La sanidad pública de Murcia se enfrenta a uno de los mayores escándalos económicos de los últimos años. La Policía Nacional ha detenido a once personas e investiga a otras dos por su presunta participación en una trama fraudulenta que habría provocado un perjuicio de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Entre los arrestados figuran responsables administrativos, personal sanitario y comerciales relacionados con el suministro de material médico.
La investigación está siendo dirigida por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y comenzó en enero de 2025 tras una auditoría interna del propio Servicio Murciano de Salud. Fue la Consejería de Salud la que trasladó el caso a la Fiscalía después de detectar presuntas irregularidades en los sistemas de compra y facturación sanitaria.
Según las pesquisas policiales, la trama introducía datos falsos en el sistema contable para adquirir productos sanitarios no autorizados y facturarlos con precios enormemente inflados. Los investigadores sostienen que algunos materiales llegaron a presentar sobrecostes de entre el 100% y el 1.287% respecto a su valor real.
Productos fuera del catálogo y sospechas sobre operaciones médicas
La Policía asegura haber detectado al menos treinta productos facturados de manera fraudulenta, entre ellos prótesis vasculares, stents y diverso material fungible. Parte del fraude consistía presuntamente en sustituir productos homologados y más baratos por otros mucho más caros y fuera del catálogo oficial autorizado por el sistema sanitario regional.
Los investigadores creen además que algunos implicados conocían perfectamente los puntos sensibles del sistema informático del SMS y contaban con apoyo interno en áreas clave de compras y facturación. Esa supuesta colaboración habría permitido realizar adjudicaciones directas y negociaciones sin los controles habituales de contratación pública.
Gran parte de las irregularidades bajo sospecha se habrían producido en operaciones médicas derivadas desde hospitales públicos a centros concertados. Según la investigación policial, en esos procedimientos se habrían facturado servicios que debían ser gratuitos y materiales sanitarios que presuntamente ni siquiera llegaron a utilizarse.
Uno de los aspectos más delicados del caso es la sospecha policial sobre el posible uso de productos sanitarios caducados en algunas intervenciones. La UDEF sostiene que esa práctica podría haber generado un riesgo para la salud pública, motivo por el que la causa incluye también posibles delitos relacionados con la seguridad sanitaria.
Sin embargo, la Consejería de Salud mantiene una posición mucho más prudente y niega que existan pruebas concluyentes de implantes caducados en pacientes. El Gobierno murciano insiste en que, por el momento, la investigación se centra principalmente en un presunto fraude económico y asegura que las revisiones realizadas no han detectado daños clínicos derivados del material investigado.
Un cirujano investigado y cuentas bloqueadas
Entre los detenidos figura un cirujano cardiovascular vinculado al hospital Virgen de la Arrixaca, uno de los principales centros sanitarios de la Región de Murcia. La Policía sospecha que el médico pudo participar en intervenciones realizadas con material presuntamente irregular en centros concertados.
La investigación judicial también ha provocado la adopción de medidas cautelares sobre parte del patrimonio de los principales investigados. El juzgado instructor ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias, vehículos e inmuebles mientras avanza la instrucción del caso.
Los detenidos están siendo investigados por delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, pertenencia a organización criminal y posibles delitos contra la salud pública. La Policía no descarta nuevas detenciones ni ampliaciones de la causa a medida que se analice la documentación incautada durante los registros.
El caso ha provocado además un fuerte impacto político en la Región de Murcia. Los partidos de la oposición han reclamado explicaciones inmediatas al Gobierno autonómico y exigen aclarar durante cuánto tiempo pudieron mantenerse estas prácticas sin ser detectadas dentro del sistema sanitario público.
Mientras continúa la investigación, la Consejería de Salud insiste en que fue la propia administración regional la que llevó las irregularidades ante la Fiscalía tras detectar movimientos sospechosos en las auditorías internas. El Ejecutivo autonómico asegura además que intentará recuperar la totalidad del dinero presuntamente defraudado al Servicio Murciano de Salud.
