EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A las más de 90.000 familias catalanas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida y a cualquier persona en situación de vulnerabilidad residencial.
- ¿Cuándo ocurre? La compra ya está cerrada; las viviendas se incorporarán progresivamente al parque público durante los próximos meses, una vez se revisen los contratos de alquiler vigentes.
- ¿Qué cambia hoy? El Govern suma 1.094 pisos a su bolsa de alquiler social, pero el déficit estructural sigue superando las 200.000 viviendas. La operación es un avance, no una solución definitiva.
La Generalitat ha cerrado la compra de 1.094 viviendas a InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, por un importe cercano a los 90 millones de euros. La operación, adelantada por Idealista y confirmada por fuentes del Departament de Territori, amplía el parque público de alquiler social en varias localidades catalanas. Se trata de la segunda macrocompra del actual ejecutivo, tras la adquisición de 2.300 pisos a la misma entidad en 2024.
La cartera de InmoCaixa incluye inmuebles repartidos por todo el territorio, con una presencia significativa en el área metropolitana de Barcelona, aunque también hay activos en Girona, Tarragona y Lleida. La operación se financia con cargo al Fondo de Vivienda de la Generalitat, que este año ha incrementado su dotación hasta los 300 millones. La consejera de Territori, Ester Capella, ha defendido la compra como “un paso más para reforzar el escudo social y garantizar el derecho a la vivienda”.
Sin embargo, la cifra palidece cuando se compara con la magnitud del problema. Según datos del IDESCAT, en Cataluña hay más de 340.000 hogares en régimen de alquiler que destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda. El parque público de alquiler social apenas representa el 2% del total, muy lejos del 9% que recomienda la Unión Europea. Los 1.094 pisos, aunque bienvenidos, no modifican sustancialmente ese porcentaje.
Qué tipo de viviendas son y dónde están
InmoCaixa no ha detallado la distribución exacta de los inmuebles, pero fuentes del sector inmobiliario consultadas por este diario apuntan a que la mayor parte se concentra en el Barcelonès, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat. Son, en general, pisos de segunda mano con tamaños que oscilan entre los 60 y los 90 metros cuadrados. Algunos ya están ocupados por inquilinos con contratos de alquiler de mercado, por lo que la Generalitat deberá renegociar condiciones antes de integrarlos en el régimen de alquiler social.
La operación ha sido valorada en unos 82.000 euros por vivienda, un precio que se sitúa por debajo del mercado en las zonas donde están ubicadas. Eso ha permitido a la Generalitat maximizar el impacto de la inversión, aunque también refleja la necesidad de InmoCaixa de desprenderse de activos para reducir exposición al ladrillo. CriteriaCaixa ha seguido en los últimos años una estrategia de rotación de su cartera inmobiliaria, vendiendo bloques completos a fondos y administraciones.
El impacto real en el mercado del alquiler
Pese a la envergadura de la compra, el número total de viviendas incorporadas al parque público en lo que va de legislatura no llega a las 4.000. La lista de espera para un piso de protección oficial en Barcelona capital supera los 27.000 solicitantes. “Son cifras que demuestran que la compra directa a grandes tenedores es un parche necesario pero insuficiente”, explica una portavoz del Sindicat de Llogateres, consultada sobre la operación.
El Govern de Salvador Illa ha hecho de la vivienda uno de los ejes de su discurso, pero los hechos chocan con un mercado tensionado y una capacidad presupuestaria limitada. La compra a InmoCaixa es, desde luego, un movimiento ágil: permite sumar viviendas ya construidas, sin esperar los plazos de la promoción pública. Pero también revela la dificultad de construir obra nueva a un ritmo que pueda absorber la demanda.
La compra a InmoCaixa es un movimiento ágil, pero revela la dificultad de construir obra nueva a un ritmo que absorba la demanda.
La estrategia de Illa: comprar, no construir
El ejecutivo catalán ha optado por una política de adquisiciones masivas en lugar de apostar por la promoción pública directa. La razón es práctica: un bloque de pisos ya edificado puede estar listo para alquilar en meses, mientras que una promoción de obra nueva arrastra trámites de suelo, licencias y construcción que rara vez bajan de los tres años. En un contexto de emergencia residencial, la compra directa a grandes carteras como la de InmoCaixa se ha convertido en una válvula de escape recurrente.
Pero esta estrategia también tiene riesgos. Depende de la voluntad vendedora de los grandes propietarios y de que los precios se mantengan asequibles. Si el mercado repunta, los 90 millones de ahora podrían comprar muchos menos pisos dentro de dos años. Además, limita la capacidad de planificar barrios enteros con servicios públicos integrados, algo que sí permite la promoción desde cero.
En el trasfondo político, la operación se produce en un momento en que el Govern negocia con ERC y los Comuns los presupuestos de 2026. La vivienda es una de las líneas rojas de los partidos que sostienen al ejecutivo. La compra a InmoCaixa puede leerse como un gesto hacia esos socios, pero también como un intento de demostrar que el Govern hace lo que puede con las herramientas que tiene, mientras reclama a Moncloa más recursos y competencias.
