Los policías nacionales han mostrado su «máximo respeto, apoyo y solidaridad con las familias, compañeros y allegados de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos este fin de semana en Huelva durante una persecución contra una narcolancha». Y defienden que «su muerte no fue fruto de un accidente casual ni de un infortunio laboral: fue consecuencia directa del cumplimiento del deber frente a organizaciones criminales extremadamente violentas».
Por ello, desde el sindicato Jupol de Policía Nacional «rechazamos frontalmente cualquier intento de calificar estos hechos como un simple “accidente laboral”. Esa terminología no solo resulta jurídicamente incorrecta, sino profundamente injusta para quienes arriesgan y pierden la vida defendiendo la seguridad de todos los españoles».
Explican además los policías que «el concepto de “accidente laboral” pertenece al ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, regulado en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, y está concebido para el tráfico mercantil y civil, donde el riesgo es accidental y debe ser eliminado mediante medidas preventivas. Sin embargo, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hablamos de una realidad completamente distinta: el “acto de servicio” pertenece al ámbito del Derecho Administrativo Especial y al régimen de Clases Pasivas, donde el riesgo forma parte inherente del propio deber profesional. Desde un punto de vista jurídico, administrativo y penal, lo sucedido en Huelva, al igual que ocurrió en Barbate, no puede considerarse un accidente laboral por varias razones fundamentales».
En primer lugar, resumen, «existe una clara intervención dolosa de terceros. En un accidente laboral convencional, el daño suele derivarse de un fallo de prevención o de un error fortuito. En este caso, los agentes fueron embestidos por una narcolancha cuyos ocupantes actuaron con absoluto desprecio por la vida humana, existiendo incluso un evidente animus necandi. Estamos ante un atentado criminal contra agentes de la autoridad, no ante un simple percance laboral».
En segundo lugar, el riesgo asumido por los agentes es específico y consustancial a la función policial. Los guardias civiles no “se accidentan” de manera fortuita; «son enviados por el Estado a intervenir en escenarios de extrema peligrosidad para proteger a la sociedad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que las lesiones o fallecimientos derivados directamente de esa singularidad funcional deben ser considerados actos de servicio», añaden.
Y, en tercer lugar, «no puede ignorarse la posible responsabilidad patrimonial de la Administración cuando los agentes son desplegados con medios claramente inferiores a los utilizados por las organizaciones criminales», defienden.
Desde Jupol creen que «si el Estado envía a servidores públicos a combatir narcolanchas en embarcaciones manifiestamente insuficientes, no estamos ante un accidente laboral, sino ante una gravísima falta de medios adecuados en un operativo de alto riesgo. Desde JUPOL advertimos además de las peligrosas consecuencias jurídicas y sociales que tendría normalizar este tipo de muertes bajo la etiqueta de “accidente laboral”».
Porque «aceptar esa terminología abre la puerta a debilitar los derechos de las familias de los agentes fallecidos, especialmente en lo relativo a las pensiones extraordinarias derivadas de actos de servicio, que cuentan con una protección específica dentro del régimen de Clases Pasivas», sostienen.
Además, «rebajar estos hechos a simples accidentes supondría un precedente inadmisible que permitiría cuestionar derechos consolidados de quienes dan la vida por España. Asimismo, esa calificación podría afectar al reconocimiento honorífico y profesional de los agentes fallecidos, ya que numerosas condecoraciones oficiales exigen expresamente que los hechos se produzcan en acto de servicio. Equiparar estas muertes a un accidente laboral ordinario supone banalizar el sacrificio extremo de quienes combaten el narcotráfico y el crimen organizado. Del mismo modo, utilizar lenguaje laboral genérico contribuye a diluir el carácter de profesión de riesgo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reforzando el discurso de quienes se niegan a reconocer jurídicamente esa realidad evidente», añaden desde Jupol.
Un guardia civil o un policía nacional no desempeñan una labor administrativa convencional: enfrentan diariamente amenazas reales contra su integridad física y su vida. Desde Jupol, «exigimos al Gobierno de España rigor institucional, respeto hacia nuestros compañeros caídos y un compromiso firme con la dotación de medios adecuados para combatir el narcotráfico. No se puede seguir enviando a los agentes a operaciones de altísimo riesgo en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas. La muerte de estos dos guardias civiles no fue un accidente laboral. Fue la consecuencia de servir a España enfrentándose cara a cara contra el crimen organizado. Y así debe ser reconocido jurídica, institucional y socialmente».
