El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha decidido pisar el acelerador fiscal. Según ha adelantado Metrópoli Abierta, el primer edil propondrá en el pleno municipal adelantar a 2027 el tipo máximo de la tasa turística que hasta ahora estaba previsto aplicar de forma progresiva hasta 2029. El objetivo: gravar con más fuerza a los visitantes, y muy especialmente a los cruceristas de escala, una figura que el gobierno municipal considera infragravada.
La escalada fiscal: de los 4 a los 8 euros en un solo salto
La tasa turística catalana se compone de un tramo autonómico y de un recargo municipal. En Barcelona, ese recargo está hoy en un máximo de 4 euros por persona y noche. La normativa aprobada por la Generalitat en 2025 abrió la puerta a que los ayuntamientos pudieran elevarlo hasta los 8 euros, pero fijó un calendario gradual: un primer incremento a 6 euros en 2028 y el máximo en 2029. Lo que plantea ahora Collboni es saltarse ese escalón intermedio y situar el gravamen directamente en 8 euros el año que viene.
La medida, que deberá ser refrendada por el pleno del Ajuntament de Barcelona, necesita el visto bueno de la Generalitat, porque la ley prevé excepciones si el consistorio justifica una necesidad imperiosa de financiación. Fuentes municipales consultadas por esta redacción apuntan a que el alcalde busca blindar los ingresos por turismo antes de que arranque el debate de los presupuestos municipales de 2028, el último ejercicio completo de su mandato.
Cruceristas, el colectivo más expuesto
El cambio de reglas afectará sobre todo a los cruceristas de escala, aquellos que llegan a Barcelona por unas horas y no pernoctan. Hasta ahora abonaban una cantidad fija diaria muy inferior a la de un turista de hotel: 6,25 euros al día frente a los 8 euros por noche que pagará un visitante convencional si se aplica el máximo. Con la nueva propuesta, la diferencia se ampliaría, y desde el Ajuntament admiten que es la forma más directa de hacer pagar a quien menos gasto deja en la ciudad.
Los datos avalan el argumento municipal. Mayo de 2026 se ha convertido en un mes de récords: están previstas 115 escalas de cruceros y 34 congresos que moverán a más de 90.000 delegados, según cifras que maneja el consistorio. La saturación en el Port Vell y el paseo de Colón es recurrente, y los vecinos llevan años quejándose del impacto de las visitas exprés. El adelanto de la tasa es también un guiño a las asociaciones vecinales.
El mensaje es inequívoco: Barcelona ya no busca más turistas, sino turistas que gasten más y congestionen menos.
La jugada política de Collboni a un año de las urnas
La lectura política no es menor. 2027 es año de elecciones municipales y Collboni gobierna en minoría con el apoyo puntual de ERC y los Comuns. La medida le permite marcar perfil propio frente a las críticas de la oposición, que le acusa de tibieza en la contención turística, y al mismo tiempo muestra sintonía con el Govern de Salvador Illa, también del PSC, que ya ha bendecido la vía del impuesto turístico como fuente de ingresos estables.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de fricciones. La patronal hotelera y el sector de los cruceros ya han advertido de que una subida tan brusca en 2027 puede desviar escalas a otros puertos del Mediterráneo, como Valencia o Civitavecchia. El Port de Barcelona, que depende del Ministerio de Transportes, observa con recelo cualquier movimiento que pueda reducir el tráfico de buques, porque su concesión incluye objetivos de actividad. Esto introduce una arista con el Gobierno central que Collboni tendrá que gestionar con cuidado, sobre todo en un año en el que las relaciones entre Moncloa y el Palau de la Generalitat pasan por un momento de calma tensa por la negociación presupuestaria.
El alcalde, no obstante, parece dispuesto a asumir el riesgo. En su equipo confían en que la recaudación adicional —que podría rozar los 100 millones de euros— financie políticas de vivienda y movilidad, las dos grandes banderas del mandato. A cambio, deberá explicar por qué el turismo de alto gasto, el de los congresos, no se resiente.
La decisión definitiva se tomará en el pleno de julio. Hasta entonces, la presión de los lobbies turísticos se intensificará. Pero por primera vez en años, el discurso de la tasa turística no es solo un debate sobre cuánto paga el visitante, sino sobre qué tipo de visitante quiere Barcelona.
