El Gobierno de Pedro Sánchez ha obligado a las comunidades autónomas a implementar un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la práctica del aborto. Una imposición desde el Gobierno que afecta también a la Comunidad de Madrid, y que la asociación Hazte Oír rechaza frontalmente presentando alegaciones formales ante la administración autonómica.
Este registro, diseñado desde el Ejecutivo central, obliga a los médicos a declarar públicamente su negativa a practicar abortos, «vulnerando sus derechos fundamentales y creando un fichero ideológico de profesionales sanitarios que consideramos inconstitucional y discriminatorio», explican desde Hazte Oír.
La asociación propone a la Comunidad de Madrid «que ejerza su autonomía y dé la vuelta al planteamiento del Gobierno central. En lugar de forzar a los médicos a declarar que no quieren abortar, crear un listado voluntario de quienes sí están dispuestos a hacerlo. Una solución más justa, más eficaz y respetuosa con los derechos de todos».
Además, alegan desde la asociación, que la Comunidad de Madrid «tiene margen para aplicar esta medida de forma que proteja a sus profesionales sanitarios de la persecución ideológica que impulsa Sánchez. Desde Hazte Oír les instamos a hacerlo. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la familia y la libertad, y con la protección de todos los profesionales que se niegan a participar en la interrupción de vidas humanas».
Las causas para oponerse a este registro son varias:
- Resulta contrario a la Constitución Española, singularmente a los artículos 16 y 18.
- Es incompatible con el Derecho de la Unión Europea y con los compromisos internacionales del Reino de España en materia de derechos humanos.
- Vulnera la normativa europea y nacional sobre protección de datos personales, al tratar categorías especiales sin necesidad ni proporcionalidad.
- Es organizativamente innecesario y manifiestamente desproporcionado a la luz de los datos sanitarios oficiales.
- Genera, por su propia naturaleza, un riesgo cierto de discriminación, estigmatización y represalia profesional.
- «Para el solo caso de que la Comunidad de Madrid se viese forzada por mandato judicial firme a establecer algún mecanismo registral con finalidad organizativa, esta parte propone, con carácter alternativo, que se configure un Registro de Profesionales Sanitarios dispuestos voluntariamente a practicar la interrupción voluntaria del embarazo, solución más respetuosa con los derechos fundamentales en juego y, además, infinitamente más eficaz desde el punto de vista de la planificación sanitaria, como se razonará», concluyen desde Hazte Oír.
