La representación legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, intenta paralizar el procedimiento de juicio por jurado popular que ha incoado el juez de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra ella por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de fondos. Su abogado sostiene que todavía están pendiente de resolverse dos recursos presentados ante la Audiencia Provincial contra la decisión del instructor. El escrito ha sido presentado después de que el juez Peinado solicitase los escritos de defensa a los tres imputados: Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Explica el abogado de Begoña Gómez que «la solicitud de suspensión que se formula tiene su razón de ser en una elemental exigencia de congruencia y seguridad procesales: resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance —requiriendo a las partes acusadas la formulación de sus escritos de defensa y, en definitiva, encaminándose hacia la celebración del juicio oral— cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento».
La defensa de la esposa del presidente del Gobierno razona en su escrito que «ambas resoluciones, por tanto, constituyen presupuestos procesales esenciales y fundantes de toda la tramitación subsiguiente. Si dichos autos fueran revocados por la Audiencia Provincial al resolver los recursos pendientes, toda la tramitación practicada con posterioridad —incluyendo los escritos de acusación y defensa ya formulados, los debates ante el Magistrado-Presidente y la eventual constitución del Jurado— quedaría afectada de una irregularidad procesal susceptible de generar la nulidad de las actuaciones».
Y añade el letrado que «en el momento de presentación del presente escrito, aún no han finalizado las diligencias que han sido acordadas por el mismo instructor. En concreto falta el resultado de al menos cuatro, informes que han sido pedidos a la UCO de la Guardia civil y la declaración testifical prevista para el día 12 de mayo».
Los recursos de Begoña Gómez
También esgrime el abogado que ambas resoluciones, que no han llegado todavía, «constituyen presupuestos procesales esenciales y fundantes de toda la tramitación subsiguiente. Si dichos autos fueran revocados por la Audiencia Provincial al resolver los recursos pendientes, toda la tramitación practicada con posterioridad -incluyendo los escritos de acusación y defensa ya formulados, los debates ante el Magistrado-Presidente y la eventual constitución del Jurado- quedaría afectada de una irregularidad procesal susceptible de generar la nulidad de las actuaciones».
Por tanto, Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, pide al juzgado que acuerde «la suspensión del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso -incluyendo el plazo concedido para la formulación del escrito de defensa-, hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y queja interpuestos contra el Auto de Incoación del Procedimiento del Tribunal del Jurado y contra el Auto de Continuación del artículo 26 de la LOTJ».
Y luego, una vez resuelta por la Audiencia Provincial la totalidad de los recursos pendientes, «se acuerde la reanudación del procedimiento, confiriéndose a esta parte nuevo plazo para la formulación del escrito de defensa, en caso de que las resoluciones de la Audiencia Provincial confirmen la competencia del Tribunal del Jurado y la subsistencia del procedimiento especial».
Hay que recordar que el pasado mes de abril el juez Peinado daba por concluida su investigación contra Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El delito de intrusismo profesional quedaba sobreseído por lo que los delitos iniciales se redujeron de 5 a 4.
El juez también pidió que se requiriera a la empresa Lefebvre-El Derecho S.A., para que aportase las facturas de los servicios prestados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Asimismo, Peinado admitió la propuesta de la defensa de Gómez consistente en tres informes periciales: uno sobre la inexistencia de perjuicio a la UCM (realizado por D. Jesús Rodríguez Márquez), otro sobre el régimen de Cátedras extraordinarias (realizado por D. Manuel López Hernández) y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los cónyuges de los Presidentes del Gobierno (realizado por D. Julio González García).
