Mediapro estudia un cambio de nombre y una renovación total de su imagen corporativa. El objetivo: borrar décadas de una marca asociada a los juicios, las polémicas fiscales y el activismo político de sus fundadores, Jaume Roures y Tatxo Benet, para intentar salvar un grupo audiovisual que lucha contra la quiebra.
Según ha podido saber Crónica Global —en una información adelantada en exclusiva—, el nuevo consejero delegado, Carlos Núñez, y el presidente, Sergio Oslé, llevan semanas sopesando un ‘rebranding’ completo que podría incluir desde la tipografía hasta el nombre comercial. Fuentes cercanas a la dirección confirman que la iniciativa cuenta con el respaldo de los principales acreedores, aunque el plan no está cerrado.
El lastre de Roures y Tatxo: una herencia que espanta a los inversores
No es un secreto que los socios fundadores lastran cualquier operación de refinanciación. Varios fondos internacionales han condicionado su entrada a un borrado simbólico de la huella Roures. “Mediapro es un nombre sinónimo de problemas judiciales en los despachos de Londres y Nueva York”, explica un ex directivo que prefiere el anonimato. La rebautización se ha vuelto casi una exigencia.
El nuevo equipo confía en que un nombre distinto —que podría recuperar marcas históricas como Mediapark o apostar por un acrónimo novedoso— despierte menos resistencias. Pero la incógnita es si un cambio de piel será suficiente. La compañía genera más de 1.200 millones de euros anuales en facturación, pero arrastra una deuda que multiplica por cuatro su ebitda.
Sede en Barcelona: un arraigo forzoso que pocos esperaban
El segundo punto relevante del plan de Núñez y Oslé es la decisión de mantener la sede social en Cataluña. Tras el episodio del ‘procés’, muchas empresas trasladaron su domicilio fiscal fuera de la comunidad. Mediapro, en cambio, ha comunicado a sus acreedores que no moverá su sede a Madrid. La razón no es sentimental: la operativa diaria del grupo depende en un 70% de sus instalaciones en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, y deslocalizar supondría costes inasumibles.
El cambio de nombre esconderá las polémicas de Roures, pero los 1.000 millones de pasivo seguirán ahí.
Sin embargo, la lectura política existe. Mantener el domicilio en Barcelona, en plena negociación con Pimco y con el Gobierno central de fondo, se interpreta como un gesto de buena voluntad hacia el Govern y la Generalitat, que han mediado oficiosamente en la crisis del grupo. “El Govern quiere que Mediapro no cierre; es una de las pocas grandes audiovisuales que quedan aquí”, señalan fuentes del Palau.
Una cirugía estética insuficiente
El sector audiovisual mira con escepticismo la operación. Otros grupos que han intentado borrar su historial mediante un cambio de nombre, como Weinstein Company tras el escándalo de Harvey Weinstein, no lograron evitar el colapso. En el caso de Mediapro, la deuda de 1.000 millones de euros y la sombra alargada de Roures —que aún posee acciones y amenaza con una recompra— limitan el margen de maniobra.
Los acreedores, liderados por Pimco, exigen un plan de viabilidad creíble antes de cualquier inyección de capital. Cambiar el nombre es solo el primer paso. El verdadero desafío será renegociar los contratos con las ligas de fútbol internacionales y recuperar la confianza de los anunciantes, que han reducido un 30% su inversión en los últimos dos años.
Con la sede anclada en Barcelona y un futuro incierto, el grupo audiovisual catalán se juega la supervivencia. Como apuntó un directivo en privado: “No basta con pintar la fachada si el edificio se sigue hundiendo”.
