EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Jesús Ángel Carbajo, auditor de Plus Ultra, ha admitido en la comisión de investigación del Senado que la aerolínea podía haber entrado en concurso de acreedores en 2020 y que vio facturas de la empresa vinculada al empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero.
- ¿Quién está detrás? La comparecencia ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde cuenta con 120 senadores y la mayoría absoluta que le permite forzar estas investigaciones.
- ¿Qué impacto tiene? La confesión del auditor aviva las sospechas sobre la legalidad del rescate de 53 millones de euros aprobado por la SEPI y refuerza la línea de investigación del juez Calama, que ya ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Jesús Ángel Carbajo, socio de la firma Audicar y auditor de las cuentas de Plus Ultra, ha dinamitado este miércoles la comisión de investigación del Senado sobre las operaciones de la SEPI. En una comparecencia de casi tres horas, el auditor ha reconocido sin ambages que la aerolínea «podía haber entrado en concurso de acreedores en 2020 si los accionistas lo hubieran considerado adecuado». Una frase que, pronunciada ante los senadores, coloca al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición aún más incómoda respecto al rescate de 53 millones de euros concedido a la compañía en plena pandemia.
El testimonio de Carbajo ha ido mucho más allá de la confesión técnica. El auditor ha admitido que, durante sus trabajos de revisión, «vio alguna factura» de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La revelación confirma que al menos existió una operación financiera documentada entre la aerolínea y la supuesta trama de corrupción que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional y por la que el exjefe del Ejecutivo ya ha sido imputado.
La declaración de Carbajo es relevante por lo que dice y por lo que omite. El auditor ha defendido su trabajo de auditoría sin salvedades, alegando que incluir una salvedad «implicaba un informe negativo porque había irregularidades, que no hemos detectado». Sin embargo, sí incorporó lo que técnicamente se conoce como un párrafo de énfasis, una advertencia explícita sobre la posibilidad de que la compañía entrara en suspensión de pagos si no se tomaban medidas urgentes para reequilibrar su patrimonio. Un aviso que, a juicio del propio auditor, «la SEPI debería haber tenido en cuenta a la hora de decidir la concesión del rescate».
El agujero contable y el crédito que maquilló la quiebra
El núcleo duro de la comparecencia ha girado en torno al crédito participativo de Panacorp, un grupo panameño que inyectó 6,3 millones de euros en la aerolínea. Según Carbajo, ese préstamo fue «fundamental» para evitar que Plus Ultra entrara en causa de disolución y, por tanto, en concurso de acreedores. La distinción es esencial: si la empresa hubiera sido calificada como «empresa en crisis» según las normas de la Unión Europea, no habría podido acceder al rescate del fondo FASEE gestionado por la SEPI.
Pero la realidad contable que emerge del auto judicial y de los informes periciales incorporados a la causa contradice abiertamente la versión del auditor. El juez Calama cita un informe pericial elaborado para la investigación inicial en el que se afirma que «aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar». Los peritos sostienen que los informes presentados por los asesores de la SEPI «fueron redactados para justificar la concesión del rescate», pese a que la consultora Deloitte había advertido de «problemas graves de caja» y expresado «dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando».
El mecanismo contable descrito por los peritos es propio de una ingeniería financiera de manual: «Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo de Panacorp —que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica—, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión». El objetivo de todo ello era maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo. Una operación de cosmética financiera que permitió a Plus Ultra presentar unas cuentas lo bastante saneadas como para justificar el rescate público.
El propio auditor, al ser preguntado por los senadores, ha reconocido que la compañía «no tenía liquidez dos años antes de la pandemia», pero ha insistido en que no estaba formalmente en causa de disolución. La contradicción entre los hechos económicos y la calificación jurídico-contable es, precisamente, lo que la comisión del Senado está desentrañando.
A eso se suma un dato que conecta la investigación de Plus Ultra con la trama Koldo: el informe pericial también detectó «transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra». En concreto, se ha acreditado que la trama ordenó pagar 2.000 euros a Jésica, la expareja del exministro José Luis Ábalos, desde cuentas vinculadas al entramado. Un hilo que une las investigaciones de corrupción que más desgaste están generando al Gobierno.
La comparecencia del auditor ha transformado las sospechas políticas en un testimonio directo: Plus Ultra maquilló sus cuentas para acceder a un rescate que nunca debió recibir.
El Eje del Poder Popular
La comisión de investigación del Senado se ha convertido en el principal instrumento del Partido Popular para fiscalizar las decisiones económicas del Gobierno que presentan más sombras que luces. La mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta —120 senadores— les permite constituir comisiones de investigación con total autonomía, sin necesidad de negociar con otros grupos. Génova ha encontrado en el Senado la palanca institucional que el Congreso les niega, y la está utilizando con criterio quirúrgico: comisiones sobre el caso Koldo, sobre las operaciones de la SEPI y, ahora, sobre el rescate de Plus Ultra con Zapatero en el centro de la diana.
La estrategia de Alberto Núñez Feijóo pasa por elevar la presión sobre el expresidente socialista y, por extensión, sobre Pedro Sánchez. La imputación judicial de Zapatero es un activo político de primer orden que Génova quiere explotar con inteligencia: sin estridencias, dejando que sean los comparecientes —como el auditor Carbajo— quienes vayan desgranando las contradicciones del rescate. La lectura interna en el partido es clara: si la comisión del Senado consigue demostrar que el Gobierno conocía la situación real de Plus Ultra y aun así aprobó el rescate, la responsabilidad política alcanzaría de lleno al actual Ejecutivo.
En el plano territorial, los barones del PP observan el desgaste del Gobierno central con la tranquilidad de quien ve cómo el adversario se enreda en sus propias contradicciones. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, los dos presidentes autonómicos con mayor peso político del partido, han evitado hasta ahora un protagonismo excesivo en este asunto, cediendo el foco al Senado y a la dirección nacional. La estrategia es deliberada: que sea Génova quien marque el paso y que los barones se concentren en la gestión —bajadas de impuestos, vivienda, sanidad— en sus respectivos territorios. La división del trabajo funciona mientras el PP siga subiendo en las encuestas.
El riesgo para el Gobierno es doble. Por un lado, la comparecencia del perito Pedro Martín Molina este jueves podría añadir más detalles sobre los pagos a empresas sin relación con la actividad de Plus Ultra, conectando aún más el rescate con la supuesta trama de corrupción. Por otro, la paciencia de los socios parlamentarios de Sánchez —singularmente Junts y el PNV— empieza a mostrar signos de agotamiento ante la acumulación de escándalos. El PP lo sabe y por eso ha intensificado su ofensiva en el Senado. Lo que observamos es un partido que ha aprendido a utilizar los instrumentos parlamentarios con la precisión de quien conoce el reglamento y los tiempos.
La comisión de investigación continuará mañana con la comparecencia del perito Pedro Martín Molina, autor del informe citado por el juez Calama. Será el siguiente capítulo de una investigación que ya ha puesto contra las cuerdas al expresidente Zapatero y que amenaza con salpicar la recta final del Gobierno de coalición.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El rescate de Plus Ultra fue una decisión política con indicios de corrupción, no una operación económica justificada.
- Protagonista: Jesús Ángel Carbajo (auditor de las cuentas de Plus Ultra), Pedro Martín Molina (perito judicial que comparece este jueves) y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
- Próximo hito: Comparecencia del perito Pedro Martín Molina ante la comisión de investigación del Senado el jueves 21 de mayo de 2026.
