El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido plantar cara al anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha anunciado este martes la presentación de alegaciones contra un texto que, en su opinión, supone «un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas en el Gobierno de Sánchez».
La maniobra madrileña se conoce apenas unas horas después de que el Consejo de Gobierno regional diera luz verde a la impugnación formal del proyecto de ley. García ha centrado sus críticas en dos ejes: la supresión de la escritura pública notarial como filtro preventivo en las operaciones societarias y la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública que, según él, quedaría bajo el control directo de Moncloa.
Por qué Ayuso habla de «salvoconducto» y qué pinta el notario
La ley que prepara el Gobierno central modifica hasta 18 normas —seis de ellas orgánicas— para reforzar la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Sin embargo, el Ejecutivo madrileño ha puesto el foco en un cambio concreto: la sustitución de la escritura pública que refleja la estructura de propiedad de una empresa por un simple documento electrónico privado.
«Desmantela un sistema de prevención reconocido internacionalmente», denunció García ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno. Los notarios, según el portavoz, no solo dan fe pública: a través del Registro de Titularidades Reales permiten saber quién controla realmente cada sociedad, una herramienta que la UCO, la UDEF y los fiscales utilizan para seguir el rastro del blanqueo de capitales y el fraude.
En el comunicado oficial que la Comunidad de Madrid ha colgado en su web esta misma mañana, se insiste en que la medida «suprimiría de un plumazo» una barrera clave. No es una crítica aislada: la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal ya habían alertado, según el Gobierno de Ayuso, sobre los riesgos de reducir los controles notariales precisamente cuando se habla de reforzar la integridad.
Una Agencia «independiente» que el PP madrileño no se cree
El segundo gran caballo de batalla es la Agencia de Integridad Pública que la ley quiere poner en marcha. El texto la califica de «independiente», pero para el portavoz de la Puerta del Sol «funcionaría como un apéndice más del Palacio de La Moncloa, colonizada por un comisario sanchista».
La desconfianza de la Comunidad de Madrid se ancla en precedentes que el mismo García citó de forma genérica, aludiendo a «otros órganos e instituciones» que, a su juicio, han perdido autonomía en los últimos años. La lectura del Gobierno autonómico es diáfana: Sánchez estaría «desmantelando la arquitectura institucional y los contrapesos que la Constitución consagra», en palabras del portavoz regional.
Madrid interpreta la nueva norma como un intento de blindar al partido que gobierna en Moncloa, no de combatir la corrupción.
El precedente que explica el recelo de la Puerta del Sol
Quienes siguen la política madrileña reconocerán el patrón. No es la primera vez que el Gobierno de Ayuso carga contra una norma estatal acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de colonizar las instituciones. Ya ocurrió con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, con la ley del «solo sí es sí» o, más recientemente, con las tensiones por el control de Cercanías y la financiación autonómica.
En esta ocasión, el foco se ha puesto sobre la función notarial. Y ahí Madrid no está sola. El rechazo que menciona García incluye a los propios colegios de notarios y registradores, que ven amenazada una función que, desde la creación del Registro de Titularidades Reales en España, ha sido señalada como referente por organismos internacionales. De hecho, otros gobiernos autonómicos con baronías del PP podrían sumarse a las alegaciones en los próximos días, según fuentes consultadas por Merca2.es.
La batalla, por tanto, se libra más allá del debate técnico sobre documentos electrónicos. Es un pulso político en toda regla. Y aunque el anteproyecto aún tiene que pasar por el Congreso, las alegaciones madrileñas marcan ya la posición de un PP que, desde la oposición y desde los territorios que gobierna, pretende erigirse en guardián de los contrapesos institucionales.
Eso sí, el recorrido parlamentario será largo: el texto necesita aún los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial antes de llegar a la Cámara baja. Hasta entonces, los notarios, los jueces y los partidos tendrán tiempo de seguir haciendo oír su voz. En esta redacción, observamos que la coalición de críticas está lejos de disiparse.
