La representación legal de tres imputados en el Caso David Sánchez, en concreto de Francisco Martos, alcalde de Castuera y Diputado de Cultura, Manuel Candalija, director del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional y Emilia Parejo, coordinadora de Igualdad de la Diputación de Badajoz, ha pedido que se aporte a la causa los vídeos del Comité Federal del PSOE de 1 de octubre de 2016.
Los cuatro vídeos, publicados en abril por el diario The Objective podría servir, según la defensa de estos tres funcionarios de la Diputación pacense, porque «tales documentos audiovisuales son del máximo interés probatorio e ilustrativo para esta causa, por cuanto en este proceso, al fin y al cabo, se dilucida sobre todo si don Pedro Sánchez fue la clave de bóveda, sujeto activo de presión e influyente en los delitos de tráfico de influencias de los que se acusa a quienes serán juzgados a partir del próximo 28 de mayo, en el proceso de creación y provisión del puesto de trabajo que obtuviera su hermano don David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz».
Según el abogado, en aquel comité «Pedro Sánchez Pérez-Castejón se vio obligado a presentar su dimisión, junto a toda su ejecutiva, como Secretario General de dicho Partido» y por tanto «bueno será ver en qué “influyente” condición estaba don Pedro por entonces y estos vídeos son un verdadero e irrefutable registro documental».
El abogado de los funcionarios pide que se practique esta prueba como cuestión previa al inicio del juicio, que supuestamente favorecería a sus representados, pero también, es indudable que al resto de acusados, entre ellos a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La defensa de los funcionarios anuncia además, en un escrito enviado al tribunal de la Audiencia Provincial que juzgará el caso, «que los propondremos como prueba en la vista oral que haya de celebrarse. Procede la admisión de este escrito y la incorporación al procedimiento de cuanto a él se adjunta, por cuanto que tales vídeos, pese a corresponder a hechos acaecidos el 1 de octubre de 2016, no se han hecho públicos hasta ahora, como se dice en el mismo medio de comunicación que los divulga (video 1) y tienen una incidencia directa para la comprobación de los hechos que han sido objeto (y fundamental) de los escritos de calificación, tanto de acusación como de defensa, lo que encaja procesal y plenamente en el artículo 729.2º de la LECRIM.
Y añade que «sin perjuicio de su propuesta en la misma vista, se aportan ahora para evitar cualquier resquicio de indefensión hacia las otras partes. Lo aportamos también para facilitar la cuestión logística al propio órgano de enjuiciamiento y por si, tras su admisión como prueba, se estimara asimismo necesaria o conveniente su visualización y escucha».
Juicio del Caso David Sánchez
El jueves 28 de mayo arrancará el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otros 10 funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las sesiones tendrán lugar el 28 y 29 de mayo y luego se reanudarán el 1, 2, 3 y 4 de junio a las 10 de la mañana. El primer acusado en responder a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y de los abogados de todas las partes será el propio David Sánchez, aunque no será el mismo día 28 porque se ha reservado esa jornada para algunas cuestiones previas.
En este caso será un tribunal profesional y no un jurado popular el encargado de dictar sentencia, por lo que no se perderá el primer día en la constitución de un jurado popular. La «culpa» la tiene el delito de prevaricación administrativa, expresamente excluido de los procedimientos de jurado popular.
El primero en la lista de interrogados será David Sánchez, pero tras él será el ex presidente de la Diputación y ex diputado autonómico socialista Miguel Ángel Gallardo, el encargado de dar respuestas a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y los abogados de todas las partes.
Las 7 acusaciones populares estarán representadas por otros tantos abogados. Además de que cada imputado tiene el suyo, excepto cinco funcionarios que comparten a dos abogados. Es decir, un total de 8 abogados para los 11 imputados. Por todo ello, está previsto que las sesiones para los interrogatorios se alarguen más de lo previsto.
También existe la posibilidad de que los acusados se nieguen a responder a algunas o todas de las partes personadas en este macroproceso, pues están en su derecho. Este hecho podría acortar notablemente las sesiones de juicio.
Tras Sánchez y Gallardo serán interrogados Francisco Martos, actual alcalde de Castuera y Diputado Delegado del Cultura y Deportes, Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud; Emilia Parejo, coordinadora en la Delegación de Igualdad, Félix González, Jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección; Cristina Núñez, concejala en Talavera La Real y ex Delegada en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social; Juana Cintas Calderón, concejala en el Ayuntamiento de Olivenza y Jefa de Recursos Humanos en la Diputación; Elisa Moriano, ex directora del área de Cultura; Luis María Carrero, jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y amigo personal deDavid Sánchez y Ricardo Cabezas, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.
