El Parlament asistió este jueves a una de las escenas más tensas de la legislatura cuando la portavoz de Vox, Mónica Lora, sugirió que la diputada de ERC Najat Driouech debería ser deportada por su origen y por defender posiciones que, a juicio de la ultraderecha, resultan incompatibles con el orden constitucional. La advertencia, lanzada en sede parlamentaria, ha sacudido el tablero político catalán y ha forzado un cierre de filas inusual entre fuerzas que habitualmente no comparten estrategia.
Driouech, nacida en Marruecos, nacionalizada española y diputada electa por la circunscripción de Barcelona, respondió desde su escaño con serenidad. Recordó que su acta proviene de las urnas y que su condición de musulmana no es debate parlamentario. La sesión continuó, pero el ruido se trasladó a los pasillos del Palau de manera inmediata.
Una línea que el resto del arco político considera cruzada
Lo que observamos en esta redacción es que la frase de Lora no es un exabrupto aislado. Vox lleva meses calibrando hasta dónde puede empujar el discurso identitario en Catalunya, una comunidad donde su implantación ha sido históricamente más débil que en otros territorios. La irrupción de Aliança Catalana por su flanco también identitario obliga al partido de Abascal a marcar perfil con gestos de mayor contundencia.
La reacción del resto de grupos fue prácticamente unánime. PSC, ERC, Comuns y CUP exigieron una rectificación inmediata y la retirada del Diari de Sessions de las expresiones más graves. Junts, que en otras ocasiones ha modulado su crítica a Vox por cálculo táctico, se sumó esta vez al rechazo con un comunicado firme. El PP catalán, en una posición incómoda, optó por desmarcarse del fondo del mensaje sin entrar en una condena explícita del partido que en otras autonomías sostiene gobiernos del centroderecha.
La presidenta del Parlament estudia, según fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción, la posibilidad de abrir expediente disciplinario al amparo del reglamento de la cámara. La decisión definitiva podría llegar en la próxima reunión de la Mesa.
Por qué este episodio importa más allá del Parlament
El movimiento de Vox tiene lectura interna y externa. Hacia dentro, busca recuperar visibilidad mediática perdida frente a Aliança Catalana, que en las últimas encuestas le come terreno entre el votante identitario más duro. Hacia fuera, fija un marco que el partido pretende exportar a otros parlamentos autonómicos y al Congreso, donde el debate migratorio volverá a la primera línea con la negociación presupuestaria.
La diputada Driouech, por su parte, se ha convertido en símbolo involuntario. ERC ha desplegado una operación de protección política y mediática que incluye el respaldo explícito de Oriol Junqueras y la coordinación con el grupo en el Congreso. Cabe recordar que Driouech no es una figura nueva: ha sido una voz crítica dentro del propio independentismo en cuestiones de pluralidad religiosa, y su trayectoria municipal en el Maresme la avala como cuadro consolidado.
El precedente más cercano lo encontramos en la pasada legislatura, cuando expresiones de tono similar contra cargos electos de origen migrante en la Asamblea de Madrid acabaron en los tribunales. Algunos de aquellos procedimientos siguen abiertos y pueden marcar la jurisprudencia que se aplique también aquí.
Lo que se ha dicho hoy en el Parlament no es un exceso retórico: es la prueba de que la frontera del discurso permitido en sede institucional sigue moviéndose, y conviene saber quién la mueve y con qué fin.
El Govern, a través de la Conselleria de Presidència, ha emitido una nota breve en la que defiende la dignidad de todos los diputados con independencia de su origen. La consellera evitó nombrar a Vox de manera directa, en una elección de palabras que algunos en ERC consideran tibia y que otros, en el PSC, ven prudente. La coreografía del Govern de Illa frente a la ultraderecha sigue siendo un frente abierto.
Qué esperar en las próximas semanas
El asunto no se cerrará con la sesión de hoy. La Mesa del Parlament tiene sobre la mesa una decisión incómoda: aplicar el reglamento con todo su peso o limitarse a una reprobación formal. Cualquiera de las dos opciones tendrá consecuencias políticas. Si se opta por la sanción dura, Vox capitalizará el victimismo en sus altavoces habituales. Si se opta por la mano blanda, el resto del arco parlamentario interpretará que el listón se ha rebajado.
En paralelo, la Fiscalía podría actuar de oficio si entiende que las palabras pronunciadas encajan en un tipo penal de incitación al odio. Fuentes jurídicas consultadas señalan que la línea entre libertad de expresión parlamentaria, protegida por la inviolabilidad del aforado, y delito de odio no siempre es nítida, y que cada caso depende del contexto exacto de las declaraciones.
La próxima semana, el pleno del Parlament tiene previsto debatir una proposición no de ley sobre convivencia y diversidad religiosa que, tras lo ocurrido, adquiere otra dimensión. Lo que iba a ser un trámite menor se convertirá en pulso simbólico. Y en política catalana, los pulsos simbólicos rara vez son menores.
