ERC ha rebajado esta semana el precio político que pone a la estabilidad del Govern. Las exigencias fiscales que hasta hace unos días parecían innegociables —una subida inmediata de impuestos a las rentas altas y un blindaje explícito de la financiación singular— se han matizado y, según fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, la cúpula republicana maneja un calendario en el que los presupuestos de la Generalitat para 2026 podrían recibir el visto bueno definitivo a lo largo de junio.
El giro no es menor. Hace apenas dos semanas, la dirección de ERC condicionaba cualquier apoyo al Govern de Salvador Illa a una reforma fiscal de calado, que debía incluir la eliminación de la bonificación del impuesto de patrimonio para patrimonios superiores a los 500.000 euros y la creación de un nuevo tramo en el IRPF. Ahora, la formación que lidera Oriol Junqueras acepta negociar los presupuestos sin que esas medidas estén aprobadas, siempre que el PSC se comprometa a tramitarlas antes de que acabe el año.
La huelga de docentes de la semana pasada ha acelerado una urgencia que en Palau ya tenían clara: sin cuentas actualizadas, las mejoras salariales prometidas al profesorado no se materializarán hasta 2027. Y eso, en año preelectoral —las municipales son en mayo de 2027—, es un riesgo que ningún partido quiere correr.
Qué ha cambiado en la posición de ERC
El documento interno que el partido ha trasladado al presidente de la Generalitat, según ha adelantado El Economista, introduce tres matices que marcan la diferencia. Primero, ERC ya no exige que las modificaciones fiscales figuren en el articulado presupuestario; basta con un pacto político que las fije para el segundo semestre de 2026. Segundo, la financiación singular se abordará en una mesa técnica conjunta con el Gobierno central a partir de septiembre, sin necesidad de un acuerdo previo de mínimos. Y tercero, el techo de gasto se votaría de forma separada de la ley de presupuestos, permitiendo al PSC avanzar en la negociación sin hipotecar toda la tramitación a un solo bloque.
La lectura que hacen en el entorno de Illa es clara: ERC ha abaratado el coste de su apoyo porque necesita que el Govern funcione. “No pueden permitirse un bloqueo prolongado que acabe en prórroga técnica de las cuentas de 2025”, explica una fuente del PSC. Los republicanos, añade, “se juegan la credibilidad de su giro pragmático”.
Sin embargo, la maniobra no es gratuita. Los sectores más soberanistas de ERC miran con recelo cualquier cesión que se parezca a una rendición. La portavoz en el Parlament, Marta Vilalta, ha tenido que conjugar la satisfacción por el avance con la necesidad de no perder el músculo reivindicativo: “No estamos renunciando a nada, estamos haciendo posible que Cataluña tenga presupuestos”.
Illa, junio y la huida hacia adelante
El calendario que baraja el Govern es ambicioso pero factible. Si las conversaciones con los comunes y con la CUP no entorpecen un acuerdo que se cocina sobre todo entre socialistas y republicanos, la consellera de Economía, Alícia Romero, podría presentar el proyecto de presupuestos en el Consell Executiu de la primera semana de junio. Después llegaría el debate parlamentario, que la mesa de la cámara confía en resolver antes del receso del 15 de julio.
“Ver el acuerdo en junio es más un deseo que una certeza, pero por primera vez en meses el esqueleto de los números está sobre la mesa”, reconoce un alto cargo del Departament d’Economia. Para Illa, que ha evitado hasta ahora cualquier roce frontal con ERC, la validación de las cuentas sería la confirmación de que su legislatura no será la de un president interino.
A eso se suma un factor que en Moncloa observan con atención: unos presupuestos catalanes aprobados facilitarían la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, previstos para octubre. Si Illa logra tejer una mayoría estable en Cataluña, el Gobierno de España gana un argumento de estabilidad territorial que ningún socio puede ignorar.
Lo que hace dos semanas era una línea roja fiscal es hoy un calendario con margen. ERC necesita al Govern y lo sabe.
El precedente más cercano de esta coreografía presupuestaria está en los presupuestos de 2024, cuando Pere Aragonès logró aprobar las cuentas con el apoyo de los socialistas a cambio de un acuerdo de financiación que nunca llegó a materializarse del todo. Ahora, la diferencia es que ERC está en la oposición, pero con la llave de la investidura en el bolsillo. Eso cambia la presión: no gobiernan, pero pueden hacer caer al Govern si no les convence.
Por qué la huelga docente ha sido el detonante real
El paro de los profesores ha convertido la urgencia presupuestaria en una demanda transversal. Ayuntamientos, sindicatos y familias han coincidido en que los problemas de financiación educativa ya no admiten más aplazamientos. El Departament d’Educació ha presupuestado en 680 millones de euros el coste de las mejoras salariales pendientes, pero sin presupuestos aprobados ese dinero no puede ejecutarse. 680 millones de euros que, de otro modo, se perderían en el limbo de un capítulo dos sin autorización.
El impacto en el día a día de los centros ha sido la chispa que ha forzado a ERC a mover ficha. La consellera Esther Niubó había enviado señales a los sindicatos de que las mejoras llegarían en 2026, pero nunca concretó cómo. Ahora, con los presupuestos al alcance, Illa puede utilizar esa promesa como munición política. Y lo hará.
La intrahistoria de estas semanas revela que Junts, con un discurso más beligerante hacia el PSC, ha quedado momentáneamente fuera de foco. En Waterloo siguen insistiendo en que sin un referéndum de autodeterminación no apoyarán ninguna cuenta, pero en ERC creen que ese maximalismo les beneficia: “Cuanto más se enroca Junts, más margen tenemos nosotros para aparecer como los que hacen posible el Govern”, resume un diputado republicano.
Lo que observamos en esta redacción es que la legislatura catalana, aparentemente frágil, empieza a consolidarse mediante acuerdos que no gustan a nadie pero que todos necesitan. Junio dictará sentencia.
