El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha logrado en las últimas horas lo que parecía imposible hace apenas una semana: encauzar unos presupuestos para 2026 que Esquerra Republicana amenazaba con tumbar. El acercamiento, confirmado por fuentes del Palau a esta redacción, se produce en plena crisis de gestión: una huelga de profesores que paraliza aulas en todo el territorio y la polémica por la infiltración de los Mossos d’Esquadra en asambleas sindicales.
El pacto en ciernes: cesiones millonarias y plazos ajustados
El Govern ha puesto sobre la mesa de ERC una partida adicional de 1.200 millones de euros para políticas de vivienda y enseñanza que, de aceptarse, desbloquearía la tramitación de las cuentas antes del verano. La oferta incluye un acelerón en la construcción de 3.000 pisos de alquiler social y un incremento del complemento autonómico para los docentes, justo cuando los sindicatos educativos mantienen paros parciales desde el 4 de mayo.
Según El País, la negociación ha pivotado sobre la figura de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha mediado directamente con los republicanos en tres reuniones en la sede de Via Laietana. No hay firma aún, pero la lectura en el Palau es de “optimismo contenido”.
El calendario aprieta. La fecha límite para presentar el proyecto de ley en el Parlament es el 15 de junio de 2026. El president necesita el apoyo de ERC para alcanzar la mayoría absoluta y evitar una prórroga presupuestaria que le dejaría sin margen político en el ecuador de la legislatura.
La huelga de profesores: cinco días de aulas cerradas
Mientras el Govern teje el pacto, las aulas catalanas viven la semana más tensa del curso. La huelga de profesores, convocada por CCOO y UGT, acumula ya cinco jornadas de seguimiento masivo —superior al 65 % según los organizadores— y ha obligado a cerrar más de 230 centros en Barcelona, Girona y Tarragona.
El conflicto no es nuevo: los docentes exigen la equiparación salarial con la media estatal y una reducción de ratios que la Generalitat lleva dos años postergando. La huelga se ha convertido en una patata caliente que Illa debe gestionar mientras ofrece a ERC dinero fresco para el sistema educativo. “Es un equilibrio endiablado”, admite un alto cargo del Departament d’Educació.
Mossos bajo la lupa: infiltraciones que agitan el Parlament
A las crisis laborales se suma un escándalo que ha devuelto la palabra “infiltración” a los titulares. Todo saltó el pasado fin de semana, cuando una investigación de un medio digital reveló que agentes de los Mossos d’Esquadra habían accedido a asambleas de sindicatos educativos con identidades falsas.
La noticia ha forzado una comparecencia urgente del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que ha negado cualquier operación de espionaje político. Sin embargo, fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com señalan que la CUP y los Comuns han pedido amparo al Síndic de Greuges y preparan una comisión de investigación en el Parlament.
El Govern encara la recta final del presupuesto con dos fuegos abiertos: la calle y la sombra de unas prácticas que recuerdan a la peor etapa del caso Pegasus.
Lo que está en juego no es menor. La mayoría de la investidura, sustentada en la alianza con ERC y los Comuns, se resiente cada día que la polémica de los Mossos no se zanja con transparencia. De hecho, el debate sobre la infiltración amenaza con reventar la foto de unidad que Illa quiere vender en Bruselas durante la visita a la Comisión Europea a finales de mayo.
En esta redacción observamos un patrón que ya vimos en 2024, cuando el anterior Govern de ERC trató de aprobar las cuentas con el PSC en la oposición: toda negociación presupuestaria en Cataluña acaba convertida en una partida de espejos donde los partidos miden su supervivencia electoral.
Ahora la diferencia es que Illa no es Aragonès y los republicanos saben que, si tumban los presupuestos, las culpas se reparten en un Parlament donde nadie quiere llegar a 2027 con el estigma del bloqueo. El president mueve ficha desde la sala de máquinas del Palau, consciente de que una prórroga presupuestaria lo dejaría sin capacidad de maniobra en plena negociación con el Gobierno central sobre la financiación singular.
Cosas del Govern. La factura de la gobernabilidad.
El desenlace llegará antes del pleno del Parlament previsto para el 5 de junio. Hasta entonces, cada gesto cuenta. Los Mossos d’Esquadra han anunciado una auditoría interna, los sindicatos mantendrán la presión en la calle y ERC medirá hasta el último milímetro de su cesión. Illa necesita que el Presupuesto salga antes del parón estival, o asumirá que el ecuador de su legislatura arranca sin oxígeno.
