinete de Seguridad.
El oficio de la negación: por qué el desmentido es tan relevante
El manual de tradecraft de cualquier agencia de inteligencia dedica capítulos enteros a la gestión mediática de las operaciones que salen mal o se filtran. El desmentido oficial no equivale a una refutación de los hechos; es un mensaje codificado que persigue dos objetivos: tranquilizar a la opinión pública propia y enviar una señal ambigüa al adversario. Cuando dos capitales desmienten al unísono y emplean un lenguaje casi idéntico —«ficciones», «temerario», «ataque a la cooperación»—, sabemos que ha habido una conversación de alto nivel entre Langley, el Departamento de Estado, la Secretaría de Gobernación mexicana y la Oficina de la Presidencia.
He seguido desde 2011 la evolución de los programas de eliminación selectiva, desde los drones en Yemen y Pakistán hasta el uso de agentes sobre el terreno. Ya a advertí en El quinto elemento que el próximo 11 de septiembre empezará con un clic, pero las operaciones más quirúrgicas nunca han dejado de necesitar humanos que aprieten el gatillo. Si la CIA ha dado ese paso en México, el debate jurídico en el Capitolio será explosivo.
Usted, lector de esta sección, sabe que la distinción entre operaciones militares encubiertas y acciones de inteligencia letal es a menudo una frontera borrosa. La Orden Ejecutiva 12333, que rige las actividades de la comunidad de inteligencia estadounidense, prohíbe expresamente el asesinato por motivos políticos, pero permite la «acción letal» en defensa propia o en el marco de hostilidades autorizadas. Los abogados de la CIA llevan dos décadas reinterpretando esa cláusula bajo el paraguas de la Authorization for Use of Military Force posterior al 11-S, extendiendo el campo de batalla global a grupos criminales transnacionales considerados amenazas para la seguridad nacional. México, por tanto, no estaría fuera de ese paraguas.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Veo tres vectores que convierten esta negación en un caso de estudio para los servicios de contrainteligencia de medio mundo. El primero, el técnico. Si las fuentes consultadas por los medios han accedido a detalles operativos como la localización de casas francas o la composición de los equipos, estamos ante una filtración de material clasificado con un nivel de protección mínimo de Top Secret/SCI, probablemente originada en la propia Langley o en el círculo de confianza político que autorizó el programa. Eso no es una indiscreción, es un boquete en la seguridad.
El segundo vector es el de los actores. El servicio atacante sería, según las filtraciones, la CIA, mientras que los cárteles actuarían como blanco. Pero el Gobierno mexicano, si se confirma que no fue informado, se coloca automáticamente en el papel de víctima indirecta, algo que dinamita los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de inteligencia y seguridad. La agencia tercera que más observa desde la barrera es el CNI español, porque cualquier operación unilateral de Washington en el espacio latinoamericano no solo reescribe las reglas no escritas con los socios de la región, sino que puede generar réplicas en las redes criminales con intereses en suelo europeo. Fuentes de la Casa de Castelló me confirman que el análisis preliminar del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ya calcula un aumento de la presión de los cárteles sobre sus enlaces en España si la estructura de financiación se desestabiliza por la caída repentina de varios líderes.
El tercer vector es el histórico. La CIA tiene un largo historial de operaciones encubiertas en México que nunca fueron confirmadas oficialmente. El precedente más sonado —aunque no letal en origen— fue la Operación Fast and Furious, que dejó al descubierto una cadena de decisiones que terminó con armas estadounidenses en manos del crimen organizado. Pero el fantasma que aquí se invoca es otro: el del asesinato selectivo como herramienta de Estado. Recupero para usted la lectura de la doctrina del asesinato selectivo, donde Israel y, más tarde, Estados Unidos han normalizado un instrumento que antes era tabú incluso en los pasillos de Langley. La estimación de nivel de clasificación para un programa de ejecuciones en un país vecino sin autorización expresa del Congreso es, a mi juicio, de Top Secret con compartimentación especial.
El riesgo más palpable es que el desmentido no cierre la crisis, sino que alimente una investigación parlamentaria tanto en el Capitolio como en el Senado mexicano. La próxima comparecencia del titular de la CIA ante el Comité de Inteligencia —prevista en el ciclo otoñal— está llamada a ser una sesión a puerta cerrada de alto voltaje. Mientras, en España, el CNI mantendrá el ojo puesto en los movimientos financieros de los clanes del Golfo y Sinaloa que operan desde Marbella. Como escribí en El quinto elemento, las fronteras se difuminan cuando el enemigo es también un actor económico global. No se equivoque conmigo: este episodio, aunque hoy sea poco más que un cruce de desmentidos, puede redefinir los límites de la acción encubierta en el vecindario inmediato de Estados Unidos. Y eso nos toca a todos.
